Libertad vs. Seguridad: el peligro de legislar en caliente en la lucha contra el yihadismo
Muestras de apoyo a las víctimas tras el atentado sufrido en Francia - AFP

Libertad vs. Seguridad: el peligro de legislar en caliente en la lucha contra el yihadismo

Gobiernos de toda Europa reaccionan a la amenaza con nuevas normas pero, ¿están el miedo y la inmediatez presionando hacia la inconstitucionalidad?

Actualizado:123456
  1. A nuevas amenazas, nuevas leyes

    Muestras de apoyo a las víctimas tras el atentado sufrido en Francia
    Muestras de apoyo a las víctimas tras el atentado sufrido en Francia - AFP

    A nuevas amenazas, nuevas leyes. Los países europeos están cambiando su legislación y lo hacen a la velocidad a la que se viralizan los vídeos de las ejecuciones yihadistas. Pero el remedio podría ser peor que la enfermedad si se legisla para frenar las críticas sociales, sin contar con la opinión de expertos en fundamentalismo religioso y restringiendo derechos y libertades que los europeos no están dispuestos a ceder, dicen diversos expertos.

    «Éste es uno de los "objetivos secundarios" que precisamente se perseguiría desde Al Qaida, aunque todavía no desde Estado Islámico de Irak y Siria», asegura Juan Carlos Estarellas, experto en Salafía Yihadía y colaborador en el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). Según indica, la organización terrorista pretende alcanzar en Occidente cotas de influencia política de primer nivel a través de la violencia, hasta infundir en la sociedad un verdadero clima de terror y miedo.

    Las prisas para legislar y la urgencia de la amenaza no ayudan. Rafael Palomino, catedrático de Derecho eclesiástico del Estado de la Universidad Complutense de Madrid, advierte de que la tentación es «doble» en esta materia. La primera, la de contestar mediante la violencia o justificación de cualquier medio en pro de la seguridad. La segunda, la de renunciar al diálogo atrincherándose en un uso incontinente de todo aquello que pueda albergar la libertad de expresión.

    «Frente a los extremos, el mantenimiento del Estado de Derecho y la apertura al diálogo se hacen más necesarios que nunca», dice Palomino. Sin embargo, de fondo existen problemas de muy difícil solución. «¿Puede dialogarse con otras culturas desde una identidad, la europea, envejecida, a veces difusa? ¿Puede dialogarse con quienes proponen un diálogo asimétrico, es decir, responden con la violencia de las armas a la violencia verbal o gráfica?», se pregunta el catedrático, y añade: «Algunos pensadores opinan que estamos, sencillamente, ante una III Guerra Mundial que se disputa a nivel planetario con elementos desiguales y acciones inéditas».

    En cualquier caso, Europa está en marcha y ha reaccionado a la amenaza yihadista con más medidas de seguridad y nuevas leyes. Algunas se basan en la ampliación incuestionale de recursos, pero en otras ocasiones se ha tratado de normas envueltas en polémica por los derechos y libertades civiles con las que limitan. En las siguientes páginas, expertos consultados por ABC.es analizan algunas de ellas.

  2. Exclusión temporal del país (Reino Unido)

    Uno de los hombres que en 2013 asesinó a machetazos a un soldado en Londres «en el nombre de Alá»
    Uno de los hombres que en 2013 asesinó a machetazos a un soldado en Londres «en el nombre de Alá» - ABC

    Presentado en noviembre de 2014, el proyecto de ley de seguridad y contra el terrorismo de Reino Unido contempla que a un ciudadano británico se le pueda vetar la entrada a su país durante un plazo de dos años, en una medida que puede renovarse indefinidamente. El Secretario de Estado tendría potestad para dictaminar esta medida con el único requisito de que el sujeto sea «razonablemente sospechoso» de estar relacionado con el terrorismo islamista. La única opción de dicho sujeto para volver al país sería si aceptase las medidas del Gobierno, entre las que se incluye un control exhaustivo de sus movimientos.

    Derechos límite

    La primera duda que ha surgido en torno a esta propuesta se sustenta en que es una medida puramente administrativa. El mismo David Anderson, asesor del Gobierno en materia de terrorismo ha subrayado la necesidad de que «los tribunales intervengan en el proceso».

    Y no es el único problema. El Tratado Internacional de Derechos Políticos y Civiles (ICCPR) así como la Declaración Universal de Derechos Humanos prohíben impedir a ninguna persona la entrada a su país de origen.

