La pobreza que esconde Kirchner

Pero no sólo José Eduardo ha desaparecido del mapa oficial estadístico. Aunque el número de argentinos que la administración de Cristina Fernández de Kirchner ha barrido debajo de la alfombra varía según quién haga las mediciones, las últimas cifras oficiales publicadas hablaban de que el 4,7% de la población –alrededor de dos millones de personas- estaban bajo el umbral de la pobreza. Los técnicos desplazados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec) —el organismo encargado de elaborar las estadísticas en Argentina y que, en 2007, el gobierno de Fernández de Kirchner decidió intervenir para manipular los resultados de su gestión— aseguran que los pobres rondan el 20,4%, o sea que son unos 8.400.000 de argentinos. Para el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) en el país hay más de 11 millones de pobres. Es el 27,5% de los 41 millones de habitantes.

La polémica por las cifras sobre la pobreza creció cuando la semana pasada, la oficialista Central de Trabajadores Argentinos (CTA) clasificó como pobres al 18,2% de la población. Son 7.681.000 pobres, de los cuales el 4,4% o 1.815.000 serían indigentes. Lo que indica que la situación social medida hasta 2013 estaba lejos de la realidad o que empeoró en el último tiempo cuando Argentina comenzó a vivir signos de estancamiento en la economía.

El ministro de Economía, Axel Kicillof, no dio explicaciones de por qué levantaba la conferencia para dar las datos públicos de pobreza a fines de abril. Al otro día, el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, se encargó de explicar leyendo un papel que el motivo se debió a un «empalme de metodologías». La enigmática frase hizo referencia al intento por remediar los problemas derivados de la manipulación de las mediciones estadísticas que han afectado la credibilidad del país desde hace seis años.

Sucede que por estos días, Argentina no sólo comienza a vivir la pasión del Mundial del Fútbol, sino también una larga campaña electoral que tiene como meta final las elecciones presidenciales de octubre de 2015 cuando finalice su segundo mandato Fernández de Kirchner, quien ya no puede ser reelegida. Para este último año y medio de gobierno que quedan, la administración kirchnerista necesita financiación externa y, en busca de préstamos, ha tenido que arreglar algunos asuntos pendientes como reformular la metodología de la mediciones que hasta hace unos meses negaba la existencia de la inflación, que en realidad ronda el 30% anual.

Con este cambio de metodología surgió una nueva Argentina en cifras y sin pobres. La explicación del borrón de la pobreza apunta a la posibilidad de aceptarla, analiza Daniel Arroyo, quien fue viceministro de Acción Social del ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y conoce bien la problemática. Para el ex funcionario —ahora enrolado en el grupo de trabajo de Sergio Massa, el candidato presidencial por el opositor Frente Renovador y que lidera las encuestas— la metodología del INDEC era buena. «Lo que sucedió es que, en los últimos años, han tomado a los alimentos que integran la cesta básica de la compra, y que determina si se es pobre o no, a precios irrisorios. Al ser el valor de los alimentos falsamente bajos, se encubrió la situación de pobreza», explica. Según Arroyo, con el nuevo método al gobierno la cantidad de pobres le daría alrededor del 27% de la población. «No lo pueden publicar porque es muy difícil explicar ese salto», sostiene.

Arroyo suma dos datos críticos al panorama social argentino actual: además del 27% de pobreza; hay un 34% de trabajo ilegal y un millón y medio de jóvenes que no trabajan ni estudian. «El gobierno oculta la condición de pobre de más de una de cada cinco personas, son nueve millones de personas», explica Adolfo Prat-Gay, ex diputado, político de la alianza opositora UNEN y ex presidente del Banco Central entre 2002 y 2004, durante las presidencias de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner. «¿La razón? Están haciendo lo que les exige el Fondo Monetario, pero no están dispuestos a renunciar a la parte de su relato que dice que en estos diez años bajó la pobreza. En realidad, desde 2007 no se redujo este índice», explica el economista que entabló una demanda penal contra el gobierno por falsear los datos.

José Eduardo Echaniz desconoce esta polémica, pero la vive todos los días. Nunca tuvo un trabajo formal y la alimentación de su familia depende de lo que consigue en la basura o lo que le dan en uno de los comedores comunitarios que funciona en Buenos Aires y donde, en estos últimos meses, más gente acude a pedir comida. «Esta época es la más difícil, ya no hay trabajitos porque hay menos obras de construcción. No es fácil lograr unos pesos para vivir», explica José Eduardo mientras prepara su carro para salir. Son las primeras mañanas frías del invierno de Buenos Aires. Los hijos de José Eduardo juegan con unos globos verdes. No van a la escuela. A unos metros, unos muchachos fuman cigarrillos de tabaco y paco –pasta base de la cocaína- junto a una pequeña cancha de fútbol.

Arroyo insiste que a los tres datos críticos se le suma que a las personas no le alcanza el dinero porque las cosas están más caras y faltan los trabajos temporales que daban la construcción y la industria textil, que permitía sobrevivir a los sectores populares, y que esta parte de la sociedad argentina se ha endeudado en los últimos tiempos.

El no publicar las cifras de la pobreza no sólo tapa la realidad. Arroyo asegura que el gobierno argentino ha creído que había menos pobreza y que por lo tanto no vio la necesidad de implementar políticas sociales. «No es solo el problema de no decir la verdad, sino también de cometer errores fácticos en la implementación de políticas públicas», dice.

La manipulación de las estadísticas también han tenido consecuencias en el ámbito judicial y ha modificado algunos de los logros que hasta este momento hacía gala el kirchnerismo como el crecimiento económico a tasas chinas. Cristina Fernández de Kirchner y parte de sus funcionarios han sido demandados penalmente por la falta de claridad en las mediciones. Ya existen dos causas abiertas. Una por la manipulación de las cifras del crecimiento del Producto Interior Bruto (PBI).

Es que con la nueva forma de hacer cuentas oficiales, entre 2005 y 2012 la economía argentina creció diez puntos menos de lo que resultaba del cálculo anterior: la tasa de crecimiento anual promedio fue 5,9% y no 6,7%. El año que causó una de las demandas es 2008 cuando el gobierno argentino pagó un bono relacionado con el crecimiento del PBI. Según las cifras oficiales anteriores ese año la economía argentina había crecido 6,8%, pero en realidad lo hizo en 3% por lo que se pagaron casi 2.000 millones de dólares cuando no se debía haber pagado nada.

La otra denuncia tiene que ver con la polémica sobre la cantidad de pobres. La demanda —que lleva la firma de los diputados opositores Elisa Carrió, Fernando Sánchez, y Pablo Javkin, y la senadora Magdalena Odarda, y la economista Fernanda Reyes— imputa a la presidenta y a los funcionarios del Indec por falsear, omitir y demorar la publicación de las estadísticas sobre la pobreza. «Los pobres son desaparecidos sociales, el Estado no los reconoce y ha decidido ignorarlos», aseguró Carrió al presentarse ante los Tribunales.

«Nada nuevo», dice José Eduardo Echaniz cuando se le explica lo que están discutiendo en la pantalla de la televisión de un bar de la avenida de Los Corrales en el barrio porteño de Mataderos. «Nunca existimos para los políticos, ahora está más claro».