Una valija diplomática llamada Assange

El gobierno británico ha dejado claro que no reconoce la figura del «asilo diplomático» concedido por Quito a Assange y que, en cualquier caso, «el asilo no debe ser utilizado con el fin de escapar a las decisiones judiciales, como es el caso», según explicaba este jueves el ministro de Exteriores británico, William Hague. Se trata de una figura reconocida solo en el ámbito latinoamericano , que deriva de la Convención de Caracas de 1954.

Se da la circunstancia de que, con el primer ministro Cameron y el viceprimer ministro Clegg de vacaciones en España, Hague ostenta la condición de máxima autoridad del Ejecutivo británica . El asilo político es, en todo caso, una figura fuertemente regulada por el Derecho Internacional, aplicable cuando existen indicios de que un individuo puede sufrir persecución en su propio país por razón de sus opiniones, su credo, su raza o su orientación sexual. No parece que Australia sea el caso.

El gobierno británico está, además, determinado -y obligado legalmente- a hacer cumplir la decisión de extraditar a Julian Assange a Suecia, un fallo ratificado por todas las instancias de la Justicia británica. El Tribunal Superior de Londres validó en abril su entrega a las autoridades suecas, y el Tribunal Superior británico rechazó en junio reabrir el caso, por decisión unánime de sus siete magistrados. Los jueces británicos se caracterizan por su especial meticulosidad y garantismo a la hora de abordar casos de extradición, pero los mecanismos europeos de entrega rápida se basan en el consolidado principio de mutua confianza entre los Estados miembros de la UE. Y ningún gobierno europeo podría tolerar una puesta en cuestión de un sistema radicado en el corazón de la integración judicial comunitaria .

Londres, por otro lado, no está obligado a conceder el salvoconducto que exigen los abogados de Assange, entre ellos el ex juez español Baltasar Garzón , para un posible viaje a Ecuador a «disfrutar» de su nueva condición de refugiado. Ha trascendido, por cierto, que la concesión de refugio conlleva algunas condiciones, entre las que figura, al parecer, el compromiso de Assange de no realizar declaraciones políticas. El ministro Hague dejaba muy claro este jueves que «no le permitiremos un salvoconducto para salir del Reino Unido, ni tenemos base legal alguna para hacerlo». La mencionada Convención de Caracas recoge la emisión de un salvoconducto por parte del Estado anfitrión, pero su ámbito de aplicación se limita al de la Organización de Estados Americanos (OEA).

¿Cuál es entonces el estatus legal del fundador de Wikileaks? Pues se va agravando a cada paso. Assange se entregó a las autoridades británicas en diciembre de 2010, pocos días después de la publicación de los cables del departamento de Estado, para responder por la demanda de extradición remitida por Suecia en noviembre. La fiscalía sueca sospecha que habría podido cometer hasta cuatro delitos de naturaleza sexual, basado en las experiencias de dos mujeres que mantuvieron relaciones con Assange en agosto de 2010, Anna Ardin y Sofia Wilen.

Pero, además, en el momento en que buscó refugio en la legación ecuatoriana hace dos meses, el activista australiano incurría en un delito de violación de las condiciones de la libertad bajo fianza, por lo que podría ser perseguido judicialmente también en Reino Unido. Así, la ex diputada conservadora británica, Louise Mensch, defendía ayer en Twitter que si Assange es juzgado y eximido de culpa en Suecia, «el país nórdico debería estar listo para extraditar a su vez a Assange de vuelta al Reino Unido».

Las soluciones al corto plazo pasan por escenarios rocambolescos. Con la embajada rodeada de agentes de Scotland Yard, parece difícil que Assange pueda llegar a un coche de la embajada con rumbo al aeropuerto, donde estaría protegido por la inmunidad diplomática. En tono de broma, varios comentaristas apuntan a la alternativa de la valija diplomática. Al parecer, en 1984 ya se intentó sacar del Reino Unido a un ciudadano nigeriano metido en una bolsa con sello diplomático, pero los agentes de aduanas lo impidieron en el aeropuerto.

Quizás la única manera que tiene Rafael Correa de evitar que Assange sea extraditado a Suecia es nombrarle embajador de Ecuador ante el Reino Unido o ante la ONU. En esa línea, uno de los defensores del líder de Wikileaks, el pensador islamista, Tariq Ali, ha propuesto que le sea concedida la nacionalidad ecuatoriana para ser, a su vez, nombrado como agregado diplomático . En un escenario legal en el que cualquier hipótesis descabellada es plausible, este cambio de nacionalidad supondría la desnaturalización definitiva de este australiano de 41 años, convertido así en prófugo global.

Entre los 11 y los 16 años, Assange vivió en una huida permanente con su madre, perseguidos por un novio que resultó pertenecer a una secta «roba-niños». Da la impresión de que, desde entonces, el fundador de Wikileaks ha visto su vida desde un salón en casa ajena. En 2008 y 2009, cuando Wikileaks aún no era Wikileaks, Assange «okupó» el sofá de la casa en Wiesbaden de su entonces socio y amigo, Daniel Domscheit-Berg, que renegaría más tarde del proyecto. Desde su tropiezo con la Justicia británica en diciembre de 2010, vivió durante meses en arresto domiciliario en la mansión inglesa de Vaughan Smith. Ahora, asiste a su propio circo legal desde los bajos de una embajada ecuatoriana.

