Argentina da carpetazo a la denuncia de Nisman contra Kirchner

Argentina, al menos mientras no aparezcan pruebas o elementos nuevos que dieran pie a otra denuncia en paralelo, no investigará las acusaciones de Nisman donde acusó a la jefa del Estado de organizar un «plan criminal» de encubrimiento contra los presuntos autores del atentado a la mutual judía AMIA , sobre los que pesan «alertas rojas» de Interpol.

De este modo, los jueces Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Luis María Cabral, echaron el cierre definitivo a la causa que también había apuntado contra el ministro de Asuntos Exteriores, Héctor Timerman y un círculo de colaboradores y afines a Cristina Fernández.

En rigor, según los juristas consultados, la Cámara no tenía muchas opciones porque el propio fiscal que terminó, tras varias escalas previas entre sus colegas en instancias inferiores, heredando la causa dijo que no tiene asidero.

El difunto fiscal general, designado para investigar el atentado a la AMIA en julio de 1994, consideraba que Argentina firmo un Memorándum secreto con Irán con el objetivo de que una comisión de la verdad desestimara las pruebas reunidas en el juicio sobre la AMIA, que señalaron a ex miembros del Gobierno de Irán y de su Embajada en Buenos Aires como autores del bombazo que hizo saltar por los aires el edifico que albergaba las sedes de la AMIA y de la DAIA, las dos instituciones políticas y económicas más importantes de la colectividad judía en Argentina. A cambio, según Nisman, el Gobierno de Cristina Fernández obtendría beneficios financieros y energéticos así como otros secretos.

Para sostener sus afirmaciones Nisman aportó, entre otros elementos, cientos de grabaciones telefónicas que la Cámara considera sin validez. «No queda resquicio alguno para operaciones encubiertas o la realización de móviles ocultos porque está todo a la vista», aseguran en su resolución los magistrados.

Nisman murió el 18 de enero, cuatro días después de presentar la demanda y uno antes de comparecer, por voluntad propia, en una comisión del Congreso para explicarla. Hasta la fecha la justicia no determina si fue un homicidio, suicidio o suicidio inducido. Tampoco los peritos médicos se ponen de acuerdo.