El chavismo maniobra para quitar poder al nuevo Parlamento venezolano

Con el mismo fin, Diosdado Cabello tomó juramento a la juez Susana Barreiros como Defensora del Pueblo, la misma que sentenció al líder opositor Leopoldo López a 14 años de prisión en un proceso plagado de irregularidades. Este nombramiento tocaba en la fibra más sensible a los diputados de la oposición, que salieron del hemicilo en muestra de protesta.

También dejó bien atadas las sesiones extraordinarias del Parlamento que van a discutir, hasta el próximo 4 de enero, la postulación de más de trescientos candidatos para ocupar las vacantes de trece puestos en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que según varios analistas es ilegal e inconstitucional pero que al oficialismo poco parece importarle.

Por primera vez en diecisiete años el poder legislativo estará dominado, a partir del 5 de enero, por la oposición democrática, que copará dos tercios de los escaños, con lo que aquí se denomina mayoría cualificada.

Las maniobras de la directiva saliente de la Asamblea Nacional provocarán sin duda una grave confrontación institucional , un choque de poderes y muy probablemente hará Venezuela ingobernable el próximo año, según analistas políticos tanto chavistas como opositores. El régimen bolivariano ha decidido que la cohabitación sea imposible entre un poder legislativo dominado por la coalición opositora y una Presidencia en manos de Maduro.

Está claro que el Gobierno de Nicolás Maduro, presidente hasta 2019 si la mayoría opositora no logra desalojarle del poder mediante un referéndum recusatorio, busca reducir el poder de la oposición en la AN a través del Tribunal Supremo de Justicia , que va a torpedear sus planes y proyectos legislativos sin atreverse a disolver la Asamblea por el altísimo coste político que ello conllevaría.

Pero si Maduro decide disolver el Parlamento o si hace aprobar una ley habilitante que le dé plenos poderes, el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo acabará pasando por el TSJ, la entidad que parece erigirse como una de las grandes protagonistas de las noticias que saldrán de este país en los próximos meses.

De acuerdo con la Constitución venezolana, el presidente debe promulgar todas las leyes que aprueba la unicameral Asamblea Nacional. Para ello tiene diez días aunque puede, por un lado, devolverla pidiendo que se modifiquen algunos aspectos con el acuerdo del Consejo de Ministros.

La Academia de Ciencias Políticas advierte de ue es ilegal el nombramiento de los nuevos magistrados porque le corresponde a la nueva Asamblea, debido a que no se han cumplido los 30 días para la discusión de los aspirantes.

Según el constitucionalista Jesús Silva, si bien la designación puede ser controvertida en lo político, en lo legal está permitida. «No hay norma que diga que la Asamblea no puede tomar sus decisiones cuando su mandato está próximo a vencer» , asegura. El nombramiento de nuevos magistrados exige ser aprobado por dos tercios de la AN, una mayoría que el oficialismo no posee actualmente. «Pero si no se alcanzan los dos tercios en varios intentos, se decide por mayoría simple», dice Silva.

Pero el constitucionalista José Ignacio Hernández sostiene que el nombramiento sería ilegal por varias razones. «Primero, el comité de postulaciones judiciales abrió el proceso de selección de magistrados sin que hubiese vacantes y sin indicar cuáles cargos serían suplidos», señala.

En caso de que la actual AN designe nuevos magistrados de la Sala Constitucional, la pregunta es si la nueva Asamblea Nacional puede revertir los nombramientos . Los expertos coinciden en que sí, pero tienen al menos dos limitaciones. La primera es que necesita del apoyo del Poder Ciudadano (Defensoría del Pueblo, Fiscalía y Contraloría), que están bajo el control del chavismo. Y la segunda: «La nueva AN puede revocarlos, anularlos, pero haga lo que haga, cualquiera de sus acciones tendrá que ser aprobada por la misma Sala Constitucional que busca remover», explica Hernández.