El Congreso brasileño demuestra a Rousseff que no le hará la vida fácil

La primera derrota de Rousseff tras su ajustada reelección es la primera señal de que el Congreso no le hará la vida fácil. Su aliado, el presidente de la Cámara, Henrique Eduardo Alves, propuso la pauta, que era polémica entre los diputados, y celebró la sesión que llamó de «histórica».

La decisión de los diputados puede poner en peligro otra promesa realizada por Rousseff en su primer discurso: la discusión de un plebiscito o un referéndum sobre la reforma política, algo que tampoco interesa al Congreso.

Buena parte de los parlamentarios consideraba la propuesta autoritaria y «bolivariana», por interferir en prerrogativas propias del Congreso. Según la oposición, los consejos están vinculados a la secretaría general de la presidencia, que elegiría los integrantes y definiría la forma de participación.

«Se impone por decreto presidencial un modelo de consulta a la población que es definido por el Poder Ejecutivo. Es una forma autocrática, autoritaria, que pasa sobre el Parlamento», criticó el diputado José Mendonça Filho. «La presidenta Dilma quiere que la elección de los representantes del pueblo se haga a través del Gobierno del PT» (Partido de los Trabajadores), cuestionó el diputado Antonio Imbassahy, líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El Partido de los Trabajadores, de Rousseff, y sus aliados de izquierda trataron de bloquear la votación, pero no resistieron mucho tiempo. Diputados del PT acusaron a la oposición de buscar una «tercera vuelta electoral» al derrotar al Gobierno.

«El decreto mejora y amplia la participación de la sociedad en el control de la gestión pública», señaló el diputado Henrique Fontana, líder del Gobierno en el Congreso.

«Estoy viendo cierta alegría en el plenario por la posibilidad de derribar el decreto, como si fuera un gran derrota del Gobierno, pero después de la victoria retumbante de la presidenta Dilma es algo sin importancia», señaló Jandira Feghali, líder del Partido Comunista.

El decreto, que puede volver al Congreso como proyecto de ley y que aún debe ser discutido en el Senado, prevé un consejo permanente, comisiones temáticas, conferencias nacionales periódicas, una defensoría del pueblo, mesas de diálogo, audiencias y consultas públicas, y un ambiente virtual de participación social. Según el Gobierno, la propuesta de Rousseff era que estas entidades influyeran en las políticas y consolidar la participación como un método de administración pública.