La Justicia argentina salva a Clarín

Los magistrados dejan en suspenso el artículo 161 que obliga desprenderse de buena parte de las licencias de radio y televisión del grupo, “hasta que haya sentencia definitiva” sobre la cuestión de fondo. Esto es, si la ley, un traje a medida para Clarín, es inconstitucional o no.

Clarín ha ganado este asalto del feroz combate con el Gobierno aunque sea un aplazamiento. Su único salvavidas, antes de la medianoche, era este fallo judicial. El ministro de Justicia, Julio Alak, había acusado a los jueces de protagonizar un «alzamiento» contra la democracia si se pronunciaban, como hicieron ayer. Ahora el Ejecutivo, al menos jurídicamente, está atado de pies y manos, para acometer su anunciado asalto a Clarín. En un último intento de alcanzar su objetivo y cortarle el paso a la Justicia el Gobierno recusó a la totalidad de la Cámara Civil y Comercial el miércoles. En el mismo fallo de ayer, la demanda quedó desestimada. La medida en España equivaldría, –salvando las distancias–, a recusar a la totalidad de las salas de la Audiencia Nacional.

La ley, aprobada hace tres años, no se ha aplicado durante este tiempo a ningún grupo. Clarín estaba eximido de cumplirla gracias a un amparo que dejó en suspenso su aplicación, pero el resto no. La normativa afecta, en distintas medidas y por diferentes razones, a empresas de capital español como Telefé, Prisa y Telefónica. También a otras argentinas como Direct TV o Telecentro. En resumen, establece para los medios nacionales un límite del 35 por ciento del mercado, diez licencias de radio y 24 de televisión por cable. La norma obliga a un severo proceso de desinversión y no reconoce la vigencia de las licencias. Algunas, es el caso de Clarín, fueron renovadas hace cinco años por el ex presidente Néstor Kirchner, en vísperas del traspaso de mando de la Casa Rosada, a su viuda que ha hecho de esta ley un asunto personal con dimensión de Estado. Clarín, en sus diferentes recursos judiciales, considera también que la norma, además de violar la Carta Magna, se aplica con efecto retroactivo, extremo que, a su juicio, es ilegal.

Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Federal, no se cansaba de repetir a Clarín que «se concursarán (subastarán) las licencias que estén fuera de la ley, que se excedan», de los límites previstos. Ahora, con la ley en la mano no puede.

Las declaraciones en cascada para presionar a la Cámara y que ésta se mantuviera en silencio tuvieron eco inmediato en la judicatura. Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la Magistratura, equivalente al Consejo General del Poder Judicial, advirtió:«Argentina no es del Gobierno, es de todos los argentinos. Esto no es una cuestión sobre Clarín, el dilema que hay sobre la mesa es Constitución versus Gobierno». Su colega Óscar Aguad calificó de «locura colectiva» del Ejecutivo recusar a la Cámara y añadió, «pensar que el problema más importante del país es la ley de medios es reconocer que estamos sin rumbo. No se entiende que el prestigio de Argentina se juegue en esa ley».