El colapso económico atenaza a Argentina

La presidenta había advertido -o le habían hecho ver- que, en menos de una semana, la maltrecha economía del país se precipitaba a un pozo cercano al de la desesperación. En un abrir y cerrar de ojos, los problemas del pasado que el gobierno se empeñaba en mirar como algo futuro, se convirtieron en abrupto presente por obra y firma de la Corte Suprema de Estados Unidos que ordenó el pago de unos 1.500 millones de dólares (con intereses) a un grupo pequeño de acreedores y fondos de inversión que reclaman su dinero en bonos del Estado -emitidos bajo la jurisdicción de EE.UU.- desde 2001.

Con la espada del juez Thomas Griesa -autor del fallo de 2012, ratificado ahora en la máxima instancia judicial estadounidense a la que está sometida la vieja deuda argentina- sobre la garganta, la presidenta y su ministro de Economía, Axel Kicillof , protagonizaron una cadena de intervenciones públicas que hicieron temblar el mercado de las finanzas y la política, de por sí, bastante zarandeado.

Lo más suave que dijeron fue «extorsión» (por la obligación a pagar), «no pasarán» (los «buitres» para cobrar) y otras perlas que se atragantaron en el juzgado de Thomas Griesa. El juez se apresuró a cerrar las vías del desacato a Argentina, anunciadas por el propio Kicillof, que amenazó con saltarse los tribunales y pagar en Buenos Aires al 92 por ciento de los acreedores que no litigan porque aceptaron entrar en una reestructuración (2005 y 2010) que, en algunos casos, supuso la devolución de un tercio del valor nominal de la deuda.

La propuesta de Kicillof pretendía evitar el embargo de sus giros a ese 92 por ciento de deudores que, a fin de mes, deberían recibir 900 millones de dólares. Si Argentina no alcanza antes un acuerdo o plan de pagos con los «buitres» -bajo el paraguas del juzgado de Griesa- ese dinero no llegará a destino.

Los cinco días que Cristina Fernández tardó en anunciar que pagaría a los «buitres» le salieron muy caros a Argentina. El mercado de divisas informal se disparó y el llamado «dólar blue» se fue por las nubes, las acciones de las principales compañías que cotizan en el exterior se desplomaron y el pánico a una suspensión de pagos hizo recordar los peores momentos de 2001, año de la hecatombe argentina .

«La Anses ( Administración Nacional de Seguridad Social ), el mayor tenedor de bonos de deuda argentina, perdió mucho más que el monto a pagar a los fondos que ganaron el juicio. También pasaron a terapia intensiva las acciones y el plan de inversión de YPF. Asomarse al abismo de un cese de pagos no sólo equivale a aislar más a Argentina del mundo sino a someterla a una dieta de más escasez de dólares, más controles cambiarios, más devaluación, más inflación, menos inversiones, menos crecimiento y menos creación de empleo», sentenció este domingo Néstor O. Scibona , columnista del diario «La Nación».

El contexto en el que se produce este nuevo obstáculo en el camino a la «normalización» de Argentina, como apuntan los economistas, no se puede olvidar. La inflación prevista para fin de año es del 40 por ciento y la recesión estimada es del 2 por ciento, de acuerdo al informe Latinfocus Consensus Forecast , en el que participan, entre otros, Merrill Linch, Oxford Economics, JP Morgan y la propia Unión Industrial Argentina (similar a la CEOE de España). El país tiene el dudoso privilegio de ser uno de los cinco países con mayor inflación del mundo y el segundo de Iberoamérica, por detrás de Venezuela.

Pero Argentina parece, pese a todo, querer despegarse del lastre bolivariano. «Pagó más de quinientos millones por expropiaciones, llegó a un acuerdo con Repsol (más de cinco mil millones de dólares) y firmó otro con el Club de París (casi diez mil millones de dólares)», recordaba el economista Javier González Fraga.

No obstante, el llamado «cepo al dólar», que impide el libre acceso a las divisas de los argentinos, el «bloqueo a las importaciones», a efectos reales, una colección de obstáculos para el ingreso de productos del exterior o la imposibilidad de repatriar beneficios a las multinacionales, suponen un freno para posibles inversores, que «esperan pacientes a conocer cómo terminará este gobierno y quién sucederá a Cristina (Kirchner)», observa un ejecutivo español que tiene congeladas sus inversiones «hasta que esto no cambie». Otro economista, José Luis Spert, calcula que «el déficit fiscal podría ascender hasta el 5 por ciento» este año y, según el Deutsche Bank, la caída industrial rozaría el 3,5 por ciento.

El escenario es delicado porque, mientras Argentina no pueda recuperar el crédito y los precios sigan en una constante montaña rusa , el poder adquisitivo de los sueldos cada día es menor. Además, la devaluación forzó una menor demanda doméstica. Los sindicatos toman nota y amenazan con nuevas huelgas y, algo insólito, hasta le piden al gobierno que baje los impuestos a los vehículos de alta gama porque «hay un parate (parón) en la comercialización de los automóviles, como advirtió el sindicalista Ricardo Pignanelli. Eso sin contar que los cheques rechazados baten cifras récord desde 2002, cuando la cadena de pagos estaba totalmente rota. Hoy representan el 2,24 por ciento de los firmados.