El presidente de Estados Unidos, Donald Trump
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - REUTERS

Cinco meses de manifestaciones y batallas judiciales contra el veto migratorio de Donald Trump

El Tribunal Supremo decidió admitir parte del veto migratorio y escuchará a las partes interesadas en octubre

MadridActualizado:

Pocos días después de que Donald Trump se asentara en la Casa Blanca, comenzó un periodo largo de polémicas contra la inmigración en Estados Unidos. Como parte de sus promesas de su campaña, el 27 de enero suspendió los programas de acogida de refugiados y firmó un veto migratorio contra siete países de mayoría musulmana: Libia, Sudán, Somalia, Siria, Irak, Yemen e Irán.

El decreto aprobado por suspendía durante cuatro meses las concesiones del estatus de refugiado, imponía una moratoria provisional de tres meses a la entrada de los ciudadanos de estos países y paralizaba el Programa de Admisión de Refugiados.

Miles de personas se agolparon en los aeropuertos principales del país como el J. F. Kennedy en Nueva York, mientras el Congreso era un hervidero de protestas sobre las personas que se habían quedado atrapadas en el extranjero y se les prohibía entrar a cualquiera de los 50 estados.

Una de las primeras voces opositoras fue la Fiscal general en funciones, Sally Yates, quien ordenó no defender las medidas racistas del recién nombrado presidente de Estados Unidos. Horas después de estas declaraciones públicas, Donald Trump le relevó del cargo justificando que Yates había traicionado « al Departamento de Justicia al negarse a hacer cumplir una orden diseñada para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos».

Algunas de las mayores empresas ubicadas en el país se posicionaron en contra del veto migratorio como Starbucks, Google, Viber o Airbnb. La cadena de cafés anunció que contrataría a 10.000 refugiados en los próximos cinco años. Mientras que en las filas políticas, unos 100 diplomáticos firmaron en contra dicha orden, a lo que el portavoz de la administración de Trump les exigió que abandonaran su puestos si no estaban dispuestos a aceptar las nuevas medidas.

Mientras que las protestas se extendieron fuera del país y en Reino Unido se organizaron manifestaciones para pedir que Theresa May no recibiera al presidente de Estados Unidos en suelo británico, pero dicha petición no fue escuchada por la Primera Ministra. Los diplomáticos que se sumaron a la firma contra el veto de Trump alcanzaron una cifra cercana a las 1.000 personas.

Algunas figuras del tejido empresarial se siguieron sumando a una campaña «anti-Trump», en alguno casos por la presión de la opinión pública. El cofundador de Uber Travis Kalanick era uno de los asesores del presidente, pero debido a las críticas recibidas decidió abandonar su puesto.

En el interior de Sillicon Valley, personalidades como el CEO de Facebook, Tim Cook, defendieron la importancia de la movilización de capital humano: ««Apple no existiría sin la inmigración». El Departamento de Estado de EE.UU. cifró que unos 60.000 visados habían sido cancelados después de la entrada en vigor del veto migratorio impuesto por Donald Trump.

Bloqueos contra el veto migratorio

El juez federal de Seattle James Robart bloqueó el veto migratorio de Trump y la Casa Blanca respondió recurriendo la sentencia para «proteger al país de la entrada de terroristas extranjeros». Sin embargo, el tribunal federal rechazó la apelación del gabinete del presidente de Estados Unidos.

Trump cargó contra el poder judicial acusándoles de estar poniendo en peligro al país. Por su parte, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en San Francisco comenzó a estudiar el posible restablecimiento del decreto de Trump.

El Senado de Estados Unidos eligió un nuevo Fiscal general tras haber prescindido de Sally Yates por su oposición al veto migratorio. El nombramiento del legislador republicano Jeff Sessions estuvo cargado de polémicas, pues los demócratas le acusaban de haber ayudado colaborado con Trump en redactar el decreto. El exsenador juró su cargo abogando por acabar por un sistema que «rebaja los salarios de los trabajadores estadounidenses».

La Corte de Apelaciones de San Francisco terminó de estudiar el decreto y decidió por unanimidad mantener el veto migratorio. Trump respondió con emprender nuevas medidas contra la inmigración tras la respuesta judicial.

Por su parte, algunas de las universidades más prestigiosas del país -entre ellas: Harvard, Yale y Stanford- se unieron para interponer una demanda conjunta contra las medidas que bloquean el intercambio cultural estudiantes y profesores y académico.

Segundo decreto contra la inmigración

Trump reformuló el veto migratorio para esquivar los bloqueos legales, cuyos tribunales estadounidense habían acumulado más de 200 demandas contra el Gobierno. De esta manera, el nuevo decreto tenía cinco diferencias con el anterior: se excluían de la lista las personas que ya tenía el visado otorgado o la residencia permanente en el país, Irak salía de la lista de Estados vetados, ya no se tenía en cuanta si la persona era musulmana y los refugiados tendrían que esperar 120 días para entrar a Estados Unidos por motivos de seguridad nacional.

El estado de Hawái interpuso la primera demanda contra el nuevo veto migratorio de Trump antes de su entrada en vigor el 16 de marzo, por considerar que la medida tenía el mismo trasfondo que la anterior.

El Cuarto Tribunal de Apelaciones con sede en Virginia mantuvo también el bloqueo contra el veto migratorio, así que el presidente de Estados Unidos decidió llevar el caso al Tribunal Supremo. El Tribunal de Apelaciones de San Francisco confirmó también la suspensión de las medidas contra la inmigración.

Un día antes de que se cumplan cinco meses del decreto de Donald Tump, el Tribunal Supremo decidió admitir parte del veto migratorio y escuchará a las partes implicadas en octubre. De esta manera, no se podrá aplicar contra los extranjeros que muestren una relación de buena fe con Estados Unidos.