Tsipras no consigue que sus ministros cumplan con Bruselas

El ministro de Reconstrucción Productiva, Energía y Medio Ambiente, Panayótis Lafazánis –del ala izquierda de Syriza –, ha sido el primero en afirmar abiertamente que no tiene la intención de privatizar las empresas eléctricas públicas que están bajo su gestión. Una decisión que se contradice con uno de los puntos más importantes de la lista presentada ante el Eurogrupo. Lafazánis se ha negado en especial a seguir adelante con la privatización de la Corporación Pública de Energía, conocida como DEI (por sus iniciales en inglés, PPC).

En declaraciones realizadas a varios medios de comunicación griegos Lafazánis aseguró que el gobierno heleno «no va a continuar con la privatización de DEI ni del operador de la red de energía, Admie». En el caso de DEI, que desde su creación y hasta hace muy poco tiempo tenía el monopolio total de la energía eléctrica y un sindicato muy activo, estaba prevista la venta de un 30% de sus acciones, que se ha paralizado por ahora. También se opuso a la venta de un 66% del operador de la red energética Admie por la que había mostrado su interés la Corporación de la Red de China (SGCC) y la compañía italiana Terna, que opera la red energética italiana, entre otros candidatos. Pero Lafazánis se excusó diciendo que estas empresas no habían presentado ofertas atractivas.

Lafazánis, antiguo comunista que cree firmemente en una sociedad socialista, ha afirmado que DEI volverá a ser una propiedad estatal que funcionará con criterios de productividad, será respetuosa con el medio ambiente y «ayudará a la reconstrucción productiva del país». «Intentaremos tener electricidad más barata para impulsar la competitividad y ayudar a las familias», afirmó Lafazánis. Preguntado sobre cómo compensará el Estado lo que dejará de ingresar tras frenar las privatizaciones, el ministro afirmó que muchas otras privatizaciones esperadas no se van a realizar y que lo importante «no es vender DEI para poner algo en el presupuesto, porque esos ingresos los pagaremos muy caro». Tras lo que cerró el capítulo afirmando que el gobierno rinde cuentas únicamente al pueblo griego, que lo ha elegido para defender sus intereses.

En esta misma línea de rebeldía ante la UE, el ministro adjunto de Infraestructuras, Jrístos Spirtzis, aseguró que el Gobierno considera que «deben pararse todas las privatizaciones relacionadas con las infraestructuras al servicio del desarrollo del país», en referencia a la privatización de catorce aeropuertos. El consorcio mas interesado en estos aeropuertos, que incluyen el de Rodas y el de Creta, está formado por Fraport (Aeropuerto de Frankfurt) y la compañía energética griega Copeluzos. Su oferta, la mejor, es de 1.200 millones de euros.

Por su parte el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis , declaró ayer en Alpha Radio que Grecia «tiene liquidez suficiente para pagar a sus empleados del sector público», pero que «tendremos problemas de liquidez para pagar los intereses de la deuda contraída con el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional».

Poco antes de realizar estas declaraciones el Ministerio de Finanzas había presentado las últimas cuentas públicas. Los ingresos del Estado griego se contrajeron un 20,3% en enero en comparación con el objetivo fijado en los presupuestos generales, lo que se traduce en una reducción de 935 millones de euros. Los ingresos totales ascendieron a 3.682 millones de euros, una cantidad mucho menor de lo previsto en los presupuestos generales del Estado (4.617 millones de euros) y de lo que se recaudó en enero de 2014 (4.450 millones de euros). El superávit presupuestario alcanzó los 367 millones de euros, frente a los 619 millones en enero de 2014 y a los 1.286 millones previstos en los presupuestos de este año.