Maduro lanza una orden de arresto contra la fiscal general, Luisa Ortega

Ortega había designado para el puesto a Rafael González, decisión que este lunes respaldó la Asamblea Nacional, y el Supremo respondió al día siguiente con el nombramiento de Harrington, contraviniendo el artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, según el cual la fiscal general es la única que puede designar al vicefiscal, con validación posterior del Parlamento. «Denunciamos la pretensión arbitraria de la Vicefiscal nombrada por el TSJ de ingresar al MP» , escribió ayer Luisa Ortega en su cuenta de la red social Twitter. A ese mensaje añadió esta advertencia: «Responsabilizo al Sebin y a la GNB de cualquier situación irregular que ocurra contra la sede y funcionarios del MP».

Además, el marido de Luisa Ortega, el diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Germán Ferrer, fue informado de que el Tribunal 31 de Control de Caracas iba a emitir una «orden de aprehensión» contra su esposa . Ferrer aseguró al diario independiente «El Nacional» que se mantienen alertas ante la nueva amenaza del Gobierno de Maduro. Ni el diputado Ferrer ni la fiscal general han ofrecido más detalles sobre el eventual arresto de Luisa Ortega, toda vez que el Tribunal Supremo de Justicia todavía no se ha pronunciado sobre su caso.

El régimen Maduro ha puesto en su punto de mira a Ortega, a la que los chavistas tachan de «traidora» , por mostrarse en contra primero de la apropiación por el Supremo de las funciones de la Asamblea y luego del proceso constituyente impulsado por Maduro, con el que pretende liquidar el actual Parlamento y reformar la Constitución. La fiscal general ha llegado a denunciar la existencia de «terrorismo de Estado» en el país.

El pasado martes la Sala Plena del Tribunal Supremo celebró la audiencia del antejuicio de mérito para enjuiciar a Ortega, a la que ella no se presentó. Este proceso se abrió a iniciativa del diputado chavista Pedro Carreño, que acusa a la fiscal de «ponerse en antagonismo con el poder judicial» y «con el poder ejecutivo» . Ortega había impugnado la designación de una treintena de magistrados del máximo tribunal y niega y dice no reconocer las decisiones del Supremo.

Entre tanto, la opositora Mesa de la Unidad Democrática había convocado para ayer en Caracas la «Marcha contra la dictadura» hasta la sede del Supremo, como reacción al asalto a la sede del Legislativo del miércoles por parte de los violentos «colectivos» afines al chavismo oficial. Se trata de la enésima movilización desde que a fines de marzo el TSJ se apropiara de las competencias de la Asamblea , medida en la que tuvo que dar marcha atrás tras la denuncia de «golpe de Estado».

Una vez más, el régimen se empleó a fondo para reprimir la protesta. Las fuerzas de seguridad lanzaron bombas lacrimógenas en distintos puntos de la capital , incluyendo el interior de dos centros comerciales, los de Sambil en el municipio de Chacao y el del Paseo de las Mercedes, con ancianos y niños que visitaban las instalaciones entre los afectados por el humo.

El asalto de los matones a la Asamblea ha desatado numerosas reacciones internacionales de condena, entre ellas las de Naciones Unidas y del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro , que ha convocado una sesión extraordinaria de este organismo con sede en Washington.

Ayer se anunció la puesta en marcha de un «Movimiento Libertador» , integrado por estudiantes, organizaciones no gubernamentales (ONG) y gremios sociales, para impulsar la celebración de un plebiscito el próximo 16 de julio contra el proceso constituyente impulsado por Maduro.