Prisioneros argentinos

Boudou, el que se «afanó» la imprenta de papel moneda, y D´Elía, pasaron de estar en la celda a compartir cuarentena en sus viviendas junto a sus familias. El argumento para su liberación fue que, entre rejas, existía la posibilidad de contagio de Coronavirus. Su liberación prendió la chispa de la rebelión, que se convirtió en amago de incendio por el agravio comparativo, en otras cárceles de Argentina.

El Gobierno de Alberto y de Cristina Fernández, por intermedio del secretario de Justicia y director del Sistema Penitenciario, se sentó a negociar antes de que el sistema penitenciario estallara por la violencia de las protestas. Su interlocutor, Guillermo Alvarez, alias el concheto (pijo), es un condenado a cadena perpetua por asesinar a cuatro personas. El primer motín en la ciudad (hubo otros en la provincia con muertos), el de Devoto, quedó sofocado pero las negociaciones, con el mismo portavoz de los presos (todos con móviles), huelgas de hambre y amenaza de nuevos motines, continúan pese a que más de mil reos han salido ya.

Alberto Fernández, lejos de censurar la manga ancha con internos peligrosos (incluidos violadores), consideró oportuna la amnistía encubierta y ejecutada por medio de los suyos. El presidente sabe que, por ese camino, la responsabilidad por la previsible ola de crímenes de los reincidentes será adjudicada a los jueces y no a él. De paso, en la estampida, libera a sus viejos compañeros de Gobierno y da satisfacción a su vicepresidenta, mas «avivada» que el resto, al blindarse con los fueros para estar lejos del calabozo y quizás, del Coronavirus.