Berlín votará sobre la expropiación de 240.000 viviendas
Agobiados por la subida del precio de los alquileres (un 43 por ciento en cinco años) los berlineses decidirán en referéndum el próximo 26 de septiembre si el Estado expropia casas y apartamentos a los fondos inmobiliarios con más de 3.000 viviendas en sus carteras. Así pretenden acabar con la especulación
Desde que el Tribunal Supremo de Alemania falló el pasado mes de abril que la política de congelar los alquileres durante cinco años en la capital alemana era contraria a la Constitución, el movimiento de agitación que promovió la ‘Mietendeckel’ (ley que limitaba los precios de alquiler) decidió elevar la apuesta. Planteó un órdago a lo grande: la celebración de un referéndum en el que los berlineses decidirán sobre la expropiación de viviendas a las grandes empresas propietarias de pisos. Con este objetivo recogieron 300.000 firmas. La ley local berlinesa prevé que una petición puede someterse a referéndum si es rubricada por el 7 por ciento del electorado, en este caso más de 170.000 personas.
La Comisión electoral de la ciudad-estado de Berlín constató la validez de 183.711 de ellas y autorizó, en consecuencia, el referéndum, que quieren celebrar junto a las elecciones generales del próximo 26 de septiembre. Aunque se imponga el ‘sí’ en esa votación, «no será legalmente vinculante para el Senado de Berlín, órgano ejecutivo local, puesto que no se somete a votación ningún proyecto de ley concreto», explica Geert Baasen, portavoz de la Autoridad de votaciones de Berlín, «pero está claro que el Senado deberá abordar después políticamente ese asunto». El objetivo es presionar al gobierno de Berlín para que adquiera, a través de una estructura pública e independiente, viviendas que pertenecen a sociedades con más de 3.000 unidades en la capital alemana en sus carteras. En total, se expropiarían 240.000 viviendas. Están convencidos de que así pondrán fin a la especulación inmobiliaria, aunque el proyecto, todavía sin diseño concreto, difícilmente sería compatible con la ley alemana y ni siquiera el alcalde de Berlín, que apoyó las anteriores y arriesgadas iniciativas, les sigue esta vez en la aventura.
Si en Berlín se están planteando medidas tan radicales es porque la situación de la vivienda se ha vuelto endiabladamente complicada. Solo en los últimos cinco años, desde que el movimiento ‘Mietendeckel’ comenzó a hacerse presente en la esfera pública, los precios han subido un 43 por ciento. La aplicación de un límite a los alquileres vino a agravar el problema, puesto que los propietarios sacaron muchas viviendas del mercado, y encontrar piso se ha vuelto misión imposible para los recién llegados, jóvenes en edad de emancipación, profesionales desplazados por trabajo o familias que necesitan ampliar el espacio.
Mercado negro
La escasez de vivienda disponible, la errática legislación y la demanda galopante, en un foco de actividad empresarial, política y cultural, ha dado lugar en los últimos tres años a un nuevo y repugnante fenómeno: el mercado negro del alquiler. Parte de ellos se han estado pagando en metálico para burlar el tope legal y los intermediarios aprovechan para sacar tajada con comisiones bajo mesa que, a falta de estadística oficial, oscilan entre los 800 euros para los pisos más modestos y los 5.000 en los que en Berlín se denominan «edificios representativos». Hemos llegado a ver escandalosos anuncios en los que se exige sexo periódico a cambio de acceder al alquiler de una habitación en un piso compartido.
El problema de los precios, sin embargo, hunde sus raíces algo más atrás en el tiempo. Retrocedamos hasta 1989, fecha de la caída del Muro. Decenas de miles de berlineses del este huyeron despavoridos abandonando sus viviendas, de las que terminó haciéndose cargo el Senado de Berlín. Era todavía una ciudad militarizada, a la que no llegaba un solo turista y en la que la actividad económica tendía a cero.
El Senado las fue alquilando a precio de mercado irrisorio. En 1997, alquilar 60 metros cuadrados en el céntrico barrio de Mitte apenas costaba todavía 200 marcos al mes, unos cien euros. Y podías comprar esos mismos 60 metros por el equivalente a 15.000 euros. Ese mismo año, por establecer una referencia, el precio medio en el mercado de compra de vivienda en España se situó en las 172.400 pesetas por metro cuadrado, unos 1.036 euros, según datos de la Sociedad de Tasación.
Traslado de la capital
En los años 80 y 90, mientras en el resto de ciudades europeas se llevaban a cabo procesos de gentrificación, ensanches y construcción de urbanizaciones en barrios periféricos y localidades aledañas, Berlín permaneció congelada en el tiempo. El mercado solo empezó a moverse con el traslado de la capital de Alemania desde Bonn a Berlín, que tuvo lugar en el año 2000.
La llegada de ministerios, funcionarios, servicios de seguridad, empresas y servicios incrementó la demanda. Aun así, se partía de una base tan baja que los 60 metros antes mencionados seguían constando en 2002 poco más de 60.000 euros, mientras que en España, no en Madrid, sino en España, esos mismos metros costaban en promedio unos 82.000 euros.
