Condoleezza Rice aprobó las torturas en los interrogatorios en el verano de 2002

Condoleezza Rice aprobó las torturas en los interrogatorios en el verano de 2002

PEDRO RODRÍGUEZ | WASHINGTON
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A pesar de los esfuerzos de la Administración Obama para pasar página, el escándalo de las torturas autorizadas a la CIA después del 11-S siguió ayer tomando impulso con multiplicadas ramificaciones en la cúpula del anterior gobierno de Estados Unidos. De acuerdo a una cronología preparada por el Comité de Inteligencia del Senado y divulgada por el Departamento de Justicia, altos cargos como Condoleezza Rice empezaron a dar luz verde a estos interrogatorios coercitivos en el verano del año 2002.

Entre las técnicas autorizadas para su aplicación en prisiones secretas de la CIA contra extranjeros sospechosos de terrorismo se encontraría la simulación de ahogamientos («waterboarding»). Práctica que el actual fiscal general, Erick Holder, ha descrito como un delito de torturas. Hasta el punto de recordar procesamientos contra militares de Estados Unidos por practicar abusos similares durante la guerra de Vietnam.

Consejera de Seguridad

De acuerdo a la cronología divulgada por el Departamento de Justicia, Condoleezza Rice habría dado un impulso decisivo a los interrogatorios coercitivos al reunirse con el director de la CIA, George Tenet, el 17 de julio de 2002. En esa fecha, la entonces consejera de Seguridad Nacional de Bush habría indicado que «la CIA podía proceder con el interrogatorio propuesto» de su primer detenido de alto valor: Abu Zubaida.

Ese cabecilla de Al Qaida fue capturado en Pakistán en marzo de 2002 y transferido a la custodia de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La Agencia Central de Inteligencia estaba convencida de que Zubaida ocultaba «información sobre amenazas inminentes». En mayo de 2002, la cúpula de la Administración Bush habría empezado a contemplar «métodos de interrogatorio alternativos», incluida la simulación de ahogamientos.

Un año después, la CIA informó detalladamente sobre el uso de esos métodos al vicepresidente Cheney, al fiscal general John Ashcroft, a Alberto Gonzales (entonces letrado jefe de la Casa Blanca) y a John Bellinger (asesor jurídico del consejo de Seguridad Nacional). El grupo no habría tenido reparos en reafirmar que las atribuciones de la CIA eran perfectamente legales.

Powell y Rumsfeld

La cronología también indica que el secretario de Estado, Colin Powell, y el titular de Defensa, Donald Rumsfeld, no fueron informados de estas actividades hasta septiembre de 2003. Sin embargo, un año antes, sí que se habrían ofrecido detalles a cuatro altos cargos del Congreso, incluida la diputada demócrata Nancy Pelosi, ahora presidenta de la Cámara Baja.

Todos estos detalles están multiplicando la presión para que por lo menos el Congreso de Estados Unidos organice una investigación oficial o «comisión de la verdad», más allá de la pesquisa que está realizando el Comité de Inteligencia de la Cámara Alta. Mientras, la Casa Blanca reitera que corresponde al Departamento de Justicia perseguir potenciales delitos.

Con todo, especialistas en derecho insisten en las pocas probabilidades de llegar a procesamientos de altos cargos o incluso a castigos menores, como retirar la colegiatura a los abogados que intentaron legalizar las torturas de la CIA. Según estas advertencias, no existen ni precedentes ni facilidad para castigar a letrados del Gobierno por sus argumentos jurídicos. Además de todo el guirigay partidista. Como indicó Karl Rove, «gurú» electoral de los republicanos, la Administración se arriesga a parecerse a «un régimen del Tercer Mundo donde la junta entrante de coroneles organiza juicios sumarios contra sus predecesores por diferencias de gobierno».