Las cláusulas del divorcio de Reino Unido con la UE

Europeos que viven en Reino Unido y británicos que viven en Europa

Verán restringido su derecho a moverse libremente, pero Reino Unido se ha comprometido a respetar los derechos de residencia, trabajo, estudio, reunificación familiar o asistencia sanitaria para los ciudadanos europeos que se encuentren allí desde antes del 29 de marzo de 2019. El texto incluye la posibilidad de que se exija a los ciudadanos y sus familiares pedir un nuevo estatuto de residencia, una opción para la que Londres se compromete a ofrecer un proceso simple. Queda recogida la prohibición expresa de discriminación por motivos de nacionalidad y el derecho a la igualdad de trato en la remuneración o las condiciones laborales. Los ciudadanos europeos que lleguen a Reino Unido antes de que acabe el periodo de transición (diciembre de 2020), podrán quedarse y, si permanecen allí cinco años, podrán seguir haciéndolo de manera permanente. Las mismas reglas se aplicarán para los británicos en países de la UE.

Movimiento de mercancías

Si los británicos quieren imponer tasas a las importaciones de países extracomunitarios durante el periodo de transición, no podrán ser más caras que las que cobra la UE y los productos deberán cumplir la normativa europea en materias como controles de calidad. El preacuerdo también plantea la protección de 3.000 "denominaciones geográficas" de productos, que incluyen el jamón de Parma, el queso feta, la champaña y el cordero de Gales (Welsh), entre otros.

El texto establece que, Compromisos financieros

Reino Unido seguirá realizando sus aportaciones al presupuesto europeo de los próximos dos años como un socio más, lo que supone el pago de alrededor de 7.000 millones de euros netos anuales. Sobre los acuerdos financieros que se lleven a cabo durante el periodo de transición en Bruselas, la UE podrá invitar a expertos del país a asistir a comités específicos, pero sin derecho a voto. Los obligaciones de Londres para con los Presupuestos europeos terminan con el marco 2021-2027 y cualquier nueva aportación por el acceso al mercado único se negociará bilateralmente. Por otra parte, Reino Unido recibirá fondos por liquidar su participación en instituciones como el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de Inversiones. Según las estimaciones de los negociadores, el saldo neto será favorable a Bruselas en alrededor de 50.000 millones. El preacuerdo recoge además la forma en la que Reino Unido hará frente a compromisos pendientes, adquiridos en presupuestos pasados pero que afectan a presupuestos futuros. Si, por ejemplo, en 2019 se decide una inversión en infraestructuras de digitalización que vayan a construirse entre 2020 y 2025, Reino Unido deberá seguir contribuyendo con su aportación, que es del 13%, hasta el final de la obra. También correrá a cargo del gobierno británico el sueldo de los funcionarios europeos de nacionalidad británica hasta que finalice el periodo de transición, lo que supone unos 67.000 millones de euros.

Frontera de Irlanda

Uno de los puntos que más polémicos era la frontera entre Irlanda del Norte (que forma parte de Reino Unido) y la República de Irlanda, ya que tanto Londres como Dublín querían evitar volver a tener una barrera visible con puestos de control y aduanas. El preacuerdo borrador incluye una cláusula de salvaguarda (backstop), que se activaría si no se llega a ningún acuerdo definitivo y que obligaría a todo Reino Unido a permanecer dentro de lo que documento denomina "un territorio de aduanas único", de forma que no habría tarifas aduaneras entre Londres y la UE.

Mercados financieros

En 580 páginas, solo tres párrafos, unas 300 palabras, están dedicados a esto. Se establece "las entidades establecidas en el Reino Unido deberán ser tratadas como entidades localizadas fuera de la Unión". En la práctica, es probable que esto resulte en que al centro financiero de Londres se le otorgue un nivel de acceso al mercado de la UE similar al dado a las empresas de Estados Unidos y Japón, en virtud de un acuerdo conocido como de "equivalencia", lo que ponen en peligro el atractivo de Londres para las compañías financieras internacionales. Reino Unido adoptará "igualdad de condiciones" entre empresas británicas y europeas, evitando convertirse en un paraíso empresarial o impositivo como Singapur.