    Angela Patrick directora de Política de Derechos Humanos de JUSTICE, aseguraba en el blog «The UK Human Rights» que esta medida crearía un poder Ministerial para despojar a las personas —incluidos los ciudadanos británicos—, de su derecho de residencia. «En la práctica, se podría dejar a la gente a merced de terceros Estados, incluyendo riesgo de tortura, ya que son identificados como una amenaza de la seguridad nacional por el Reino Unido».

  3. El Registro de Nombres de Pasajeros

    Un pasajero pasa el código de su tarjeta de embarque por el lector electrónico
    Un pasajero pasa el código de su tarjeta de embarque por el lector electrónico - ABC

    Más de una decena de Estados miembro ( incluyendo España) está creando a nivel nacional un fichero de datos de pasajeros de líneas aéreas, una medida que a nivel europeo se encuentra bloqueada en la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo por entender que el Registro de Nombres de Pasajeros (PNR por sus siglas en inglés) vulnera la directiva sobre protección de datos de personales de la UE.

    «No es una medida de control de fronteras», ha defendido en España el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Su finalidad es la «prevención e investigación de eventuales delitos terroristas», ha asegurado. El registro recogería el nombre del pasajero, la dirección, el teléfono, su origen y destino, así como detalles de la tarjeta de crédito.

    Derecho a la protección de datos

    Sin embargo, en una Europa recelosa sobre la protección de sus datos, existen grandes reticencias a ceder. «De conformidad con el artículo 8 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales toda persona tiene derecho a la protección de datos de carácter personal», explica Cristina Elías, profesora de Derecho Constitucional en la UNED y titular del módulo Jean Monnet de la UE sobre Derecho Constitucional Europeo. «Pero el artículo 8.2 prevé que los datos se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley».

    En resumen, para poder determinar si el PNR vulnera o no el derecho a la protección de datos «hay que examinar en primer lugar su finalidad y si ésta está justificada», dice Elías, «si realmente es necesario un registro general de todos los pasajeros de aerolíneas en la UE y si ello contribuye realmente a mejorar la seguridad». En caso de que se aceptara dicha justificación, se podría pasar a examinar otras cuestiones más concretas, como el tiempo de conservación de los datos, la inclusión de datos sensibles y, en definitiva, si la regulación es o no conforme con un principio de proporcionalidad.

  4. Combatir «las ideologías excluyentes» (Francia)

    l primer ministro galo, Manuel Valls
    l primer ministro galo, Manuel Valls - Efe

    El primer ministro francés, Manuel Valls, anunció tras los ataques sufridos en París que tomaría «medidas excepcionales». Una de ellas, que aún no ha sido desarrollada, consiste en que escuelas y universidades combatan las «ideologías excluyentes», además de inculcar la laicidad como fundamento del Estado.

    ¿Hacia una inquisición laica?

    «La escuela francesa ya venía apostando fuerte por la laicidad como valor básico de la República. En este sentido, no veo novedad», dice el catedrático Rafael Palomino. «Otra cosa distinta es el combate de la ideologías excluyentes». La polémica reside en que el Estado podría estar criminalizando ideas. «Si el Estado decide que el sistema educativo debe combatir las ideologías excluyentes y, simultáneamente, decide qué son ideologías excluyentes, podríamos estar deslizándonos de forma imperceptible hacia formas de inquisición laica», opina el experto. Sería una inquisición laica que haría compatibles la exaltación oficial de la sátira antirreligiosa (protegida por la libertad de expresión) y la condena (como ideologías excluyentes) a todo el que piense de forma políticamente incorrecta.

    En España: inhabilitación a condenados

    En España, el pacto de Estado contra el Terrorismo incluye la inhabilitación especial para ser docente a aquellos condenados por terrorismo previamente. Se trataría de una medida menos controvertida ya que puede estar justificada, opina Palomino. «Claro que afecta a la libertad de cátedra, pero no hay derechos ilimitados y la libertad de cátedra no deja de tener también límites. En este caso, alguien ha cometido un delito grave y este delito afecta a la formación de las nuevas generaciones».

