¿Por qué México ha intensificado la captura de los grandes capos de la droga?

Calderón, en los seis años de mandato, logró apresar a 22 de los 37 narcotraficantes más buscados. Peña Nieto, en tres años, ha encarcelado a nueve, dos de ellos en apenas una semana: Omar Treviño, el sanguinario líder de los Zetas (por el que Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares), lo que ha supuesto el descabezamiento, de momento, de este grupo; y Servando Gómez Martínez, La Tuta» , del cártel conocido como los Caballeros Templarios, y que tenía relaciones con importantes cargos políticos, algunos de ellos también encarcelados. En ambos casos, sin disparar un tiro.

A estas detenciones se suma otra producida este jueves, la del lugarteniente de «la Tuta», Sergio Huerta Tena, presuntamente, el encargado de las actividades de cobro de cuotas, extorsión, secuestros y homicidios en los municipios de La Huacana, Huetamo, Nuevo Urecho, Churumuco, Ario de Rosales, Tacámbaro y Turicato, en Michoacán.

Estas noticias son gratas y ayudan, todo hay que decirlo, a restaurar el crédito político, un tanto devaluado, del presidente Peña Nieto, que en esta semana ha visitado Londres, donde se ha reunido con Cameron y la reina Isabel II.

Devaluado ante la falta de una respuesta clara a varias de las crisis a las que se enfrenta en este momento el presidente mexicano, la más importante la desaparición de los 43 normalistas en Iguala el pasado mes de septiembre, a cuyos padres no les convence ninguna de las explicaciones ofrecidas por el Gobierno, lo que ha provocado numerosa manifestaciones y altercados en sus calles, además de centrar el foco internacional sobre el país.

A esto se suman varios informes que cuestionan la defensa de los derechos humanos en ese país. Un grupo de ONGs ha pedido al Gobierno mexicano que acate las recomendaciones que emitan los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acaba de visitar México para analizar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos.

«Las organizaciones firmantes coincidimos en que la trascendencia del delito cometido en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y de las graves violaciones de derechos humanos en México requiere un minucioso escrutinio internacional sobre el actuar de las autoridades federales, estatales y locales en el país», apuntan en un comunicado.

El documento está firmado por Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos (LAWG), el Robert F. Kennedy Human Rights y la Oficina en Washington para Asuntos Latinamericanos (WOLA).

Por su parte, el comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, en un informe presentado esta semana en Ginebra ,también se refería a México. «Es un cruel ejemplo de cómo la violencia criminal puede amenazar ganancias democráticas logradas con esfuerzo. He expresado en repetidas ocasiones mi preocupación respecto a la violencia generalizada en partes de América Central y en México, y los vínculos con el crimen organizado, las fuerzas de seguridad y las autoridades locales y centrales», recordó.

También tuvo palabras para los estudiantes de Iguala, cuya desaparición «está lejos de ser un caso aislado, pero desafía a las autoridades a que tomen acciones decisivas para acabar con la impunidad y evitar estos crímenes en el futuro», demandó.