Vera Jourova: «Seremos estrictos con EE.UU. para proteger los datos de los europeos»

La UE «no bajará la guardia» ni cederá ante Estados Unidos en caso de que existiese el menor riesgo de vulneración del derecho a la privacidad, en relación con los datos personales de millones de ciudadanos europeos. Así de contundente se muestra Jourova, abogada de profesión, de 51 años, y miembro del partido liberal checo ANO , en cuanto a un inminente posible endurecimiento del acuerdo de Puerto Seguro entre Bruselas y Washington. «Vamos a ser estrictos», asegura la comisaria en entrevista, en Praga, con el portal EurActiv , en servicio especial para ABC.

Entre sus retos más inminentes destaca el lanzamiento de una propuesta de nueva estrategia antiterrorista europea, especialmente necesaria tras los atentados contra el semanario galo «Charlie Hebdo» , y la revisión del acuerdo de Puerto Seguro con Estados Unidos, que debería quedar pergeñada para mayo próximo, siempre que algunos socios comunitarios levanten sus reservas, relacionadas con la protección de la privacidad de millones de ciudadanos europeos.

-Su cartera es realmente muy compleja y abarca muchos temas. ¿Cuáles serán sus prioridades este año y para el resto de su mandato?

-Me he fijado dos prioridades fundamentales: la creación de la oficina del fiscal europeo (EPPO, por sus siglas en inglés) y la reforma de la legislación sobre protección de datos en la UE . Tampoco quiero dejarme en el tintero la directiva de igualdad de trato, y la directiva para el fomento de la presencia de mujeres en los consejos de dirección de las empresas.

Tengo previsto reunirme el próximo otoño con representantes de los Estados miembros y con algunas ONG que trabajan en protección de los derechos fundamentales. Hablaremos de tolerancia y de no discriminación, y sobre la necesidad de abordar, desde la política, el antisemitismo y los sentimientos anti-musulmanes en Europa. También estoy poniendo mi granito de arena al trabajo de la Comisión Europea en temas de seguridad interior y en el combate contra el terrorismo. Tenemos previsto presentar una nueva estrategia de seguridad de la UE este mes de abril.

-El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, le ha pedido que haga el máximo esfuerzo para que la EPPO esté funcionando en 2016. No obstante, varios socios de la UE no están en absoluto de acuerdo. ¿Con qué argumentos les piensa convencer?

-La impresión que me he llevado de varias reuniones del Consejo, es que hay consenso en la necesidad de que exista esa institución. También tengo el respaldo del Parlamento Europeo. Aunque algunos socios tengan opiniones diferentes, estamos avanzando, a pasos pequeños pero decisivos. Mi objetivo es que tengamos el texto final (de propuesta de creación de la EPPO) para el Consejo Europeo de diciembre próximo.

-¿De qué se está hablando y negociando en estos momentos?

(…) De la estructura de la EPPO, de las relaciones con los fiscales europeos delegados, situados en cada Estado miembro, del proceso de selección (de esos fiscales), y de la división de competencias con los representantes de los Estados miembros. Voy a insistir en que la oficina del fiscal europeo sea competente para decidir cómo lidiar con un determinado caso judicial: si hay que transferirlo a un tribunal nacional, o si la fiscalía debe inhibirse. Quiero garantizar, desde aquí, a los Estados miembros que no vamos a obligarles a cambiar sus procedimientos penales nacionales.

Desde mi punto de vista, es fundamental preservar la actual propuesta (de creación) de la EPPO, sin desnaturalizarla, para que merezca la pena ponerla en marcha. Tenemos que evitar que, después de tener que hacer muchas concesiones, al final, el texto se quede en un esqueleto vacío. No tenemos que olvidar que se trata de un proceso que afecta a la gente. Los acusados tienen derechos, entre ellos a un juicio rápido y justo. Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para no dilatar aún más los procedimientos.

-Su próximo reto es garantizar la adopción gradual de la legislación de la UE en materia de protección de datos. El paquete legislativo recibió el apoyo del Parlamento Europeo hace un año, y ahora le toca dar su opinión a los Estados miembros. ¿En qué punto están las negociaciones y qué obstáculos se ha encontrado?

-La reforma de la (legislación) europea en materia de protección de datos es crucial para mantener la confianza de los consumidores en el Mercado Único Digital de la UE . En un principio se avanzó a paso de tortuga en el Consejo, pero ahora vamos a buen ritmo para terminar la reforma este año. El tema más espinoso en estos últimos meses ha sido el denominado sistema «one-stop shop» (o ventanilla única europea) para la protección de datos.

Intentamos encontrar una solución que fuera funcional y rápida: en caso de que alguien haga un uso fraudulento de sus datos, o los utilice con un fin contrario a lo que usted ha autorizado, queremos que sea posible acudir a la autoridad de protección de datos en su país. No será necesario que viaje a España para acusar ante la justicia local a una empresa española, por ponerle un ejemplo.

