La Venezuela de Maduro: asesinatos, impunidad y detención arbitraria de disidentes

Torturas con descargas eléctricas, palizas con objetos punzantes, asfixia con bolsa de plástico en la cabeza, quemaduras... El Gobierno venezolano, lejos de condenar o investigar el uso excesivo de violencia, ha aprobado recientemente una resolución en la que permite a las Fuerzas Armadas reprimir con la fuerza que considere adecuada las manifestaciones. Además, en el escrito oficial de la medida, el Ejecutivo le explica a los funcionarios de orden público cómo hacer el «uso progresivo y diferenciado de la fuerza», ubicando «el método del uso de la fuerza potencialmente mortal bien con el arma de fuego o con otra arma potencialmente mortal».

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha instado al Gobierno de Venezuela a no usar las Fuerzas Armadas en el control de las manifestaciones pacíficas. «Lejos de condenar la impunidad, las autoridades continúan justificando el uso excesivo de la violencia en nombre del orden, la seguridad pública y la estabilidad política», escribe por su parte AI en su informe «Venezuela, los rostros de la impunidad».

AI recoge testimonios de estudiantes que recibieron torturas tras su detención: «Nos pusieron en posición fetal, arrodillados y nos golpearon, nos golpearon, nos golpearon. Salió un guardia y dijo que ni porque rezáramos al maldito Dios nos íbamos a salvar, que ese era nuestro último día. A mí me bajaron los boxers y me metieron algo por atrás. Y nos seguían golpeando, golpeando hasta el cansancio». Juan Manuel Carrasco, de 21 años, fue detenido junto con dos amigos la noche del 13 de febrero de 2014 por la Guardia Nacional Bolivariana en el estado de Carabobo, donde tenía lugar una protesta.

Amnistía contactó con víctimas de torturas, familiares, organizaciones y autoridades estatales. Sin embargo, de estas últimas solo obtuvo respuesta de la fiscal general. «El Estado no ha condenado la violencia ni se ha interesado por investigar las denuncias», ha asegurado Esteban Beltrán, director de AI en España, que ha presentado el reporte junto a Nuria García, la investigadora de la oenegé especializada en Venezuela.

En el informe se denuncian igualmente los abusos a los presos en las cárceles del Servicio de Inteligencia (Sebin) , que llegaron hasta el punto de provocar el suicidio de uno de ellos, Rodolfo González, detenido en las protestas.

Funcionarios del Sebin también dispararon a los manifestantes usando armas cortas y largas. Bassil Dacosta Frías , de 23 años, era uno de los participantes de la protesta. Hasta la fecha, ocho miembros del servicio de inteligencia están siendo procesados por la muerte de Bassil, uno con medida de privación de libertad y siete con medidas cautelares.

Así las cosas, para que las elecciones parlamentarias de este año se celebren con normalidad, «el Estado debe dar marcha atrás y garantizar la libertad de los votantes y opositores», ha dicho García. Se refiere especialmente a Leopoldo López , líder del partido Voluntad Popular, que lleva más de un año preso y para quien Amnistía pide su liberación inmediata. Por razones políticas también fueron arrestados, sostiene AI, el alcalde de San Cristobal (estado de Táchira), Daniel Ceballos, y más recientemente el de Caracas, Antonio Ledezma .