Bombas y balas: a un año de los asesinatos de los jóvenes en las protestas de Venezuela

El Gobierno venezolano mantuvo en las calles a los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y a la Policía Nacional , quienes como si de animales se tratara, constantemente se enfrentaban a los manifestantes con bombas lagrimógenas, pistola de perdigones, tanquetas lanza agua y balas. Durante los cuatro meses de protestas perdieron la vida 124 personas según el Ministerio Público, 136 según el Foro Penal y 167 según el Ministerio para la Comunicación y la Información.

No existen cifras exactas. Pero muchas de las víctimas eran jóvenes que protestaban por un mejor futuro y por la crisis económica, política y social que azota cada día alpueblo venezolano. A un año de los asesinatos en las protestas de Venezuela, ABC conversa con los familiares de Juan Pablo Pernalete, Armando Cañizales y Paúl Moreno, tres jóvenes acribillados sin piedad por el mismo régimen que hasta la fecha les ha negado la Justicia.

«Papá a mi no me va a pasar nada, esta es la última vez que voy a marchar», eso fue lo que le dijo Juan Pablo Pernalete a sus padres, antes de salir de su casa. El joven de 20 años nunca imaginó que una bomba lacrimógena lanzada a su pecho con total precisión, apagaría sus sueños y segundos más tardes su corazón. La tarde del 26 de abril de 2017, Pernalete fue asesinado por un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana a consecuencia de un traumatismo torácico por el impacto de una bomba lanzada a corta distancia.

«Nosotros queremos a nuestro hijo vivo, porque por salir a manifestar y decir que las cosas no estaban bien, no le da a nadie el derecho a quitarle la vida, porque no solo se la quitaron a él, sino a nosotros sus padres también», comenta a ABC José Gregorio Pernalete.

La familia tuvo que soportar que Diosdado Cabello, número 2 del régimen, acusara a su hijo por la televisión pública de «terrorista y criminal» . «Usan los medios del Estado para manchar la memoria de nuestro hijo», señala el padre. Por esas declaraciones en televisión pública, la familia introdujo ante el Ministerio Público una demanda por daños crueles e inhumanos, que quedará en el olvido.

Un año después, el caso de su hijo sigue guardado en los cajones del Tribunal de Justicia. Después de agotar todas las vías legales a nivel nacional, los padres han llevado el caso a la Organización de Estados Americanos y, recientemente, a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos.

Mónica Carrillo estuvo toda la mañana con su hijo, Armando Cañizales, recorriendo los supermercados de Caracas para conseguir alguno de los productos básicos (arroz, pasta, leche) que están regulados por el régimen de Maduro. Al terminar una de las actividades que se ha vuelto tan cotidiana para los venezolanos, su hijo se dirigió a la Universidad Central de Venezuela para inscribirse en la Facultad de Medicina, donde se dispondría a estudiar su carrera universitaria a partir de septiembre. Sin embargo, no tuvo éxito. Las protestas en Caracas tenían a las instituciones, comercios y locales a nivel nacional completamente cerrados.

Armando Cañizales, de 18 años, era violista del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, un organismo cultural que reúne a jóvenes de bajos recursos y los impulsa a construir su propia carrera musical. Ese día, 3 de mayo, Cañizales dejó su viola en la casa y se unió a las manifestaciones callejeras contra el Gobierno .

Junto a su hermano mayor, Alejandro, se dirigió a Las Mercedes, epicentro de las concentraciones opositoras y, en cuestión de minutos, se encontraba solo, en primera fila, combatiendo con una bandera de Venezuela a una pelotón de la Guardia Nacional. Entonces, sonaron los disparos y su cuerpo quedó tendido en el piso . Su hermano corrió hacia él y con Armando entre sus brazos se dio cuenta que lo había perdido.

«A mi nisiquiera tuvieron que decirme que mi hijo estaba muerto. Cuando yo entré al hospital y le vi la cara a jefe de guardia ya sabía lo que estaba pasando», señala Mónica Carrillo, madre del joven. La causa de muerte de Armando Cañizales fue un disparo en el cuello por arma de fuego . «Nos informaron para evitar que después se hicieran cambios en el acta de defunción», afirma el padre.

La familia Cañizales tuvo que salir del país porque «les advirtieron de que corrían el riesgo de que le pasara algo a su otro hijo». Aunque los restos de su hijo descansan en Caracas, su padre afirma: «Armando se vino con nosotros».

La mañana del día 18 de mayo, el país amanecía con 61 fallecidos según las cifras extraoficiales. Paúl Moreno , brigadista de la Unidad de Primeros Auxilios del Zulia, salió a socorrer (como todos los días) a los protestantes venezolanos que estaban manifestando y que eran reprimidios por los cuerpos de seguridad del Estado.

Su hermano Carlos Moreno vive en Madrid. Ese día ya estaba dormido cuando recibió una llamada desde Venezuela. Su esposa no alcanzó a atender el móvil y, desvelada, se puso a revisar las redes sociales . «La primera foto que vi fue la de Paúl muerto. Me quedé muda no pude decirle nada a Carlos», comenta Pilar Camacho, cuñada del joven.

«A las 15:30 mi hermano era arrollado por un todo terreno. Llegó al hospital sin signos vitales pese a todo el esfuerzo que hicieron sus compañeros rescatistas», comenta su hermano. El joven, de 24 años, estaba en el último año de la carrera de medicina y a pesar de no haber culminado sus estudios, el Colegio de Médicos del Zulia lo declaró médico. «Es el primer médico de la familia», señala orgulloso Carlos Moreno.

La familia del brigadista constantemente le pedía que no acudiera a todas las marchas porque cada día había más violencia y represión. «Yo pertenezco al grupo de primeros auxilios y tengo que estar siempre ahí para ayudar a las personas», fue lo que les respondió.

Hasta la fecha, con el enorme retardo procesal que impera en Venezuela, no se ha podido celebrar el juicio . «Creemos que al homicida lo sacaron del país en complicidad de funcionarios del Gobierno. No lo podemos constatar», afirma Moreno.