«Los derechos humanos en Turquía han retrocedido en los últimos dos años»
El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty - d. iriarte

«Los derechos humanos en Turquía han retrocedido en los últimos dos años»

El secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, presenta en Estambul un duro informe sobre la represión de las protestas después de Gezi

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El panorama que pinta Shalil Setty (India, 1961) es sombrío. El secretario general de Amnistía Internacional ha acudido a Estambul para presentar el último informe de la organización en el país, titulado “Añadiendo injusticia a las heridas: El año tras las protestas por el parque Gezi in Turquía”, una dura crítica a los abusos de las autoridades contra los manifestantes de la oposición.

¿Cuál es el mayor problema de Turquía en materia de derechos humanos?

El panorama general es que Turquía realmente ha ido hacia atrás en los últimos dos años en términos de derechos humanos. Por ejemplo, la independencia judicial ha estado recientemente sometida a presiones. Hemos visto algunos escándalos de corrupción y su impacto, incluso el reciente desastre minero de Soma y algunas de sus implicaciones, las leyes de internet…

Ha habido algunas cosas buenas, como el fin de la tortura durante largos periodos de detención, o algunas noticias positivas en el proceso de paz kurdo. Pero el foco del informe es lo que ha pasado en el año tras las protestas de Gezi, y los abusos sistemáticos de la policía contra los manifestantes, en lo que creemos que era en gran parte una protesta pacífica. En lugar de usar este año para asegurar justicia para las víctimas y el derecho de reunión pacífica, hemos visto justo lo contrario.

¿Existe impunidad policial?

Se han producido más de 700 demandas por abusos policiales en Estambul e Izmir, y se sabe que miles de personas resultaron heridas, a pesar de lo cual se han abierto muy pocos procesos. La mayoría de las investigaciones han sido archivadas u obstaculizadas. La policía no coopera realmente, y no se ha proporcionado con facilidad las imágenes de las cámaras de circuito cerrado. Ni siquiera se están proporcionando las listas de agentes de servicio aquellos días.

Solo tres fiscales han sido asignados en Estambul, y otros tantos en Izmir, para todas esas demandas. Nos parece que a menos que haya un mecanismo independiente para las demandas sobre abusos policiales, la policía nunca las va a investigar de forma independiente.

El derecho de reunión sigue coartado, y la policía continúa usando gas lacrimógeno y cañones de agua de forma diaria. No es un problema de hace un año. Hace dos días supimos de este incidente en el que murieron dos personas en la región kurda. En la mayoría de los casos, no hay ninguna investigación sobre lo sucedido.

¿Es el gobierno de Recep Tayyip Erdogan plenamente responsable de estos abusos?

¡Es el gobierno, y no hay otro! Hemos sacado este tema constantemente, y no hemos visto ningún cambio en la práctica o en las actitudes. Más bien, las declaraciones del primer ministro amenazan con consecuencias muy serias para aquellos que se manifiesten. Así que las señales que se envían no van a favor del derecho a la protesta pacífica, sino que le indican a la policía que actúe con mano dura.

Podría argumentarse de forma diferente en el caso de aquellos manifestantes que usen la violencia. Pero el tema es que no los puedes tratar a todos igual. La mayoría de la gente se manifiesta de forma pacífica, y la obligación del gobierno turco, tanto según la legislación turca como los estándares internacionales, es asegurar su libertad para ello.

Según la Fundación de Derechos Humanos, citada en el informe, se han iniciado procesos judiciales contra 5.500 personas por participar en las protestas. ¿Qué nos dice esta cifra?

Es una forma de medir el nivel de los ataques contra la libertad de reunión. No tiene precedentes. Un año después de la indignación tanto internacional como en la propia Turquía por lo que sucedió durante las protestas de Gezi, uno esperaría que el gobierno hiciese algo, pero de hecho están haciendo lo contrario. De forma hipotética, si una proporción significativa de estas 5.500 personas son condenadas, Turquía tendrá probablemente el mayor número de presos de conciencia de Amnistía Internacional que hayamos visto en mucho tiempo.

Amnistía Internacional ha seguido de cerca el caso de Hakan Yaman, el hombre a quien la policía apaleo y le sacó un ojo con un objeto punzante, para después arrojarle a una hoguera pensando que estaba muerto. ¿Puede darnos más detalles de este episodio?

Me reuní con él ayer. Para mí era muy importante, porque es uno de los casos sobre los que hemos llamado la atención de forma internacional. Es una historia trágica, es un conductor de autobús que simplemente pasaba por allí. Fue alcanzado por un bote de gas lacrimógeno, justo antes de que la policía le atacase físicamente mientras estaba en el suelo. Ha perdido un ojo, su cara está totalmente desfigurada, y ha tenido que recibir mucho tratamiento postraumático. Tiene una familia con dos hijos, y no puede trabajar. Y su caso no está yendo a ninguna parte. No hay una verdadera investigación, nadie está reuniendo las evidencias, y la fiscalía no puede hacer su trabajo.

[Andrew Gardner, investigador de Amnistía Internacional en Turquía, explica a ABC que la clave del asunto es identificar qué agentes son los responsables de estos hechos. Existen abudantes evidencias gráficas, entre ellas un video de la escena en la que se puede ver el número de serie de un vehículo antidisturbios, que debería ser suficiente para determinar qué oficiales de policía se encontraban allí. A pesar de ello, nada se ha hecho]

¿Podemos hablar de una persecución política?

Está muy claro que la capacidad de las autoridades de aceptar cualquier tipo de crítica se ha ido reduciendo con el tiempo. Para empezar, algunas de las leyes son problemáticas, y creo que se ha abusado ampliamente de ellas durante el último año. Hablo, por ejemplo, de los 29 jóvenes de Izmir juzgados por tuitear y compartir información entre ellos.

Obviamente, hay otras manifestaciones en Turquía, pero no tenemos noticia de ataques contra las manifestaciones progubernamentales. Pero dado que tan pronto como hay una protesta de voces disidentes, se la ataca, podemos hablar de persecución política. Pero nuestra postura es que no importa si se trata de una protesta política, religiosa o de cualquier otra causa, la libertad de protestar pacíficamente es un derecho fundamental.