Bahréin condena a pena de muerte a cuatro disidentes chiíes

Los hechos, según la fiscalía, tuvieron lugar el pasado 15 de marzo cuando, en represalia por la muerte de dos manifestantes la jornada anterior, cuatro miembros de las fuerzas de seguridad fueron atropellados en la zona de Sitra, al oeste de la capital Manama. Ese mismo día, el Gobierno de Bahréin declaraba el estado de emergencia en el país e iniciaba su enésima represión contra la disidencia.

Sin embargo, los hechos no son nuevos. Desde que a mediados de febrero se iniciaran las protestas contra la monarquía, al menos 30 personas han fallecido en los disturbios.

En la actualidad, el país del Golfo se encuentra gobernado por la dinastía suní de los Al Jalifa, pese a que la mayoría de su población (70 por ciento) profesa el chiísmo. Una circunstancia que ha exacerbado las tensiones sectarias y que muestra serios visos de extenderse.

No en vano, el monarca de Bahréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, aseguraba recientemente haber frustrado un “complot extranjero -en referencia a Irán- para desestabilizar la región”. Para el mandatario, el ataque se habría preparado “durante un período de entre 20 y 30 años” y su intención sería extender la revuelta chií al resto de países del Golfo.

Pese a ello, desde que comenzara el conflicto, Ali Salman, líder del partido opositor Al Wefaq, ha reiterado que las protestas en Bahréin son un asunto interno, rechazando que Irán juegue un papel decisivo en la crisis. De igual modo, Salman recuerda que su partido “no pide un Gobierno religioso, sino un Estado civil democrático como los que hay en otras partes del mundo, en los que la soberanía reside en el pueblo”.