Alberto Fernández se querellará contra Macri por el préstamo del FMI

En el discurso de inauguración del período de sesiones legislativas, Fernández, desenterró el hacha de guerra contra la oposición pese a que insistió, una y otra vez, en la necesidad de una Argentina unida. «He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien una querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra», descerrajó. Dicho de otro modo y en otro párrafo, se trata de, «poner fin a las aventuras de hipotecar el país, es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos y dejen de circular impunes dando clases de economía en el país y en el mundo».

Además de Macri, los destinatarios de esa «querella criminal», serían aquellos que participaron de la concesión de una línea de crédito, de 57.000 millones de dólares en el 2018 (utilizados 44.000), cuando Argentina estaba al borde de la bancarrota. La arremetida judicial apunta directamente al Gobierno anterior pero, según dijo, también afectará, de rebote, las filas del mismísimo Fondo Monetario Internacional. Esto es, a Christine Lagarde, actual titular del Banco Central Europeo y por entonces Directora Gerente del FMI

Las palabras y el tono de Alberto Fernández sorprendieron en un auditorio mermado, según las imágenes de televisión, por la ausencia de legisladores con más miedo al Covid-19 que a la fatiga, en vivo y en directo, de un discurso que, de milagro, no llegó a las dos horas. Las acusaciones y reformas del presidente no dejaron indiferente a las empresas de servicios públicos y a la Judicatura, verdadera diana de este Gobierno. Los primeros, al recordarles el congelamiento de las tarifas de servicios públicos y los últimos, con diferentes iniciativas que, de concretarse, pondrían fin al de por sí renqueante estado de derecho en Argentina. Entre las propuestas, puso sobre la mesa la creación de un «Tribunal intermedio» al Supremo y nuevos mecanismos de elección del Consejo de la Magistratura, equivalente al Consejo General del Poder Judicial. En esa línea de rematar el andamiaje judicial que se resiste a ser colonizado por los poderes Ejecutivo y Legislativo, Fernández advirtió que dará luz verde a los juicios por jurado para «delitos federales» y evitar que sean «los jueces» los «que hagan de la ley lo que les plazca».

La embestida contra la Justicia, última resistencia al poder omnímodo del kircherismo se explica por los últimos fallos que ratifican condenas contra el corazón de los Gobiernos de la viuda de Néstor Kirchner. Aviso para navegantes o para la «capitana» en la sombra del Gobierno, la vicepresidente siente que se aleja su objetivo, evidente, de sacudirse los juicios por corrupta que la persiguen (a sus hijos también). Su meta verdadera, observan sus leales, es evitar conocer la cárcel, espacio del que logra escabullirse gracias a sus fueros.

«El poder judicial, lamentablemente, está en crisis», insistió Alberto Fernández como si hubiera descubierto la pólvora. «Vivimos tiempos de judicialización de la política y politización de la justicia», se explayó el hombre que fue jefe de Gabinete del matrimonio que más poder concentró en la historia y formó parte de aquella estrategia «perokirchnerista» de desmembrar el único pilar que, en última instancia, puede defender la democracia.

En una crisis sin precedente por el escenario histórico de Argentina y la pandemia, la posibilidad de cerrar una nueva negociación con el FMI (renovar la deuda) se alejó como nunca. A un paso de lograrlo desde que asumiera la Presidencia Alberto Fernández , hace poco más de un año, la idea de pactar con un organismo al que h apuesto en la picota, denostan sus militantes y tiene una pésima imagen entre los argentinos, paraceió quedar, para soponcio del ministro de Economía, Martín Guzmán, descartada.