«No queremos parir más hijos para la guerra»

Aurelio denuncia el incremento de las minas anti-personales y los efectos nocivos de las fumigaciones masivas de los cultivos ilícitos. Leyner, que perdió a su familia en la masacre de Bojayá (119 civiles muertos), la peor de las FARC en el marco de los enfrentamientos con los paramilitares por el control de la zona en 2002, pone rostro a los habitantes de la región más desfavorecida de Colombia, el Chocó, con un 70% de población por debajo del umbral de la pobreza . Y ella, Virgelina, es la que más alza la voz. Ha sido amenazada de muerte cinco veces, y obligada a desplazarse más de una, de dos, de tres o de cinco. Trabaja con mujeres víctimas del desplazamiento, familiares de desaparecidos y quienes han tenido que ejercer la prostitución, en un conflicto también marcado por los abusos sexuales y la esclavización. « Las mujeres parimos a los hombres que van a la guerra , tanto al policía como al guerrillero o el paramilitar. Ponemos los muertos. Y decimos no a querer parir más hijos ni hijas para la guerra», exclama.

—¿Por qué se consideran víctimas de la violencia en Colombia?

Leyner Palacios: Yo soy Leyner Palacios, del departamento de Chocó. He sido víctima del conflicto armado porque lo he vivido en la violación de derechos en Bojayá, donde me tocó ver cómo los paramilitares mataban a amigos y familiares. Me tocó recoger los cuerpos calcinados, ver los enfrentamientos entre las FARC y paramilitares, incluso con las fuerzas militares. En la confrontación entre paramilitares y FARC de 2 de mayo de 2002 en Bojayá perdí 32 personas cercanas, primos, sobrinos, amigos. La familia para el negro y gente del Chocó es familia extensa, no solo papá y mamá.

Aurelio Jumí: Yo soy víctima por los conflictos armados porque nosotros, pueblos indígenas Embera, vivimos siempre en la zona montañosas. Por esa razón el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez creó en sus ocho años en el poder el paramilitarismo. Fue muy muy contra nosotros. Dio fuerzas y apoyó a crear grupos paramilitares para destruir a los indígenas, negros, campesinos, y que se desplazaran o para que dejaran abandonado todo el territorio porque tenía intereses en la explotación de minerales. Uribe tenía relaciones con gente de multinacionales. Además, las FARC han dejado en nuestro territorio minas antipersona. Ahora lo que quieren las comunidades Embera es tener garantías para retornar sin riesgos para nuestras vidas. Una vez me cogieron, me golpearon, pero gracias a Dios no llegó mi muerte. Me soltaron. Ha habido enfrentamientos de todo tipo. Han muerto niños, mujeres y hombres, muchos heridos también entre las FARC y los paramilitares. Esa violencia nos ha obligado a desplazarnos masivamente.

—¿Quiénes le agredieron?

Aurelio: Los paramilitares, los paramilitares.

—¿Y usted, Virgelina?

Virgelina Chará : Genéticamente soy víctima de la trata transatlántica que se generó del hecho más inhumano con la comunidad negra afrodescendiente y de ahí vienen esas secuencias y secuelas. Yo nací en el departamento del Cauca, en el norte del valle, y empezamos a conocer el tema de la victimización con la constitución de la represa de Salvajina (la construcción se terminó en 1985) que dejó 6.600 familias despojadas de sus bienes, 350 muertos y 50 desaparecidos. De los 350 asesinados, 25 eran de mi familia. En el momento en que empezamos a denunciar, nos declararon objetivo militar. Luego llegué a la ciudad de Cali y empecé a trabajar comunitariamente. Fui testigo del asesinato, detenciones y desaparición de compañeros. En los ochenta fuimos detenidos y nos iban a desaparecer. Pero lo evitamos.

—¿Quiénes les iban a hacer desaparecer?

Virgelina: El GOE (Grupo de Operaciones Especiales), la Fiscalía, Policía, todo lo que tenía que ver con fuerzas de inteligencia del Gobierno. A principios de los 2000 mis hijos fueron reclutados por el ejército para los paramilitares en plena campaña de Uribe en ese momento a la presidencia. De mi organización desaparecieron 40 jóvenes. Denunciamos la entrada de mis hijos en los grupos paramilitares y eso nos generó el desplazamiento. Yo salí de Cali el 21 de febrero de 2003 y el 22 entró el Ejército. Al no encontrarnos, esa noche asesinaron a 27 personas de la cuadra y a todos los líderes que se reunían con nosotros de la junta. Luego en 2005 soy secuestrada en Bogotá, estuve metida en un carro durante seis horas. Mi familia no lo sabía y luego en el 2005 fui golpeada en Candelaria. Todo era porque yo estaba denunciando el tema del paramilitarismo y concienciando de que no fueran parte de los grupos. Una nieta mía fue secuestrada y abusada, la otra nieta también, la hija de mi hija que falleció también fue secuestrada y abusada el año pasado; todo sucedió el año pasado. Y el niño de 11 años también me lo están reclutando las bandas para meterlos al Bronx (un sector de alta peligrosidad y criminalidad en la ciudad de Bogotá) para que les cargaran las armas. La institucionalidad te ataca, quiere silenciarte pero, mientras viva, no podrá. Eso forma parte del proceso y me considero víctima de las políticas del Estado y víctima de una institucionalidad que no respeta el derecho a la vida, el más importante de Colombia.

