Juncker estará rodeado de sus comisarios para afrontar la moción de censura

La moción de censura, que será votada en la Eurocámara el jueves, tiene pocas posibilidades de salir adelante porque precisa el respaldo de dos tercios de los votos emitidos y de la mayoría de los diputados que integran el PE.

Populares y socialistas europeos no parecen dispuestos a pedir la dimisión de una CE que gobierna precisamente gracias a su plácet.

La maniobra contra Juncker ha sido impulsada por el grupo eurófobo conservador Europa por la Libertad y la Democracia Directa (EFDD, en inglés), liderado por el polémico Nigel Farage (UKIP), tras saberse que Luxemburgo pactó ventajas fiscales secretas con casi 340 multinacionales entre 2002 y 2010, entre ellas Pepsi, IKEA, AIG, Coach o Deutsche Bank.

Farage logró las 76 firmas que necesitaba para presentar la moción ante el presidente del PE, Martin Schulz, gracias al respaldo de 44 miembros del EFDD, del que forma parte el Movimiento 5 Estrellas, del italiano Beppe Grillo, y de 32 de eurodiputados no inscritos, entre los que figura la francesa Marine Le Pen, del Frente Nacional.

Juncker, que fue primer ministro de Luxemburgo entre 1995 y 2013, ha dicho que no es el arquitecto del modelo luxemburgués, pero ha admitido que es «políticamente» responsable de lo que ha ocurrido «en cada esquina de ese país» mientras lo gobernaba.

«El escándalo Luxleaks muestra que el presidente de la Comisión Juncker en su vida política siempre ha actuado para enriquecer a su país a la espalda de sus socios europeos», ha señalado el eurodiputado del Movimiento 5 Estrellas, Marco Zanni.

Juncker ha recalcado que no hay «ningún conflicto de interés» con su actual cargo, dado que se ha hecho todo conforme a la legislación nacional e internacional.

Además, ha recordado que la CE abrió en junio una investigación sobre el régimen fiscal que aplican Irlanda, Holanda y Luxemburgo a Apple, Starbucks y Fiat, respectivamente, para determinar si se trata de ayudas de estado ilegales.

Los denominados «tax ruling» son legales, confidenciales y permiten que las empresas soliciten por adelantado a la administración del país conocer qué tratamiento fiscal se les va a aplicar, obteniendo además ventajas fiscales.

Tampoco se limitan únicamente a Luxemburgo, sostiene Juncker, que ha afirmado que las normas nacionales de los Estados miembros de la UE difieren y que ello resulta a veces «en una tasa impositiva que no corresponde plenamente a una fiscalidad justa» o a unos «estándares éticos y morales» generalmente aplicados.

Pero ello se debe a que «no hay una armonización fiscal en Europa o una insuficiente», ha argumentado a mediados de mes.