Arrecian las llamadas a la reforma policial tras la muerte de George Floyd

Arradondo es el primer negro al frente del Departamento de Policía de Mineápolis, un cuerpo al que la fama de dureza y abusos con la minoría negra la precedía antes de la muerte de Floyd. Ascendió en 2017 para implementar cambios después de la trágica muerte de una ciudadana australiana a manos de un agente, que motivó la dimisión de la entonces jefa de policía. Su objetivo era «restaurar la fe» y la confianza con la comunidad a la que sirve la Policía. El caso de Floyd evidencia las dificultades para conseguirlo.

El propio Arradondo había sufrido discriminación dentro del cuerpo policial. En 2007, presentó una demanda contra el departamento junto a otros cuatro agentes negro. Alegaban un «historial de tolerancia de comentarios racistas y discriminatorios entre los agentes blancos» y recordaban un episodio de 1992, en el que todos los policías negros recibieron una circular interna en la que se les amenazaba de muerte, firmada con las iniciales del Ku Klux Klan .

En la demanda se mencionaba al lugarteniente Bob Kroll , un agente que, según la demanda, vestía «una chaqueta de motorista con un escudo cosido de “White Power”», un símbolo de grupos supremacistas blancos.

Kroll es desde hace cinco años el presidente del todopoderoso sindicato de policías de Mineápolis, una organización que explica parte de las dificultades para implementar reformas en los cuerpos de policía de EE.UU.

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey , ha asegurado estos días que buena parte de los obstáculos para producir cambios en la policía viene del convenio colectivo firmado con este sindicato. Kroll, que en el pasado ha llamado «terrorista» a Keith Ellison -un político negro y musulmán de Minnesota que ahora es fiscal general del estado- ha defendido la actuación de los policías involucrados en la muerte de Floyd -este miércoles se agravaron los cargos- y ha subrayado los problemas con la justicia de la víctima.

Pero, sobre todo, ha contribuido a que los agentes de la Policía de Mineápolis actúen como casi «intocables». Según los datos analizados por Reuters desde 2012, nueve de cada diez quejas por mala conducta de agentes acabaron sin castigo disciplinario o intervención para corregir su actuación. Cerca de 3.000 quejas recogidas en ese periodo, solo supusieron el despido de cinco agentes. Según la organización Comunidades Unidades contra la Brutalidad Policial, que tiene sede en Mineápolis, fuera de los despidos, el castigo disciplinario más duro contra los policías ha sido una suspensión sin paga de 40 horas.

El problema tiene relación directa con la muerte de Floyd. Derek Chauvin , el policía que le asfixió mientras Floyd decía «no puedo respirar» e incluso después de desvanecerse, acumulaba 17 quejas por mala conducta. «Si las medidas disciplinarias hubieran sido consistentes y apropiadas, Chauvin hubiera actuado como un mejor policía o estaría fuera del cuerpo», aseguró David Bicking , de la organización contra la brutalidad policial, a «The New York Times».

Las cláusulas del convenio de los agentes permiten que se borren sus registros disciplinarios a los seis meses -lo que dificulta su despido en otros abusos-, no incluyen alegaciones de mala conducta si no acaban en castigo y se les da ventajas procesales en esas quejas, como un resumen de las acusaciones y dos días para consultarlas con el sindicato.

Este tratamiento favorable se repite en muchos convenios en otros cuerpos de policía de todo el país y se une a una doctrina del Tribunal Supremo que ofrece una inmunidad reforzada a los agentes en el desempeño de sus funciones. El resultado es que, en demasiadas ocasiones, actúan con impunidad. En el caso de Floyd, se ve en la acción de Chauvin, pero también en la de los otros tres agentes, que sujetan a la víctima y vigilan la escena con total normalidad.

Esa impunidad parcial tiene como víctima, en su mayor parte, a la minoría negra . En Mineápolis, representa el 20% de la población, pero sufre el 60% de las acciones violentas de la Policía, según datos oficiales de la ciudad. Sucede algo parecido en el resto del país: según un estudio del Departamento de Justicia de 2015, el 3,5% de los negros aseguran haber sido sometidos a fuerza o amenaza de fuerza policial, algo que solo dice el 1,4% de los blancos.

Mineápolis se ha comprometido, otra vez, a impulsar reformas en su Departamento de Policía. El gobernador, Tim Walz , ha abierto una investigación para determinar si hay «prácticas discriminatorias sistémicas» en la Policía contra las minorías. Los legisladores demócratas del Congreso han anunciado el impulso de reformas a nivel nacional, y algunos senadores republicanos se han mostrado dispuestos a negociarlo. Masachussetts, Maryland, Colorado, Oregón o Wisconsin también discuten cambios estatales. El problema es que ocurrió algo similar en 2014 con las tragedias de Michael Brown , Eric Garner o Tamir Rice , y con otras anteriores. Y las reformas de fondo, estructurales, nunca llegan.