  5. Retirar el DNI y el pasaporte

    Hayat Boumeddiene, la pareja de Amedy Coulibaly, el yihadista fallecido que secuestró un supermercado en París, viajó de Madrid a Turquía
    Hayat Boumeddiene, la pareja de Amedy Coulibaly, el yihadista fallecido que secuestró un supermercado en París, viajó de Madrid a Turquía - ABC

    En Reino Unido, la Policía tendrá poder para confiscar el pasaporte en los puntos fronterizos de entrada o salida a ciudadanos sospechosos durante 14 días —ampliables a los 30 si un tribunal lo aprueba—. En Alemania, el Gobierno ha aprobado un proyecto de ley por el que permite la incautación del DNI, además del pasaporte, durante tres años a aquellos sospechosos de estar ligados a actividades radicales —aunque se les dará otro documento temporal para moverse dentro del espacio Schengen—.

    Derecho a abandonar un país

    Sobre el primer país, la organización Human Rights Watch ya ha advertido de que viola el Tratado Internacional de Derechos Políticos y Civiles (ICCPR) al que pertenece Reino Unido. Dicho tratado establece que cualquiera tiene derecho a abandonar cualquier país, incluido el suyo, así como que deben existir evidencias que justifiquen la retirada de un pasaporte. Lo mismo ocurre en el segundo caso, que está siendo también criticado en el país germano por dejar una puerta abierta a ser utilizado contra colectivos determinados.

    Angela Patrick directora de Política de Derechos Humanos de JUSTICE, aseguraba que el impacto de la medida británica es claro: «Si los documentos de viaje son incautados en un punto de partida, no sólo se restringen los movimientos del individuo, sino que es probable que sufra un daño moral, financiero y otros asociados a la inmediata restricción. Un encuentro perdido, un día de fiesta cancelado, una oportunidad perdida para ver a su familia, un gasto inútil... es fácil imaginar el impacto personal de tener el pasaporte confiscado en la puerta de embarque. En la práctica, esto puede afectar a una serie de derechos individuales de la legislación nacional y de la UE. Por ejemplo, el derecho al respeto de la vida privada y familiar es probable que se vea comprometido en la mayoría de los casos».

  6. Comunicaciones

    Los servicios estadounidenses espiaron durante años el teléfono personal de la canciller Angela Merkel
    Los servicios estadounidenses espiaron durante años el teléfono personal de la canciller Angela Merkel - Efe

    En España, uno de los puntos más polémicos gira en torno a la intervención de las comunicaciones recogida en el antreproyecto de la ley de Enjuiciamiento Criminal. El documento prevé que el ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad puedan ordenar la intervención de las comunicaciones «en caso de urgencia» y para investigar delitos cometidos por organizaciones criminales, de terrorismo, contra menores u otros de especial gravedad.

    Esta medida, aunque tendrá que ser comunicada en un plazo máximo de 24 horas al juez —quien la validará o anulará antes de 72 horas— plantea «serias dudas de encaje constitucional» según el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobado por unanimidad.

    Privacidad

    «El proyecto de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es inconstitucional: habilita al ministro o secretario del Interior a interceptar comunicaciones en asuntos que no sean de terrorismo, lo que viola los artículos 18.3 y 55.2 de la Constitución. Pero, además, permite en supuestos de terrorismo la colocación de micrófonos en viviendas sin autorización judicial. Una decisión de este calado, que afecta al núcleo duro de la dignidad humana, de la privacidad, no la puede adoptar un cuerpo dependiente del gobierno, sino un Poder independiente e imparcial como el judicial», asegura José Luis Ramírez, miembro de la Junta directiva del Grupo Estudios Política Criminal y magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona.

    España no es el único país que cae en la importancia de las comunicaciones. El primer ministro británico David Cameron también ha anunciado que si resulta reelegido el próximo mayo legislará para garantizar el acceso a todo tipo de comunicaciones con una orden del ministerio del Interior.

    Sin embargo, tampoco sería la primera vez que estas normas sufren un varapalo. En 2014, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaraba «inválida» la directiva que obligaba a las teleoperadoras a conservar los datos de sus clientes hasta dos años para luchar contra el terrorismo.

    Proporcionalidad

    En este sentido, el experto en terrorismo yihadista Juan Carlos Estarellas apunta a que Al Qaida y persigue generar un situación de incertidumbre y terror para desgastar y pasar factura a determinados gobiernos que tomen medidas impopulares. «A golpe de atentado van minando poco a poco los derechos de los que gozan nuestras sociedades democráticas», advierte. «Antes de legislar de esta manera quizá los gobiernos debieran analizar concienzudamente qué se consiguen con dichas medidas y si esas medidas son quizás las que las organizaciones yihadistas persiguen: destruir los derechos y libertades fundamentales de la sociedad occidental, nuestro estilo de vida».