Cadena perpetua en Alemania para un iraquí por genocidio contra los yazidíes

«Es un momento histórico para la comunidad», declaró Natia Navruzov, abogada y miembro de la ONG Yazda, que reunió las pruebas aportadas en el juicio, «porque es la primera vez en la historia de los yazidíes que un criminal se encuentra ante un tribunal por cargos de genocidio ».

Taha Al-Jumailly se alistó en las filas de Estado Islámico en 2013. Según la acusación, en el verano de 2015 y en la ciudad iraquí de Faluya, Al-Jumailly dejó morir de sed a una niña yazidí de cinco años cuya madre había ‘comprado como esclava’ junto a la pequeña. Este delito ha jugado un papel central en el juicio, al que la madre de la niña, Nora B., una mujer analfabeta que habla en kurmanyi, ha acudido como testigo y ha narrado los malos tratos a los que eran sometidas las dos de forma sistemática. El día de su muerte, la niña de cinco años se había orinado en el colchón sobre el que dormía y, como castigo, Al-Jumailly la ató a la verja de una ventana, en el patio de la casa, expuesta al sol y a elevadas temperaturas sin que le estuviese permitido beber agua, ni ingerir cualquier otro líquido o alimento. Por estos mismos hechos, su exmujer Jennifer Wenisch, de 30 años y presente en la casa, fue condenada a 10 años de reclusión en octubre por «crimen de lesa humanidad causante de la muerte» de la niña.

El relato de los testigos comienza a componer un rompecabezas al que seguramente sigan aportando piezas otros tribunales. Nora B. describió cómo fue violada varias veces por los yihadistas de Estado Islámico después de que invadiesen su aldea en el monte Sinjar, en el noroeste de Iraq, en agosto de 2014. Las mujeres fueron destinadas a la esclavitud sexual, mientras que centenares de hombres fueron ejecutados en la plaza de la aldea. Su abogada, la líbano-británica Amal Clooney , lidera junto a la Premio Nobel de la paz 2018, Nadia Murad , una campaña internacional para que sea reconocido como genocidio este conjunto de crímenes.

Alemania, donde vive una importante diáspora yazidí, ha aplicado el principio jurídico de «competencia universal» para juzgar estos delitos cometidos fuera de su territorio, pero los activistas de la causa yazidí esperan ahora que el Consejo de Seguridad de la ONU recurra a la Corte Penal Internacional para la apertura de un tribunal específico.