El angustioso drama de los venezolanos atrapados en la frontera de EE.UU.

Al ver a su hija dando media vuelta, con el agua cada vez más alta, Sikiu salió de su estupor, y reaccionó. Le dio la mano a Wileska, y volvió a armarse de las fuerzas que la habían llevado a salir de Venezuela ocho días antes, incapaz de soportar un día más las amenazas y extorsiones del régimen chavista : los robos, los allanamientos, las visitas de los colectivos. Sikiu avanzó, y llegó a la orilla de la mano de su hija. Hoy dice que no recuerda exactamente el cruce del río. Sólo que se sentó con los niños, mientras el coyote al que le había pagado 300 dólares huía. En unos minutos llegó la Policía fronteriza de EE.UU. y se llevó detenidos a la madre y a los hijos. Ella por un instante pensó que ya, que lo habían logrado, que pedirían asilo y se reunirían con su marido en Georgia, donde vive. Libres al fin de la miseria y el miedo de estos últimos años en Venezuela.

Pero no. Tras dos días detenida en las celdas de la agencia fronteriza, esta familia fue expulsada tras pedir asilo. El mismo país que ha acusado a Nicolás Maduro de incontables tropelías, que le ha llamado dictador, torturador y asesino, causante de un éxodo de 5,5 millones de personas de un país de 28,5 millones, les daba con la puerta en las narices. Deportados de nuevo a México, uno de los países más peligrosos para los inmigrantes, más si son madres con niños menores. Sikiu lo supo bien. Nada más llegar a Monterrey recibió una llamada del cártel Jalisco Nueva Generación, que la amenazó. «No llames a la Policía», le dijeron. «Recuerda: eres venezolana y aquí estás sola».

No sabe cómo lograron su número. Les prometió que no les daría problemas, que su familia estaba pasando hambre y sólo quería cruzar. Cambió de número de teléfono y de apartamento, y confió en que se hiciera un milagro. Para ello, hace poco se vino con otros venezolanos a Ciudad Juárez .

Como Sikiu y su familia, en los pasados meses casi 7.000 venezolanos han viajado ilegalmente desde México a EE.UU., cruzando el río o el desierto, o saltando el muro, según datos del Proyecto de Inmigración del Centro de Intercambio de Acceso a Registros Transaccionales de la Universidad de Syracuse, que reúne información sobre la Justicia federal en Estados Unidos. Cuando Donald Trump dejó el poder a finales de enero, había 1.657 venezolanos que habían pedido asilo en la frontera , y que en virtud del llamado Protocolo de Protección a Migrantes, una normativa vigente desde enero de 2019, habían sido deportados y esperaban en México una resolución judicial. En el primer trimestre de 2021 se les sumaron otros 1.317, según datos del mismo Proyecto de Inmigración. A fecha de hoy, han sido admitidos legalmente en EE.UU. otros 3.800.

En realidad son más, muchos más los venezolanos que se han unido a los centroamericanos que tratan de entrar ilegalmente en EE.UU. y pedir asilo, pero al no ofrecer el régimen chavista cifras reales del verdadero éxodo humanitario en su país es imposible saber con certeza cuántos son. Muchos están en México ilegalmente, a la espera de cruzar, y por lo tanto no figuran en las estadísticas oficiales. En este país no reciben ayuda, pues el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue reconociendo a Maduro como legítimo gobernante de Venezuela, y el gobierno interino de Juan Guaidó no tiene representación ni presencia aquí. Estos inmigrantes han pedido auxilio a la misión diplomática opositora en EE.UU., pero aseguran que esta les ha dicho que no les puede ayudar porque se hallan al otro lado de la frontera.

Adriana González sabe muy bien lo que es ser un opositor al chavismo que trata de subsistir en México a la espera del cruce. De 37 años, farmacéutica de formación, dejó su casa de Maracaibo el 16 de julio de 2019 porque ya no podía más. «Entraron a mi casa, violentaron las puertas, golpearon a mi esposo, lo enviaron al hospital», recuerda hoy desde Juárez. Si no pagaba la «vacuna», la mordida, la mataban y se quedaban con sus negocios, le dijeron. De Maracaibo, Adriana salió con su marido y sus hijos de 14 y 16 años, por tierra a Maicao, en Colombia, tras pagar 300 dólares por niño a los agentes del chavismo. De Medellín voló a Panamá, y de Panamá a Ciudad de México.