En cama ajena discurrieron también las veladas con dos mujeres suecas que, en el verano de 2010, acudieron a una comisaría de policía a preguntar sobre los riesgos del sexo sin condón. Así surge la sospecha por tres delitos de abuso sexual y uno de violación por los que las autoridades nórdicas quieren interrogar a Assange, una acusación sobre la que existen todavía dudas razonables sobre su génesis. ¿Le tendieron una trampa? La respuesta pasa por que el ciber-activista asuma sus responsabilidades en Suecia y se haga la luz sobre el proceso judicial en su contra. De lo contrario, salvo que le «asciendan» a embajador, sus enemigos habrán lograrlo reducirle a una pesada valija diplomática que hay que sacar de una embajada.

Siguiendo los ritmos procesales que establece la legislación sueca, la Fiscalía no ha presentado aún cargos formales contra el líder de Wikileaks, y reclama su entrega para proceder a interrogarle. No está dicho, por tanto, que Assange vaya a ser sometido a juicio en el país nórdico, cuya legislación es especialmente protectora de la libertad sexual de la mujer. El gobierno de Estocolmo se ha negado a proceder a interrogar a Assange en suelo británico, como ha demandado el entorno del australiano. También se niega a garantizar de antemano que no concedería una hipotética extradición a Estados Unidos. Una solicitud que, por otro lado, no se ha producido, y que requeriría en todo caso de un largo proceso de aprobación por parte de las autoridades judiciales y políticas de Suecia y del Reino Unido.

El jueves, el gobierno sueco convocó al embajador ecuatoriano para transmitir su protesta ante la concesión del asilo.

En cuanto al papel de EE.UU., la defensa de Assange mantiene desde hace tiempo que la entrega a Suecia no sería más que un paso intermedio para para su ulterior extradición a EE.UU., donde el supuesto adalid de la libertad de prensa sería procesado por publicación de secretos, violación de la seguridad nacional o, incluso, por espía o traidor. En abril de 2011 salía a la luz la constitución de un gran jurado en el estado de Virginia , al que la fiscalía de EE.UU. debería convencer de que existen motivos y pruebas suficientes para presentar cargos contra Julian Assange. Las deliberaciones de esta peculiar institución judicial norteamericana son secretas, pero no se han entablado todavía acciones legales contra él.

En su día emergió un sonoro coro de voces que pedían procesar a Assange por «traición», y varios analistas dan por hecho que el gobierno de EE.UU. ha estudiado la posible aplicación de una Ley de Espionaje de 1917. Pero, por otro lado, existen dudas de que el presidente Obama quiera promover, en pleno año electoral, un proceso judicial que le enfrentaría a todos los defensores de la libertad de prensa, incluidos los medios de comunicación. Quien lleva, eso sí, más de 800 días esperando a ser juzgado es Bradley Manning , el soldado detenido en mayo de 2010 por ser el supuesto «garganta profunda» de Wikileaks.

A pesar de los vítores expresados el jueves por los seguidores de Assange ante la legación ecuatoriana cuando el ministro de Exteriores anunciaba la concesión del asilo, la situación legal del fundador de Wikileaks se agrava a medida que crece el conflicto diplomático en torno a él. Londres llevaba dos meses conversando discretamente con Quito, intentando mostrar las garantías del proceso judicial en Reino Unido y en Suecia (se da la irónica circunstancia de que grupos de libertad de prensa como el Comité para la Protección de los Periodistas llevan un año denunciando las descaradas vulneraciones en este campo del gobierno de Rafael Correa).

La filtración de una carta del gobierno británico al ecuatoriano en el que citan la posibilidad de suspender la inmunidad diplomática de la embajada para que entre la Policía -alegando una poco empleada ley de 1987- ha acelerado los acontecimientos, para disgusto, probablemente, de ambos gobiernos. William Hague aclaraba ayer que esa posibilidad de acceso a la legación «no está remotamente cerca». Londres lleva años haciendo un fuerte esfuerzo por incrementar sus exportaciones e inversiones a América Latina, y no quiere abrir un conflicto que será aprovechado más que probablemente por gobiernos como el venezolano, el argentino o el boliviano.

De hecho, Unasur ha anunciado ya que se reunirá el domingo en Ecuador para abordar la cuestión. La organización está dominada por Hugo Chávez y por Cristina Fernández de Kirchner, que no desaprovechará la ocasión de dar una patada a las Malvinas en el trasero de Julian Assange . Hague se enfrenta así a un grave dilema: debe hacer cumplir la orden de extradición a Suecia, pero hacerlo puede costarle un indeseable conflicto diplomático con varios países de América del Sur -con la incógnita del papel que adoptaría Brasil, el gigante regional-.

Mientras, Assange deshoja la desagradable margarita de sus hipotéticos futuros: una imborrable mancha como posible «violador» en tierras nórdicas, una nueva y remota vida en Ecuador, o la «gloria» de caer por la libertad de expresión ante la justicia estadounidense. Una alternativa más cercana aún a la muerte lenta sería la de que se alargue su «estancia» en un bajo de Knightsbridge. Los antecedentes están ahí: el disidente chino Fang Lizhi pasó un año en la embajada de EE.UU. en Pekín en 1989, un cardenal húngaro pasó 15 años en la legación estadounidense de Budapest tras la revolución anticomunista de 1956, y dos miembros de la etnia Derg en Etiopía que viven desde 1991 en la embajada italiana de Adis Abeba, como recuerda la corresponsal diplomática de la BBC .