El exdirector de Pemex llega a México extraditado desde España para desenmarañar la trama Odebrecht

«Esta extradición va a ayudar mucho para limpiar de corrupción el país », dijo el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para celebrar la inminente extradición de Lozoya. «Aceptó de manera voluntaria la extradición y hay un compromiso de que va a informar sobre lo que sucedió acerca de los presuntos fraudes de los que se le acusa. Considero que va a hablar de Odebrecht y de otro tipo de ilícitos», dijo López Obrador durante una rueda de prensa en Zapopan, Jalisco.

En un vuelo especial de la Fiscalía General de la República custodiado por agentes de la Interpol, el extitular de la empresa pública aterrizó en la capital y responderá este viernes ante un juez de las acusaciones de varios casos de corrupción que amenazan con salpicar directamente a varios miembros del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Tras prestar declaración, Lozoya seguirá encarcelado en el Reclusorio Norte de la capital mexicana durante las investigaciones judiciales y sus sucesivas comparecencias ante el juez en la que supuestamente destapará múltiples casos de fraudes y corrupción.

Lozoya fue director entre 2012 y 2016 de Pemex, la empresa más grande de México y una de las petroleras más endeudadas del mundo, con una deuda que ronda los 100.000 millones de dólares (unos 87,6 millones de euros). En ese periodo fue cuando se aprobó la reforma energética auspiciada por el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Esa reforma abría la posibilidad de que petroleras privadas obtuvieran contratos de exploración y producción en México a través de subastas públicas. El Gobierno de Peña Nieto otorgó más de cien contratos durante la reforma, algunos a empresa españolas como Repsol.

Según los diarios «Reforma» y «Milenio», Lozoya ha aceptado su extradición porque supuestamente tiene unas 16 horas de vídeo que muestran como varios congresistas aceptaron sobornos para aprobar la reforma energética. Esas evidencias serían entregadas a la Fiscalía de México para que investigue un posible crimen. «Hay información de que hubo sobornos para tener los votos de la reforma energética», dijo López Obrador esta semana.

La reforma energética, cuya implementación ha sido detenida por López Obrador tras su llegada en diciembre de 2018, permitió de nuevo la inversión extranjera en el sector petrolero mexicano. Este sector había sido exclusivo de Pemex desde los años 30, pero Peña Nieto impulso este cambio legislativo en 2013 con el objetivo de impulsar la producción de petróleo en México. Pemex produce actualmente unos 1,6 millones de barriles diarios, un 46% menos que los 3 millones de barriles diarios que extraía 2004.

Lozoya, uno de los hombres fuertes del Gobierno de Peña Nieto, está acusado por la Fiscalía de de haber recibido sobornos de Odebrecht y de participar en la compraventa irregular de una planta de fertilizantes que Pemex adquirió de la acerera AHMSA. Estas compañías deliberadamente incrementaron en un 57% el precio de la compra de la planta de fertilizantes.

Con respecto a Odebrecht, tres exejecutivos de la constructora brasileña afirmaron en declaraciones juradas que Lozoya habría recibido 10,5 millones de dólares entre 2012 y 2016 para que la compañía obtuviera contratos con Peña Nieto. El Departamento de Justicia de EE.UU. estima que la constructora desembolsó 788 millones de dólares en sobornos a cambio de obtener un centenar de proyectos de obra pública en varios países de América Latina.

Hay dos países latinoamericanos en los que todavía no hay condenados por el caso Odebrecht: México y Venezuela. En Panamá, Ecuador, Brasil y Perú hay políticos y empresarios que ya han sido sancionados por esta trama corrupta.

La pronta extradición de Lozoya estrecha el círculo alrededor de Peña Nieto. Bajo el Gobierno de López Obrador, México ya ha arrestado a varias personas clave del entorno de Peña Nieto, incluyendo a Rosario Robles, una exministra, y a su abogado Juan Collado. La semana pasada fue también detenido en EE.UU. el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por un posible caso de corrupción y quien llevaba tres años prófugo. Duarte era una figura clave dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), al que pertenece Peña Nieto.