El secuestro en México: recuento de daños y reparaciones

¿Qué ha pasado en estos seis años? El secuestro en México se encuentra relegado hoy en la agenda pública por el horror de los seis muertos y 43 desaparecidos de Iguala –sí, parecía colmada la indignación–, donde la policía municipal atacó a un centenar de estudiantes de una escuela de magisterio rural el pasado 26 de septiembre en complicidad con el cártel local y por órdenes del alcalde, pero sigue siendo un problema grave por resolver, a la luz de las cifras.

Según los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, basados en las denuncias realizadas en los 32 estados de la República, en 2013 los secuestros llegaron a 1.698 en todo el país, algo que empeora en los registros de 2014, tomados entre enero y septiembre: 1.529 (en el mismo periodo, el año pasado hubo 1.262). Los números son estratosféricos cuando se observa la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y publicada el pasado mes de octubre: 131.000 secuestros en 2013 frente a 105.000 en 2012.

Este baile de cifras entre las denuncias y las estadísticas es uno de los problemas que tiene México a la hora de calcular los delitos. Leonel Fernández, analista de la organización independiente México Evalúa, detalla que la medición del secuestro es precisamente una de las más debatidas, no sólo por arrojar la mayor «cifra negra» –es decir, que ni siquiera se denunciaron y por lo tanto no se pueden conocer con seguridad– sino por la propia metodología de la encuesta. «Al final -dice- los datos que presenta el Inegi se tienen que tratar con cuidado, porque los intervalos de confianza son muy amplios, más o menos del 20%». Ni siquiera se puede ver si el aumento entre año y año fue significativo: «Se puede deber al diseño de la encuesta y no necesariamente al crecimiento».

Por otra parte, tampoco los datos del Secretariado Ejecutivo son confiables, porque el nivel de denuncias es bajísimo en relación con los delitos que se cometen. ¿Por qué? Fernández explica: «Según la Envipe, aproximadamente la mitad de los casos se debe a cuestiones relacionadas con la autoridad: falta de confianza, miedo a que los extorsionen, inutilidad del proceso. Además, cuando alguien sufre un secuestro, lo primero que le dicen es que si avisan a la policía, su familia puede correr peligro. Y también hay mucha gente que no sabe que una denuncia se debe hacer ante el ministerio público, no ante la policía [una distinción que no existe en España]; muchas veces el secuestro sólo se avisa a los policías, y estos datos no los conocemos ni están contemplados en ninguna estadística».

Otro de los problemas relacionados con el secuestro es que los números no permiten distinguir cuántos resultan con la devolución con vida o con la muerte de la víctima ni de qué tipo de secuestro se trata: aparte de la modalidad ordinaria, en México son comunes los llamados secuestros «exprés» , en los que retienen a la víctima durante varias horas obligándole a sacar el máximo dinero posible de sus tarjetas, por ejemplo, y los secuestros «virtuales», en los que, incomunicada la víctima pero no cautiva, hacen creer a la familia que está secuestrada para poder cobrar un rescate. Y tampoco determinan qué tipo de delincuentes efectúan el secuestro: si una banda especializada, o un cártel que se dedica al secuestro como una rama más de su negocio criminal, o simplemente, aprovechados que ven la oportunidad de sacar beneficio de un secuestro pero que ni siquiera conforman una organización. Lo que sí está claro es que las desapariciones forzadas, como las de Iguala o las miles que se han acumulado en estos años de violencia desatada, no se consideran secuestros, aunque a menudo se utilice el mismo verbo: «Para que haya secuestro, tiene que haber una solicitud de rescate o de un beneficio a cambio de la víctima», puntualiza Fernández. «En la desaparición, no hay ninguna comunicación de los victimarios», ultima.

Así las cosas, ¿no ha cambiado nada desde la conmoción que supuso el caso del niño Fernando Martí? Algo sí. Bastante, a decir de Orlando Camacho, director general de México SOS, la ONG que fundó Alejandro Martí tras el asesinato de su hijo –lo mismo que hizo Isabel Miranda de Wallace con Alto al Secuestro. Para empezar, la resolución de aquel crimen: fue la banda de «Los Petriciolet» y casi todos los culpables están entre rejas. Además, Camacho destaca algo que no había: una mayor coordinación entre las fuerzas federales y las estatales. «No en todos lados ni lo suficiente -precisa-, pero al menos hay diferencia: antes, si había una instancia investigando algo, la otra no se metía». En cuanto a los logros concretos, los más importantes han sido la aprobación de la Ley a Favor de las Víctimas del Secuestro y, sobre todo, la creación, a principios de este año, de la Coordinación Nacional Antisecuestro, encargada de conformar unidades especializadas contra este delito. «Podemos decir que hoy tenemos al menos seis unidades especializadas en el secuestro en el país que funcionan, con logros probados». ¿Dónde? Camacho enumera: Chihuahua, Juárez, Nuevo León, Baja California, Chiapas y Puebla.

Frente a ellos, mantienen los más altos índices de secuestro los estados de Tamaulipas, México, Veracruz, Michoacán y Morelos. Caso aparte merecen los sucesos en Guerrero, que Camacho engloba en toda una crisis nacional de seguridad: «Sí es un polvorín, sí hay riesgo de desestabilización, pero es necesario replantearse una estrategia de seguridad en el país basada en temas principales como el mando único de la policía, la reforma de la justicia penal o el sistema penitenciario; cosas fundamentales para poder cambiar las cosas con acciones directas, concretas y en unión con la ciudadanía».