Al mismo tiempo, estamos trabajando para que las obligaciones legales sobre protección de datos en las instituciones y en las empresas europeas sean más precisas y eficaces. Nos referimos a quién se verá afectado. Hay empresas que no tocan el tema de la protección de datos, y por eso no tiene sentido que tengan un cuerpo administrativo específico que se ocupe de ello. En el otro fiel de la balanza, aquellas empresas cuyos modelos de negocio se basen en el proceso de datos, tendrán que gestionar, desde un estadio inicial, todas aquellas cuestiones relativas a la protección de la privacidad. Es esencial para ganarse la confianza de los consumidores.

-¿Cuándo cree que habrá un acuerdo?

-Vamos a intentar que, como tarde, el Consejo Europeo de junio próximo pueda votar la reforma. Justo después, podríamos comenzar las negociaciones con el Parlamento Europeo. Creo que juntos, con la presidencia lituana de la UE, podemos lograrlo.

-En el marco de las negociaciones con Estados Unidos sobre un futuro acuerdo de Puerto Seguro, también se habla de la protección de la privacidad de los ciudadanos de la UE. La Comisión Europea quiere que EE.UU aplique 13 recomendaciones para mejorar la seguridad de ese acuerdo. Usted se ha fijado como objetivo concluir las negociaciones con Washington para mayo próximo. ¿Hay avances?

-Hemos recibido garantías de que Estados Unidos controlará el sistema más a menudo. Ahora, en el marco del acuerdo de Puerto Seguro, estamos metidos de lleno en la tarea de delimitar responsabilidades en la transferencia de datos personales de las empresas a sus subcontratistas y socios comerciales.

Mucho más complejo es el asunto de -si y cómo- los servicios secretos de Estados Unidos podrían utilizar, alegando motivos de seguridad, los datos que mandamos a ese país. Ellos nos han garantizado que las reglas internas de sus servicios de inteligencia garantizan la protección de esos datos. Lo estamos analizando, e intentamos definir qué quiere decir exactamente Estados Unidos con ello. Tenemos que estar seguros de la interpretación de esas reglas y de su aplicación. He dejado muy claro que vamos a ser estrictos con eso.

-¿Existe la posibilidad de dejar en suspenso el acuerdo de intercambio de datos con Estados Unidos?

-Sí, existe. Pero se trata de un «Plan B». Creo que todavía podemos lograr endurecer el acuerdo Puerto Seguro. Quisiera terminar las negociaciones para mayo próximo.

-En 2012, la ex comisaria de Justicia Viviane Reding presentó una propuesta para reforzar la presencia de mujeres en los consejos de dirección de las empresas. Algunos socios no están de acuerdo en la política de cuotas femeninas. ¿Qué opina?

-En primer lugar, quisiera aclarar que el nombre de la directiva, como tal, podría confundir. La propuesta de legislación tiene por objeto ayudar no solo a las mujeres, sino a cualquier género infrarrepresentado, lo cual, en algunos casos, supondría hablar de los hombres.

En estos días estoy visitando los países que se oponen a esa directiva. Hasta el momento he logrado el apoyo de Austria, y tengo previsto ir a Alemania y Países Bajos. Todavía me falta sumar los apoyos de un país grande y de dos pequeños.

-La propuesta de directiva de «baja por maternidad» lleva durmiendo el sueño de los justos en el Consejo desde hace años. ¿Intentará desempolvarla?

-No es la Comisión Europea quien la bloquea. Los avances dependen del Consejo y del Parlamento Europeo. Junto con los representantes de la Eurocámara y de la presidencia lituana de la UE vamos a analizar en qué punto estamos. Si no logramos un avance significativo para mitad de año, retiraremos la propuesta. No obstante, detecto signos en el Parlamento Europeo que me hacen pensar que se «reflotará» el texto.

-Con el trasfondo de los atentados terroristas contra «Charlie Hebdo» en Francia o los últimos ataques frustrados en Bélgica, la Comisión Europea ha acelerado sus trabajos en torno a una nueva estrategia de seguridad europea, que podría estar lista en este mes de abril. ¿Cuál es su contribución?

-Soy responsable de los temas relativos a derecho penal. Estoy preparando una extensa propuesta sobre la ampliación del sistema europeo de intercambio de información de registros de antecedentes penales (Ecris) a ciudadanos no comunitarios. Por otro lado, me gustaría contar con recursos específicos para la formación de efectivos que trabajen con sospechosos. Además de a fiscales y jueces, eso también afecta a servicios de prisiones y de libertad condicional. El objetivo es impedir que se expanda el radicalismo, que está arraigado especialmente en las cárceles.

En el ámbito de la legislación, creo que los Estados miembros de la UE deberían aceptar una definición común de terrorismo, y de los denominados «combatientes extranjeros» . Muchos socios europeos no consideran crimen el hecho de planificar un viaje al extranjero para ir a combatir. Por otra parte, también tenemos que reforzar la cooperación entre Eurojust y Europol , y ampliar las competencias de Eurojust a países no miembros de la UE como Turquía.

Y por último, pero no menos relevante, creo que tenemos que aplicar plenamente la directiva europea sobre el blanqueo de capitales, que debería ser un instrumento para ayudar a impedir la financiación de las actividades terroristas. La propuesta de confiscación de bienes de origen criminal, que es una iniciativa completamente nueva, es parte de esta estrategia. En estos momentos intentamos ver hasta dónde podemos llegar, y si es correcto confiscar la propiedad de alguien que es sospechoso pero no ha sido acusado ni está imputado.