Japón aprueba la polémica reforma que permite al Ejército actuar fuera del país

El polémico texto, que ha generado un enorme debate en la sociedad nipona, pasará ahora a la Cámara Alta, donde con toda probabilidad se conseguirá su aprobación definitiva en un plazo de alrededor de 60 días ya que el bloque gobernante también ostenta una clara mayoría.

La reforma, que supone el mayor cambio en materia de defensa que afronta Japón desde la II Guerra Mundial , ha suscitado tal desencuentro que el principal partido de la oposición, el Partido Democrático (PD), y otras cuatro formaciones como el Partido Comunista han abandonado el hemiciclo durante las votaciones. Estas fuerzas políticas han criticado duramente al Gobierno por considerar que a los japoneses se les está haciendo «tragar a la fuerza» este paquete legislativo sin que se haya producido el debate necesario.

En este sentido, el jefe de la oposición, Katsuya Okada, calificó hoy la aprobación del paquete legislativo como «una mancha en la democracia » japonesa y recordó que «el 80 por ciento de los ciudadanos estima que son insuficientes las explicaciones que se les han dado, mientras la mitad del país considera la reforma inconstitucional ».

Por su parte, el primer ministro aseguró tras la votación que la situación de seguridad en torno a Japón se está volviendo «cada vez más difícil» y que «esta ley es necesaria para defender a los ciudadanos japoneses y evitar una guerra de antemano».

Coincidiendo con el debate y votación, centenares de personas se concentraron un día más en los alrededores del Parlamento para protestar por la aprobación de lo que consideran una « ley bélica ».

Las encuestas muestran que más de la mitad de los japoneses se oponen a la reforma y que la oposición a la misma ha ido creciendo en los últimos meses, cuando las manifestaciones ante la Dieta y la residencia del primer ministro en contra de este giro histórico se han ido sucediendo periódicamente.

La aprobación de este paquete legislativo ha sido una de las principales ambiciones del Gobierno de Abe (reelegido por mayoría el pasado diciembre) y responde a la polémica reinterpretación de la Carta Magna que aprobó su Gabinete el año pasado.

Hasta entonces, el artículo 9 de la Carta Magna impedía al país recurrir al uso de la fuerza para resolver conflictos internacionales y, por ello, no permitía a las tropas japonesas asistir a contingentes extranjeros ni participar en operaciones fuera del país.