—La violencia sexual y la prostitución han estado muy presente estos años...

Virgelina: Más bien hay que hablar del papel que han jugado los agresores a la hora de incluir a las mujeres en la prostitución. Tenemos unos casos que fueron muy aberrantes en los Montes de María (subregión del Caribe colombiano), donde muchas mujeres fueron empaladas y abusadas por «Jorge 40» (ex jefe paramilitar Jorge Tovar Pupo), vinculado a toda la parte de la guerrilla con los abusos sexuales y maltratos como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Y, por ejemplo, los casos de abusos sexuales de los paramilitares a las niñas de entre 9 y 17 años desaparecidas para ser esclavizadas sexualmente en el Bronx.

—¿Notan ya cambios desde la aprobación de los nuevos acuerdos?

Virgelina: Todavía no se van a ver resultados. Póngale 20 años para que se vean. Pasará cuando se empiece a desmontar esa estructura maléfica que se tiene en el uso del cuerpo de las mujeres, así como de costumbres de las comunidades. Hablamos del desarme total de la guerrilla para que se desmonte también el paramilitarismo. Por ahora los resultados son terribles, tenemos amenazas, desapariciones, asesinatos por el hecho de que están sueltos y asustados. Entonces no saben qué van a hacer. Temen que se hable y se diga la verdad..

Aurelio: Por ahorita no sentimos mejoras porque después de que las FARC hayan abandonado nuestra zona, otros grupos armados han ocupado su sitio en nuestro territorio. Ya están haciendo reuniones diciendo que van a matar a quienes hayan estado con la guerrilla. Los campesinos tienen mucho temor. No hay garantías.

Leyner: En Chocó hemos tenido una particularidad: la guerra ha sido sistemática y contínua. Eso sí, desde hace dos años la intensidad del conflicto armado disminuye y disminuye. La guerrilla, los paramilitares e incluso la misma fuerza pública se enfrentan menos, aunque están en el territorio. Hace cinco años nadie podía hablar casi de víctimas, ahora podemos participar y alzar la voz más con menos temor de caer victimizados. Las comunidades han venido ganando confianza con la disminución de la confrontación bélica. Eso también favorece la movilidad en el territorio. Creo que lo más delicado del proceso es la percepción de: «El Estado no hace, no cumple». Ahora empieza a calar la desesperanza: qué va a pasar con los derechos de educación y en general con los derechos civiles de la población. Para eso se necesita un gran esfuerzo del estado. Antes de venir para acá leímos la declaración del Gobierno de España con la paz y nos pareció muy buena declaración, no se fijó en la negociación como tal sino en el campo de la implementación, me parece que puede ser una luz de esperanza.

—¿Qué peligros puede traer la desesperanza?

Leyner: Se pueden generar nuevas violencias y surgir nuevos actores armados. Recordemos que una de las causas del conflicto armado fue la negación de derechos a las comunidades, por eso mucha gente acudió a la violencia. Si no se garantiza eso, estamos expuestos a que el proceso fracase porque mucha gente que está sumida en el abandono va a buscar una alternativa. También pueden acudir a economías ilegales, cultivo de uso ilícito, situaciones de minería ilegal.

—El líder negociador del Gobierno de Colombia con las FARC, Humberto de la Calle, dice que son las mujeres quienes liderarán la reconciliación. ¿Están de acuerdo?

Virgelina: Las mujeres antes y después del proceso hemos jugado un papel muy importante en la construcción de la paz. En el proceso de los acuerdos de La Habana el papel importante lo juegan las mujeres desmovilizadas. Nosotras en el movimiento de mujeres hacia afuera seguimos instando para que este proceso siga. Se pueden apoyar a estas mujeres en el tema del desarme. Si hay algo que nosotras podemos notar es que fuimos las mujeres las que más insistimos a las FARC como al Gobierno para que se sentaran a dialogar. Vamos a estar exigiendo ese cumplimiento hasta llegar a lo último de lo último: la restauración de los derechos, de los y las guerrilleras que dejaron las armas, que tienen que ver restaurados sus derechos en totalidad para que no se repitan.

Leyner: Si hay un sector de la sociedad colombiana que ha sufrido en el conflicto armado, ese es el de la mujer. Porque perdieron a sus hijos, porque parieron hijos para la guerra, porque siguen pariendo, porque siguen siendo víctima de los actores armados. Si hay voces autorizadas en construcción de paz son ellas. Tienen pleno conocimiento de lo que ha pasado. Hay gente que ha construido de la experiencia, quien ha criado a los hijos, los buenos valores desde la familia casa, de los hogares… En la guerra han sido obligadas y sometidas al conflicto. De esa experiencia tienen mucho que aportar y, sin duda, lo van a hacer.