Chile sigue ardiendo mientras Piñera fija su agenda económica

Pese a que Piñera removió a sus equipos político y económico, el lunes salieron en Santiago más de 100 mil personas a las calles y otro tanto en ciudades del resto del país, manifestaciones que en la capital derivaron en fuertes choques con la policía , el saqueo de locales comerciales e incendios en un centro comercial que afectó a oficinas fiscales y un hotel que había sido evacuado previamente. Según la nueva ministra portavoz, Karla Rubilar, los actos delictivos fueron realizados por un pequeño grupo violento de aproximadamente «unas 6.500 personas que promueven la violencia en estos días», a quienes el gobierno intenta identificar y detener.

Tanto Rubilar como el nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, coincidieron en que el gobierno no recurrirá nuevamente a la declaratoria del estado de excepción , pese a que los manifestantes han convocado a nuevas protestas y marchas. «La violencia tapa las justas demandas», dijo Rubilar, quien ha pedido distinguir entre los que se manfiestan pacíficamente y quienes promueven la violencia.

Según balances oficiales, hasta ahora los daños al metro ascienden a 350 millones euros, mientras los bienes públicos destruidos (semáforos, mobiliario urbano, señales de tráfico y otros) suman unos 600 mil euros, solo en Santiago. El gobierno ha interpuesto 228 querellas judiciales contra 997 imputados por actos de violencia, de entre los más de 3.500 detenidos durante los diez días desde el estallido social.

Los manifestantes convocaron ayer una concentración en torno al palacio presidencial de La Moneda, un sector que cuenta con un fuerte dispositivo de protección policial. Al respecto, la ministra Rubilar indicó que dicha manifestación no cuenta con autorización de las autoridades, aunque destacó que la convocatoria es pacífica.

El nuevo gabinete de ministros se reunió ayer para recibir las instrucciones de Piñera sobre cómo llevar adelante las medidas económicas que anunció la semana pasada para mitigar la crisis, que incluyen el congelamiento de la subida del precio del transporte , los servicios básicos, la aplicación de nuevos impuestos a los sueldos más altos del Estado, la rebaja de las dietas parlamentarias y la reducción del número de congresistas, entre otras ya que algunas de estas medidas requieren previo acuerdo con el Congreso.

El nombramiento de los nuevos ministros se ha visto empañado por informaciones que indican que el recién instalado titular de Bienes Nacionales, Julio Isamit, registra deudas impagas por las que tiene tres denuncias judiciales y problemas con el pago de sus impuestos. A su vez, grupos de la diversidad sexual acusan al ministro de emitir opiniones homofóbicas a través de las redes sociales. Isamit, dijo la ministra Rubilar, pagó este martes sus deudas, pero no logró aplacar las críticas.

Otro foco de preocupación gubernamental se relaciona con las denuncias de violaciones a los derechos humanos, que serán examinadas por una misión especial de Naciones Unidas que llegará esta semana a Santiago.

«Los derechos humanos son una prioridad del gobierno». Según el organismo estatal, desde el 18 de octubre, cuando comenzó la crisis, han muerto 19 personas, los detenidos suman 3.535, entre los que hay 375 menores de edad; y los heridos atendidos en hospitales 1.132. Por estas vulneraciones, el INDH ha presentado 120 acciones judiciales, des las cuales 76 son por tortura y 18 por violencia sexual.