La corrupción y la pobreza dan alas a Boko Haram en Nigeria

El anuncio se producía tras modificar el sistema de medición del PIB, al tener en cuenta sectores como las telecomunicaciones o la industria local del cine .

La paradoja es evidente. En la actualidad, según el Servicio Nacional de Estadísticas, cerca del 69% de la población (112 millones de personas) vive por debajo del índice de la pobreza y una cuarta parte se encuentra desempleada. Y aquí, la geografía es notable.

«A pesar de que el crecimiento económico de Nigeria es cada vez mayor (al 7% anual), la proporción de nigerianos que viven de forma mísera también va en aumento», reconoce el jefe del organismo, Yemi Kale.

En este sentido, las crisis se muestra más evidente en el norte del país. Por ejemplo, en el Estado de Sokoto (donde reside el líder espiritual del islam en Nigeria, el sultán Alhaji Muhammad Sa’ad Abubakar) el 81.2% de sus residentes viven con menos de un dólar al día. Una pobreza manifiesta de la que se sirve Boko Haram para captar a sus nuevos miembros. Mientras, en el sureño Osun, tan solo lo hace el 38%.

De los 40 africanos más ricos del continente según la lista Forbes, once de ellos son nigerianos. Muchos hicieron fortuna gracias a su «destacado» papel en el Gobierno.

Éste es el caso del general Theophilus Danjuma , antiguo ministro de Defensa y cuya fortuna se calcula en 600 millones de dólares; Sani Bello , ex embajador en Zimbabue, con cerca de 425 millones en sus bolsillos; y Mohammed Indimi (550 millones), familiar del ex presidente Ibrahim Babangida.

Los más, eso sí, se enriquecieron con el petróleo. Como la empresaria Folorunsho Alakija , considerada la mujer de raza negra más rica del planeta y quien ha sabido rentabilizar sus inversiones en moda, filantropía y, sobre todo, oro negro. O Hakeem Bello-Osagie , dueño del holding Premium Telecommunications. «Curiosamente», en la década 80, Belo-Osagie trabajó como asesor gubernamental en petróleo y energía.

Pese a producir cerca de 2,5 millones de barriles de crudo al día, ante la ausencia de refinerías eficientes, Nigeria importa prácticamente la totalidad del combustible que consume, sobre todo, desde Estados Unidos.

Ya en febrero, el gobernador del Banco Central de Nigeria, Lamido Sanusi, acusaba a la compañía nacional del petróleo local - Nigerian National Petroleum Corporation - de saquear de forma sistemática los ingresos del oro negro.

Durante una comparecencia ante el comité de finanzas del Senado, Sanusi aseguró que, de 67.000 millones de dólares vendidos de petróleo entre enero de 2012 y julio de 2013, 20.000 millones continúan «perdidos». Sanusi sería finalmente apartado de su cargo.

Obiageli Ezekwesili , economista y co-fundadora de Transparency International, calcula que hasta 400.000 millones de dólares en ingresos petroleros han sido robados o malgastados desde la independencia del país en 1960. No resulta extraño, por tanto, que su organización haya situado a Nigeria en el puesto 137 de las 174 naciones más corruptas del mundo.

Y la población comienza a cansarse de esperar sentada a un cambio de variable. En enero de 2012 y durante ocho días, el Gobierno de Nigeria se enfrentó a su particular «primavera árabe» después de que el presidente, Goodluck Jonathan , eliminara el subsidio al carburante. Durante aquellos días, el coste al litro pasó de los 65 naira (31 céntimos de euro) a los 140 naira (68 céntimos), sumergiendo al país en una cruenta huelga general.

Finalmente, el precio final de la gasolina quedó estimado en 97 naira por litro (cerca de 47 céntimos de euro). Medida ciertamente irracional en un país donde la mayor parte de la población sobrevive con apenas dos dólares al día.

Aunque más sangrante fue que solo cuatro meses después –en mayo-, un informe del Parlamento nigeriano revelara la «corrupción endémica y la ineficacia arraigada» que había sufrido este régimen de subvenciones al combustible en los años anteriores. En el documento se denunciaba cómo, entre otras cuestiones, la mala gestión y el robo de combustible por parte de los funcionarios del Gobierno costaron cerca de 5.500 millones de euros en tres años, alrededor de un cuarto del presupuesto anual del país.