Claves para entender el conflicto boliviano

El domingo 20 de octubre hubo elecciones en Bolivia para escoger al presidente y vicepresidente del Estado, 130 diputados y 36 senadores para el período gubernamental 2020-2025. Un conteo electrónico rápido de votos, llamado TREP, que está organizado por el Tribunal Supremo Electoral, confirmó el paso a segunda vuelta entre el opositor Carlos Mesa y Evo Morales.

«Un triunfo incuestionable que nos permite decir con absoluta certeza y seguridad, tanto por la información de los medios, como por nuestro propio cálculo interno: ¡estamos en segunda vuelta!», dijo Mesa. Sin embargo, tras esos datos parciales, el Tribunal Supremo Electoral suspendió el recuento de votos con el 84% escrutado.

Recién 20 horas más tarde lo reanudó lo que generó el rechazo de la oposición así como las peticiones de organismos internacionales, comenzando por la Organización de Estados Americanos (OEA), y de países como Estados Unidos, Argentina, Brasil y Colombia, de que hubiera transparencia en el escrutinio. Las acusaciones de fraude electoral desataron una ola de manifestaciones al punto que el martes 22 dimitió el vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costa, por considerar «desatinada» la decisión de detener el conteo.

El 25 de octubre el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia anunció el escrutinio con el 100 por cien de los votos otorgando al partido Movimiento al Socialismo de Evo Morales el 47,08% de las papeletas, mientras que Comunidad Ciudadana del candidato opositor Carlos Mesa sumó 36,51%, quedando entonces descartada una segunda vuelta.

Estados Unidos denunció un intento de «subvertir la democracia en Bolivia» y la Unión Europea llamó a «respetar la voluntad del pueblo boliviano». También España, Argentina, Brasil, Colombia y Perú expresaron inquietudes sobre la marcha del conteo de votos.

La Organización de Estados Americanos instó a una segunda vuelta para solucionar la crisis. En principio, el Gobierno de Bolivia ha aceptado que la votación y el recuento se sometan a un escrutinio detallado , pero no ha admitido de momento que las conclusiones de esa auditoría sean vinculantes.

El 31 de octubre, la OEA, con observadores internacionales incluidos de España, comenzó a revisar con lupa el escrutinio y si llega a la conclusión de que se adulteró el resultado, Morales dio su palabra de que se someterá a una segunda vuelta. Sin embargo, Carlos Mesa ha rechazado la auditoría: «Nosotros no aceptamos la auditoría en los actuales términos, pactados unilateralmente. La auditoría pactada entre la OEA y el candidato del MAS (Movimiento al Socialismo), en alusión a Morales, no ha consultado ni al país, ni nuestras condiciones, principalmente las de desconocer los resultados del cómputo realizado por el órgano electoral», sostiene. Tampoco tuvo en cuenta «la necesaria participación de representantes de la sociedad civil en el proceso», agrega.

Urnas «preñadas», actas falsificadas, manipulación de sufragios y una lista donde se reflejan diferentes modos de «trampear» las elecciones se dieron a conocer por los votantes en diferentes puntos de Bolivia. También se difundieron vídeos con episodios similares pero el mayor escándalo fue el que se produjo la misma noche de la votación. El TREP (Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) o recuento rápido, se interrumpió sin explicaciones durante casi 24 horas. Cuando se retomó, la tendencia, que antes garantizaba un balotaje, había cambiado y Evo Morales estaba en cabeza sin necesidad de una segunda vuelta.

El aeropuerto de La Paz se ha convertido en un campo de batalla, una alcaldía ha sido devorada por las llamas y los gases lacrimógenos se apoderan de los innumerables puntos de bloqueo instalados a lo largo del país.

El pasado miércoles se vivió la jornada de mayor tensión y enfrentamientos y el saldo de la jornada fue de 90 heridos (algunos de gravedad) y un joven fallecido. Se trata de la tercera muerte desde que comenzaron las protestas, todas ellas del lado opositor.

Es el líder de la rebelión de la rica región de Santa Cruz que pretende destronar a Evo Morales, con una biblia en una mano y una carta de renuncia del presidente boliviano en la otra. Presidente del Comité Pro-Santa Cruz, un conglomerado de entidades empresariales, vecinales y laborales de derecha, es un abogado de 40 años con maestría en derecho tributario en la Universitat de Barcelona. Camacho, el «Macho» como lo conocen, voló de Santa Cruz (este) a La Paz la noche del lunes para forzar a Morales a firmar una carta de renuncia que él le redactó, pero tuvo que regresar este martes en la mañana a su bastión, impedido de salir del aeropuerto por la presencia de enardecidos manifestantes oficialistas.