Colombia y Venezuela no logran desactivar la crisis fronteriza

Como Prado, un millar de colombianos fueron deportados de Venezuela y varios miles huyeron voluntariamente a su patria por miedo a ser echados por el Gobierno de Nicolás Maduro, después de que éste decretara el viernes el estado de excepción por 60 días en zonas colindantes con Colombia. La medida incluye el cierre de pasos fronterizos y fue tomada tras un ataque hace una semana en el que tres militares y un civil venezolanos fueron heridos en la ciudad de San Antonio de Táchira, frente a la colombiana Cúcuta, durante una operación anticontrabando.

El hecho, que Maduro achacó a "paramilitares colombianos", motivó la deportación masiva de colombianos que supuestamente vivían irregularmente en Venezuela y que, según el último balance oficial, ascendían a 1.097 personas. Además, según cálculos de las autoridades colombianas, forzó la huida de entre 5.000 y 6.000 más, asustados por los maltratos y robos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Venezuela y temerosos de que una deportación les hiciera perder lo poco que tenían.

La dramática situación fue analizada este miércoles en Cartagena por las cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y Venezuela, Delcy Rodríguez, quienes acordaron mantener la cooperación binacional, aunque no lograron soluciones que pongan fin al cierre fronterizo.

"Tenemos problemas de bandas criminales dedicadas al narcotráfico y el contrabando, el problema del precio de combustible y el diferencial cambiario", dijo Holguín, que anunció próximas reuniones conjuntas para establecer un plan contra las mafias en la región. Holguín indicó a su vez que Venezuela hará una propuesta para combatir el contrabando de combustible -fuertemente subsidiado en ese país- y que se buscarán estrategias para evitar el paso ilegal de otros productos.

El presidente colombiano Juan Manuel Santos, que este miércoles negó en un foro en Bogotá que los problemas de Venezuela sean ocasionados por Colombia, como ha dicho Maduro, visitó por la tarde Cúcuta, donde los deportados recibían apoyo y ayuda humanitaria en varios albergues. "Bienvenidos a su patria", saludó el presidente en uno de los atestados refugios.

Allí, Luisa Olaya, de 26 años, dijo a la AFP, después de contar su historia a Santos, que militares venezolanos la habían sacado a la fuerza el domingo de madrugada del barrio donde vivía cerca de la frontera. "Tumbaron las casas, fue un susto ver esa gente armada y encapuchada", dijo Olaya, quien le transmitió al presidente su deseo de no volver a su natal Medellín, en la que no tiene donde vivir, tras más de un año residiendo en Venezuela junto a su esposo y sus suegros, todos ellos colombianos.

Olaya, que llevaba un bebé en brazos, era una de las decenas de madres de este albergue cuyas caras de preocupación contrastaban con las de alegría de sus pequeños, que correteaban jugando. "Como perros los sacaron en buses, apenas con lo puesto", dijo Joaquín Santos, un funcionario de la Alcaldía de Cúcuta que ayudaba en el albergue. "Ha habido otras crisis humanitarias, pero esta es la peor", aseguró.

En una declaración, Santos reiteró que su Gobierno hará "todo lo que esté a su alcance" para paliar la tragedia de miles de sus compatriotas. Entre las medidas anunciadas, desgranó ofertas de empleo, capacitación, educación para los niños y ayuda para vivienda.

Colombia y Venezuela comparten una porosa frontera de 2.219 kilómetros, en la que ambos denuncian la presencia de grupos irregulares que se lucran con el contrabando de combustible y otros productos muy subsidiados por el Gobierno venezolano.