Sus problemas acababan de empezar. Tras entrar en México, Adriana y su familia fueron detenidos supuestamente por no tener los papeles de entrada en regla. «Pero yo tenía todo en regla, pasaporte vigente, partidas de nacimiento, acta de matrimonio, carta de invitación de un ciudadano mexicano… todo», recuerda. Pasaron en total dos semanas en la cárcel . Asegura ella que la razón es que se negó a pagar a unos agentes mexicanos 500 dólares de mordida por pasaporte. Les liberaron finalmente sin darles razón alguna o acuse de recibo, y sin devolverles los pasaportes. Estaban abocados estaban a cruzar ilegalmente si querían poner un pie en Estados Unidos.

Sí le dijeron a Adriana por aquel entonces que estaba entrando en vigor un acuerdo que obligaba a los peticionarios de asilo de EE.UU. a esperar una decisión en México, por lo que se arriesgaban a ser deportados . Era aquel el año en que Trump reconoció a la oposición al chavismo, comandada por Guaidó, como representante legítima de los venezolanos; el del pronunciamiento del 30 de abril; el de las repetidas amenazas de que el uso de la fuerza estaba sobre la mesa para poner fin a los graves abusos contra los derechos humanos de Maduro. «A los venezolanos atrapados en esta pesadilla, sepan que todo EE.UU. está junto a ustedes», dijo Trump en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2019.

El mismo mes de aquel discurso, Adriana cruzó a EE.UU. por Piedras Negras, tras ser extorsionada y amenazada en Reynosa, una ciudad fronteriza. Pagó 100 dólares a una familia para que le dijera cuál era el cruce más seguro, y se lanzó al río Bravo con su familia y las maletas. «Estaba muy, muy asustada porque me decían que si me agarraban los cárteles me iban a violar, que eso no lo podía hacer. Que ahí todo el que cruza tiene que pagar mucho más». Por eso, cuando vio a los agentes de frontera de EE.UU. al otro lado sintió alivio. «Lo más increíble es que nos dieron la mano y nos ayudaron a cruzar», recuerda hoy.

Esa fue la única ayuda que recibió entonces en Estados Unidos. Adriana fue deportada inmediatamente con su familia. Al llegar a México, por Nuevo Laredo, sufrió un ataque de pánico. «Ahí está el cártel de Los Zetas, que tenía a varios en el hotel donde me hospedé, y llegué toda sucia, porque yo entré sin nada, solo con lo que tenía puesto. Casi que me tiro por el vidrio, me jalé de los pelos. Yo decía ¿y ahora qué hago? No tengo dinero, no tengo ropa, no tengo nada», dice hoy.

Finalmente Adriana se armó de paciencia. Y decidió que algo tenía que hacer por ella misma y por los demás venezolanos que estaban en el mismo limbo de miseria y violencia. Comenzó a crear grupos de WhatsApp, en los que logró sumar a 2.000 venezolanos deportados, toda una red de información sobre cada detalle de los cruces. Finalmente viajó a Ciudad Juárez el pasado fin semana, porque se había enterado de que en este punto fronterizo están llamando a peticionarios de asilo en su misma situación. Inmediatamente contactó con Acnur , el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que procesa el registro de deportados que aguardan en México una decisión de Estados Unidos. Aquí vive en un apartamento alquilado con Sikiu Soteldo, la otra venezolana que cruzó con sus dos hijos, y otras familias, a la espera de una llamada de esperanza. Son siete en un piso de un dormitorio, por 14.000 pesos, unos 580 euros, al mes.

Entonces, justo al acabar la entrevista para este reportaje, Adriana recibe una llamada. Es su marido: «Lo hemos conseguido». Tienen cita para cruzar a EE.UU. legalmente. En unos días su familia pondrá fin a este calvario. Gritando, llorando, dando gracias a Dios, Adriana se arrodilla en el suelo. Sikiu se le acerca entonces, y le susurra: «A mí me habían llamado antes, también, pero no me armé de valor para decírtelo hasta que tú también tuvieras cita. Ahora ya podemos cruzar las dos».

Ellas entrarán. Otros, de momento, quedan a la espera, como Lilisbeth Leon, de 25 años, que se queda en Juárez con su marido y sus niños de tres y seis años. También cruzaron el río Bravo por Piedras Negras, pero con un kayak que compraron en un mercado de Reynosa. Fue el 15 de diciembre, con un agua gélida y en el miedo de la noche cerrada, tras pagar 300 dólares a un coyote . «Pasamos mucho miedo porque allí el río es muy alto, y si nos volteábamos podíamos morir», recuerda hoy. Lo mismo, fue detenida y deportada, a Matamoros. Pasó miedo, aterrada por la amenaza del narco y los cárteles. Finalmente vino a Juárez con los demás venezolanos, a los que ahora han ido llamando de Acnur. El ejemplo de estos es una esperanza para ella. Sabe Lilisbeth que cualquier llamada entrante a partir de ahora puede ser para darle la fecha y lugar de cruce, «y un futuro mejor para ellos».