Abogado de Lula: «Le persiguen para que no se presente a las elecciones en 2018»

–¿Lula puede ir a la cárcel?

–No hay base ninguna para una petición de prisión. No pensamos en un hábeas corpus en este momento, no hay nada que justifique una prisión o medida cautelar. 

–¿Por qué insiste en que hay una persecución política contra el expresidente?

–La denuncia no está basada en pruebas. Los acuerdos de confesión para reducir una sentencia no son considerados como pruebas en Brasil, de ahí que de primeras haya un grave vicio en el proceso. Además, la confesión debe ser voluntaria y (el exsenador del PT) Delcidio Amaral afirmó en una entrevista, que fue encerrado en un cuarto oscuro. Quieren impedir legalmente la candidatura de Lula en 2018, pues con una condena en segundo grado no podría ser elegido.  

–Pero la acusación ha presentado pruebas.

–Faltan indicios materiales de delito y autoría. Falta una justa causa. La denuncia parte de hipótesis, convicciones, declaraciones viciadas. El aparato de persecución estatal sólo puede basarse en datos reales. 

–¿Y los inmuebles en la playa y en el campo citados en el caso?

–No son suyos. En 2004, el juez Sergio Moro describió como técnica judicial la filtración de diversos elementos diferentes para fragilizar al acusado y facilitar su condena. Creemos que está usando esa técnica para crear una sospecha difusa para que no se entienda la acusación. La denuncia cita bienes, mientras que el escándalo Lavacoches trata de una supuesta organización criminal. Se busca que los titulares de prensa condenen a Lula antes del proceso legal.

–Usted ha presentado recursos legales contra el juez Sergio Moro. ¿Por qué?

–En marzo, el juez privó a Lula de su libertad durante seis horas. Lula nunca se negó a colaborar. Después difundió en prensa grabaciones privadas, que no son del proceso, para mancillar su honor. Interceptó sus conversaciones con abogados y nuestros teléfonos, aniquilándole el derecho de defensa, algo sin precedentes en el mundo.En España ocurrió algo parecido y el juez (Baltasar Garzón) fue retirado definitivamente de sus funciones. Hay violaciones de las garantías fundamentales del expresidente, de su libertad, su privacidad y su derecho de defensa.

–¿En qué consiste su gestión ante la ONU?

–El comité de derechos humanos analizará si hubo violación de derechos fundamentales, y si condena al país y pide sanciones. Puede sugerir adecuaciones de la legislación a los patrones internacionales. Francia tiene 12 condenas, Australia, 39. Algunos países cambiaron la ley. Moro, por ejemplo, acusa a Lula doce veces y anticipa juicios de valor. Y un juez no puede acusar, debe ser equidistante de la acusación y defensa, si no pierde imparcialidad.

–¿Cómo admitir que no conocía la corrupción en su gobierno a través de Petrobras?

–Petrobras tenía una auditoría independiente que nunca reveló ningún problema. Ni KPMG ni Ernst & Young detectaron nada. ¿Por qué tenía que saberlo él? Se quiere decir que por ser presidente sería responsable de todo. Lo que es incompatible con el derecho penal.