A partir de ese momento, Berlín entra en una dinámica europea estándar, aunque con retraso respecto a otras capitales y con algunas salvedades: aquí no se permite construir vivienda con más de cuatro alturas y la ciudad termina prácticamente en la circunvalación. A efectos prácticos, quienes compraron o alquilaron antes de 2002 disfrutan todavía hoy de unos precios muy bajos en comparación con Londres, París o Madrid y quienes llegaron más tarde lo fueron teniendo cada año más difícil. Más de la mitad de estos son extranjeros y no podrán votar, a diferencia de los viejos berlineses. Y entre quienes compraron a tiempo se encuentran grandes inmobiliarias como Deutsche Wohnen, la empresa en el objetivo de la iniciativa de expropiaciones, que cotiza en bolsa y cuyo nombre ha sido tomado para la campaña de expropiación en las redes sociales: ‘Deutsche Wohnen & Co. Enteignen’ (DWE).
El Senado de Berlín vendió unos 200.000 apartamentos de empresas municipales entre la caída del Muro y mediados de la década de los noventa, de los 482.000 en su poder inicialmente, según el científico social berlinés Andrej Holm. Otra gran venta tuvo lugar en 2004, cuando se deshizo de GSW, con 65.000 apartamentos, comprada por un consorcio de compañías de fondos internacionales por 400 millones de euros.
Deutsche Wohnen terminó haciéndose con ellos por unos 1.700 millones de euros. «Apenas unas semanas después de la privatización, GSW impulsó aumentos de alquiler de hasta un 20 por ciento en gran parte de su cartera. Vista desde hoy, aquella privatización parece un claro error, pero si se llevó a cabo fue porque al Senado de Berlín le costaba más la gestión de aquellas viviendas que lo que recibía en concepto de alquiler, en un contexto de déficit calcificado.
Berlín era y sigue siendo una ciudad-estado deficitaria que se subvenciona con el trasvase de recursos desde otros Bundesländer en los que las viviendas no son tan baratas, como Baviera. «El tope al alquiler empeoró las cosas, los proyectos de construcción siguen pospuestos, las renovaciones aguardan y las colas para ver pisos son cada día más largos, incluso se alquilan sin verlos previamente», reconoce Wolfgang Steiger, secretario general del Consejo Económico de la CDU, el partido de Angela Merkel, quien considera que una expropiación «solo serviría para espantar al capital, pero no para resolver el problema».
Fondos de inversión
«La vivienda es un bien básico, no entiendo que la casa en la que vivo pertenezca a un fondo de inversión y que mi alquiler baile al son de sus intereses bursátiles», se queja Rainer Wild, de la Asociación de Inquilinos de Berlín y partidario de poner coto a esa tendencia con la expropiación. La capitalización de mercado del sector inmobiliario residencial que cotiza en bolsa en Europa ha crecido de 3.500 millones de euros en 2006 a casi 85.000 millones de euros a finales de julio de este año. Pero Wild admite que «es poco probable que los tribunales lo permitan» y que «no conocemos cuál será el resultado final de ese experimento y sus efectos sobre la inversión en Berlín e incluso en Alemania».
Katina Schubert, del partido Die Linke (La Izquierda) y promotora del referéndum, defiende que «está bien que saquemos a las grandes corporaciones del mercado de la vivienda y aumentemos masivamente la proporción de pisos comunales a través de la socialización».
Wolfgang Steiger advierte sin embargo que «para crear más espacio habitable en todos los segmentos de precios en nuestras grandes ciudades como Munich, Frankfurt, Colonia o Berlín, no necesitamos más, sino menos frenesí regulatorio». Y el portavoz de política de vivienda del grupo parlamentario liberal (FDP), Daniel Foest, señala que la iniciativa «no intenta solucionar un problema, sino aplicar una ideología hostil a la propiedad y que bloqueará a las familias que quieren vivir en sus propias cuatro paredes».
Las inmobiliarias, mientras tanto, se enrocan a la defensiva en una fusión. Vonovia ha presentado una oferta por Deutsche Wohnen de 18.000 millones de euros, en lo que puede terminar siendo la gran suma de dos empresas del DAX. La primera oferta ha sido fallida, pero el regulador ha dado una segunda oportunidad exprés. Vonovia persigue 105 millones de sinergias anuales. Juntas gestionarían 550.000 viviendas.
En una rueda de prensa en Berlín para anunciar la fusión, el presidente de Vonovia, Rolf Buch, señaló que tanto él como el presidente del consejo de supervisión de Deutsche Wohnen, Michael Zahn, son conscientes de la necesidad de un «nuevo comienzo» para responder a la situación inmobiliaria en la ciudad. El nuevo consorcio tiene previsto un tope para la subida de los arrendamientos en los próximos tres años de un 1 por ciento anual y a partir de 2025 no superior al IPC para las 150.000 viviendas propiedad de ambos consorcios en la capital alemana.
Una solución negociada
El plan prevé además la construcción de 13.000 nuevas viviendas, un tercio de las cuales de tipo social, así como un portafolio de más de 20.000 viviendas a la venta.
«Es una buena señal para los berlineses y también hacia la política en cuanto a que necesitamos otra forma de cooperación por el bien de los habitantes de esta ciudad», dijo, en una declaración de buena voluntad. Zahn, por su parte, afirmó que como grandes empresas siguen teniendo interés en invertir en la ciudad y se mostró convencido de que encontrar «soluciones pragmáticas» con las autoridades berlinesas, de carácter voluntario y sin tribunales de por medio, es «la vía más rápida y la mejor».
Incluso el alcalde-gobernador de Berlín, el socialdemócrata Michael Müller, apoya este proyecto, como remedio al problema y como medio para frenar un movimiento social que se le está escapando de las manos. Con las inmobiliarias como aliadas y el objetivo de que el Senado gestione vivienda social equivalente al 20 por ciento del total de Berlín, cree que quedaría solucionado el problema de «la estabilidad de los precios y el acceso a la vivienda».