Chile indemnizará a la familia del diplomático español Carmelo Soria

Carmen Soria, portavoz de la familia en los últimos años, señaló que se retirarán las denuncias contra el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuando se logre el acuerdo definitivo.

Secuestrado y torturado Soria fue secuestrado el 14 de julio de 1976 por miembros de una brigada militar, cuando trabajaba en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tiene sede en Santiago. Dos días después, su cuerpo fue encontrado junto a su automóvil en un canal de la ciudad, con visibles huellas de torturas. La Justicia chilena estableció en la década pasada que el crimen del español fue obra de la primera Policía secreta del régimen de Pinochet (1973-90), la DINA, pero los responsables no fueron condenados a raíz de una ley de amnistía. La familia pidió la reapertura del proceso, en mayo del año anterior, pero la Corte Suprema rechazó la solicitud. Según el abogado de la familia, Alfonso Insunza, el principio de acuerdo prevé una indemnización de unos dos millones de dólares y el compromiso del gobierno de pedir a la Justicia la reapertura del caso. La indemnización sería, pues, similar a la fijada en 1992 por la estadounidense Comisión Bryan a la familia del ex ministro chileno de Asuntos Exteriores Orlando Letelier, asesinado en 1976 en Washington por agentes de la Policía secreta del régimen militar. Insunza señaló que los familiares del español esperarán hasta septiembre para ver la actitud del gobierno chileno y, si no se logra el acuerdo, mantendrán la demanda ante la CIDH, adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA).La viuda y los tres hijos de Soria entablaron una demanda civil equivalente a 3, 2 millones de dólares contra el Estado chileno, pero el gobierno del presidente Ricardo Lagos consiguió el principio de acuerdo con una cifra de dinero menor. La hija de Soria y el abogado se reunieron el  jueves en Santiago con el ministro del Interior, José Miguel Insulza, quien les dijo que el gobierno está dispuesto a pedir la reapertura del proceso. La CIDH colicitó en 1999 al gobierno chileno establecer responsabilidades en este caso, derogar la ley de amnistía y pagar a la familia una indemnización.  El Servicio Médico Legal confirmó el pasado 27 de julio la identidad de los restos de Soria, ante una petición de los familiares, que sospechaban que años atrás se había hecho una exhumación ilegal en el Cementerio General de Santiago.