Colombia se lanza a votar en unas presidenciales marcadas por la polarización

Hasta el pasado viernes en la noche, mientras la logística de la Registraduría Nacional se ocupaba de poner mesas, urnas y toda la parafernalia de los 102.152 puestos de votación en el país –en el exterior fueron habilitadas 1.372 mesas en 203 puestos de votación en 67 países-, tres de los cuatro candidatos con opción se enfrascaban en otro debate televisivo en horario triple A, con la esperanza de atrapar a los indecisos que hoy puedan darles mejores posibilidades de llevarse la presidencia. El candidato de izquierda calcula ganarla en esta primera vuelta, lo cual sería un triunfo histórico, mientras Federico Gutiérrez, el candidato de la derecha , aspiran a obtener uno de los dos pases para la segunda vuelta del 19 de junio.

El 'voto-finish' del día correrá por cuenta de Gutiérrez y de Rodolfo Hernández, el 'outsider' que promete acabar con la corrupción y presenta propuestas populistas que encantan a miles de colombianos descorazonados y hastiados de la clase política tradicional. Aunque en 2018, con el triunfo de Iván Duque y el regreso en forma del uribismo al poder, se pronosticó que si hacía un mal gobierno le entregaría en bandeja de plata la presidencia a su contendor Gustavo Petro , nadie alcanzaba a imaginar la dimensión que adquiriría ese vaticinio, ni mucho menos los temores o la determinación de los colombianos por obtener un cambio.

El país de entonces lejos está de ser el mismo. Las protestas sociales de 2019 y 2020, con un inusitado protagonismo de los jóvenes y de los excesos de la fuerza pública ante hechos de vandalismo y muchos otros que no lo eran, destaparon la olla a presión que se venía cocinando en muchas regiones del país y, ante todo, en las principales ciudades de Colombia. El conflicto dejó de estar lejos, en los territorios, para trasladarse a las ciudades.

Todo lo anterior, adobado por la crisis económica y social derivada de la pandemia, la presión local por la llegada de millones de venezolanos , la incapacidad del gobierno de traducir en acciones los espacios de diálogo abiertos para lograr consensos y cambios concretos y no simples soluciones unilaterales. No resulta extraño, entonces, que esta campaña presidencial haya sido tan agresiva y estigmatizante.

Hay tensión en Colombia y, como si fuera poco, los electores llegan a las urnas en medio de escandalosos y poco probados anuncios de posible manipulación de resultados . La pobre labor de la Registraduría será compensada con miles de observadores dispuestos por los partidos y por misiones internacionales, entre ellas la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Foundation for Electoral Systems (Ifes), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (Idea Internacional), y la Association of World Election Bodies (A-WEB).

¿Qué está en juego en Colombia? La capacidad de hacer profundos cambios sin acabar con la institucionalidad y, de paso, desatar nuevas violencias que profundicen la crisis social y económica que atraviesa el país a pesar de los índices de crecimiento pospandemia. De acuerdo con cifras entregadas por el Departamento Nacional de Estadística, en 2020 el índice de pobreza se ubicó en el 42,5%, con 21,2 millones de personas viviendo en esa condición, y 7,4 millones de colombianos sobreviviendo en la pobreza extrema. En 2021, con el inicio de la recuperación económica tras la pandemia, la cifra se redujo a 39,3%, dejando a 20 millones de personas en pobreza monetaria, y seis millones en pobreza extrema. La inflación anual llegó a 9,23% en abril pasado, la más alta en 21 años, lo cual poco contribuirá a disminuir las cifras de pobreza.

Además, quien sea elegido hoy o el 19 de junio, tendrá que hacerle frente al fortalecimiento de la guerrilla del ELN, el crecimiento de las disidencias de las FARC y la multiplicación de bandas criminales. El aumento de la violencia se traduce en 850 líderes sociales asesinados en lo corrido del mandato de Duque ; 187 masacres entre 2020 y 2022, a las que se suman 44 sucedidas en 2022, con corte al pasado 25 de mayo, según cifras entregadas por Indepaz. Para la Misión de Observación Electoral, estas elecciones son las más violentas de la última década, donde un tercio de los municipios del país (375) pueden ver afectado el proceso electoral por hechos de violencia.

Para atender esa realidad, el Gobierno decretó a ley seca desde el sábado a las seis de la tarde y la extendió hasta mañana lunes a medio día. Dispuso 221.000 uniformados que cuidarán los puestos de votación , y 80.000 más estarán disponibles como refuerzo. Además, habrá zonas del país bajo especial vigilancia: Urabá, Bajo Cauca, Magdalena, las nordestes regiones de Catatumbo y Arauca, el cordón del Pacífico, el noreste amazónico, la sierra nevada del Perijá, y las ciudades de Yopal y Villavicencio.