Castillo se enreda en Perú al sugerir la entrega a Bolivia de una salida al mar

Las rápidas críticas de la oposición obligaron al Gobierno a corregir a Castillo , precisando que una cosa son los esfuerzos por facilitar el uso de puertos peruanos a las mercancías bolivianas y otra distinta, prohibida por la Constitución, es entregar territorio soberano. El periodista que le hizo la entrevista, Fernando del Rincón, ha calificado las palabras de Castillo de «suicidio político».

A pesar de que el litoral que Bolivia tenía desde su independencia fue arrebatado por Chile en la Guerra del Pacífico (1879-1884), y que es con ese país con el que La Paz mantiene su disputa y no con Perú, que fue aliado de Bolivia en aquella guerra, Castillo ya había defendido en el pasado, antes de que optara a la presidencia, que la solución a las aspiraciones bolivianas podía pasar por una cesión de Lima.

Históricamente la población indígena peruana y la boliviana han tenido una estrecha relación, por la misma pertenencia a la civilización inca, que fue favorecida por las comunicaciones a lo largo de los Andes (Cuzco, la capital de los incas, y el altiplano hoy boliviano eran una unidad, de forma que durante el Imperio Español a Bolivia se le conoció como el Alto Perú; tras sus independencias ambos países intentaron varias veces reunirse en un ente federado). Eso explica la inclinación de Castillo y de su partido Perú Libre hacia Bolivia, atraídos por el indigenismo del expresidente boliviano Evo Morales. En un acto político allí, antes de ser candidato a la presidencia, Castillo defendió la campaña «mar para Bolivia».

Al recordarle eso a Castillo en la entrevista de la semana pasada, la CNN pilló desprevenido al presidente y sin muchas precisiones afirmó: «Es una idea. Ahora nos pondremos y le consultaremos al pueblo. ¿Qué pasaría si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo y jamás haría cosas que el pueblo no quiera». Castillo no habló explícitamente de entregar a Bolivia un corredor hasta el mar, pero el contexto indica que estaba pensando en una cesión de territorio.

Desde el Congreso, la oposición salió rápidamente al paso , advirtiendo que el artículo 32 de la Constitución prohíbe someter a referéndum los tratados internacionales en vigor, como es el Tratado de Rectificación de Fronteras firmado con Bolivia en 1909. Por su parte, la Cancillería emitió un comunicado situando cualquier acuerdo con Bolivia en el ámbito de las facilidades de tránsito a través de Perú y de acceso a puertos peruanos por parte de las mercancías bolivianas, sin que esto, «bajo ninguna circunstancia, pueda interpretarse como una afectación de nuestra soberanía».

De hecho, Perú ya está siendo un creciente punto de acceso al mar para Bolivia, sobre todo a través del puerto de Ilo, sin necesidad de ninguna entrega de soberanía como planteaba Castillo.

La salida más directa al Pacífico tradicionalmente usada por Bolivia han sido los puertos del norte chileno, dado que, consciente de haberse quedado con ese territorio tras la Guerra del Pacífico (arrebatado parte a Bolivia y parte también a Perú), Chile se vio tempranamente obligado a compensar de algún modo las necesidades comerciales bolivianas. Tanto en Arica, puerto chileno de mayor uso boliviano, como también en el de Antofagasta, Bolivia dispone de terminales donde puede realizar operaciones aduaneras como país, de forma que las importaciones pueden luego entrar en Bolivia sin nuevos trámites. Esa gestión le corresponde a la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASPB), que también ofrece servicios, para flujos comerciales atlánticos, en los puertos fluviales de Nueva Palmira (Uruguay), Rosario (Argentina) y Villeta (Paraguay).

La ASPB también dispone de instalaciones en dos puertos peruanos, en Matarani y en Ilo, siendo este último el que está conociendo un especial desarrollo e incremento de uso por parte de las compañías bolivianas. A las inversiones realizadas por el Gobierno peruano en el puerto y en la carretera de acceso de Ilo, como parte de la Ruta Interoceánica Brasil-Perú (una ruta que une el puerto brasileño de Santos con el Pacífico peruano, evitando Bolivia), se unió en recientes años el boicot propiciado por La Paz hacia los puertos de Chile a raíz de un nuevo examen del contencioso entre ambos países por parte de la Corte Internacional de Justicia.

Después de que en 2018 La Haya dictaminara que Chile no tiene obligación de sentarse a negociar ninguna salida al mar para Bolivia, el Gobierno de Evo Morales quiso penalizar la vía comercial a través del puerto chileno de Arica y fomentó la del puerto peruano de Ilo. Ambos se encuentran a una distancia parecida de La Paz (a 488 kilómetros el primero y a 512 el segundo). Así, de un volumen de carga vinculada con Bolivia (importaciones y exportaciones) de prácticamente cero en 2016 y 2017, el puerto de Ilo pasó registrar 21.915 toneladas en 2018 y 48.594 en 2019, según los informes de la ASPB. Aunque se trata de cifras muy por debajo de las de Arica (puerto cuya actividad se debe en un 75% a la que aporta Bolivia), Ilo se consolida como segunda opción portuaria boliviana, de crecientes posibilidades.

La cuestión boliviana no ha sido la única en ofrecer una imagen negativa de Castillo en la celebración de sus primeros seis meses en la presidencia. La dimisión la semana pasada del ministro del Interior volvía a poner en evidencia la escasa consolidación de la autoridad del presidente, que en medio año de gobierno ha requerido ya dos primeros ministros y ha realizado hasta diez cambios de ministros respecto al Ejecutivo inicialmente nombrado. La confrontación con la dirección de su propio partido y su indecisión o aparente falta de claridad de objetivos están lastrando su gestión.

El principal objetivo político de Castillo, la reforma de la Constitución, que la izquierda más bolivariana de su partido pretendía aprovechar, de momento aún está formalmente sobre la mesa y el presidente no concreta qué cambios querría impulsar. Por su parte, la oposición ha hecho aprobar en el Congreso que toda reforma constitucional deba ser avalada obligatoriamente por el Legislativo, lo cual alejaría cualquier posibilidad de aventurismos.