Alemania triplica las expulsiones de extranjeros

Cerca de un 90% de alemanes quiere que se aceleren las expulsiones de migrantes en situación irregular, según un sondeo publicado el pasado verano por la cadena de televisión pública ARD. Un 86% de los encuestados quiere que se acelere la expulsión de migrantes que no han obtenido asilo y el 62% considera que los extranjeros sin documentos que llegan a las fronteras de Alemania deben ser rechazados. A principios de 2017 y siguiendo esta corriente de opinión pública, el gobierno alemán reformó la ley de extranjería , de modo que entre las principales novedades figuraba la creación de un «Centro federal de Apoyo al Retorno» gestionado por el estado central, una reivindicación del entonces ministro de Interior, Thomas de Maizière, ante la muy distinta actitud de los estados federados. La reforma perite que los servicios de extranjería accedan a la memoria de los teléfonos móviles de los solicitantes de asilo como vía para su identificación cuando no presentan papeles y centros de detención cercanos a los aeropuertos donde los afectados esperarían «el tiempo necesario» a ser expulsados. El programa de incentivos para que los extranjeros abandonen voluntariamente el país está dotado con 90 millones de euros anuales, para financiar viajes de regreso e incluso la reintegración en el país de origen.

El destino principal de estos ciudadanos extranjeros fue Italia, según indican las cifras oficiales, aunque también son expulsados a menudo solicitantes de asilo a España o Grecia. Este tipo de expulsiones a la fuerza habían dejado de aplicarse desde que estalló la crisis de refugiados en 2015 y se han reactivado más recientemente con el objetivo de sacar del sistema de ayudas sociales a cuantos extranjeros sea posible , un objetivo que, todo sea dicho, ya había sido fijado con anterioridad a la crisis de los refugiados, concretamente a raíz de la crisis financiera y para poner barreras a la gran cantidad de inmigrantes europeos que llegaban a Alemania. A finales de 2014, Alemania modificó una ley de inmigración llamada «Ley de libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión Europea». A partir de entonces se permite expulsar a los ciudadanos extranjeros que lleven más de seis meses en el país sin trabajar y que cobren prestaciones sociales, aunque pertenezcan a la UE.

La reforma fue impulsada por los dos partidos que gobiernan de la gran coalición (CDU y SPD) y se vendió ante la opinión pública como la respuesta al llamado «turismo social» y como medida especialmente destinada a rumanos y búlgaros, cuyo ingreso masivo en el sistema social alemán, debido a que la llegada de personas procedentes de estos dos países subió un 414,5% entre 2012 y 2014, pero el hecho es que ha terminado afectando a numerosos españoles. El abogado Lutz Achenbach, que se ocupa a menudo de este tipo de casos, explica que «la única forma de evitar la expulsión es demostrar que tienen un trabajo o que tienen medios económicos para subsistir en Alemania sin necesidad de pedir ayudas sociales» y aclara que en el caso de ciudadanos europeos «a veces no llegan a marcharse, pero pierden las ayudas sociales que estaban recibiendo».