Las extrañas «evidencias» de la justicia en Turquía

Los hechos probablemente habrían pasado desapercibidos si no hubiesen sido registrados por un cámara de la televisión privada Flash TV, que ayer hizo público el video . En él puede verse cómo uno de los agentes le coloca por la fuerza el pañuelo a un joven manifestante, que trata de librarse de él, mientras otro policía toma fotografías.

Dada la intensidad del conflicto entre el estado turco y la guerrilla kurda del PKK, que se ha cobrado cerca de 40.000 víctimas desde los años 80, y de la dureza de la ley antiterrorista turca (la segunda más severa de Europa después de la del Reino Unido), el uso del «pushi» tiene a menudo un significado político que puede llevar a que los tribunales lo consideren una prueba legítima de terrorismo.

Así le ocurrió, por ejemplo, al joven Cihan Kirmizigül, quien en 2012 fue condenado a once años de cárcel por, supuestamente, haber arrojado un cóctel molotov durante una manifestación en Estambul. El único elemento incriminatorio contra él era el llevar el «pushi» al cuello cuando fue detenido (mientras esperaba tranquilamente en una parada de autobús, como señaló su abogado) y la identificación de un confidente, quien se retractó antes del juicio. Un mes después de esta condena, otro juez admitió un limón , hallado en el bolsillo de un trabajador kurdo, como prueba de que el acusado había participado en enfrentamientos con la policía. La fiscalía pidió para él 25 años de cárcel por «actividades terroristas».

Ciertamente, la atmósfera política no es la misma en 2014, tras un año de negociaciones entre Turquía y el PKK y una larga tregua de la guerrilla kurda. Pero no invitan al optimismo casos como el de la joven Ayse Deniz Karacagil, acusada de terrorismo por su participación en una manifestación que terminó en disturbios. La estudiante portaba una bufanda de color rojo, que durante el proceso de instrucción fue considerado por la Policía como una prueba de «socialismo» y de militancia en una de las organizaciones armadas de Turquía, el grupo marxista DHKP/C. La semana pasada, la fiscalía solicitó una pena de cinco años de prisión para ella y otros cuatro acusados.

Y no es el único caso: hace dos años, en el juicio contra tres detenidos durante la celebración del Primero de Mayo en 2011 en la provincia de Çorum, se presentaron banderas con la hoz y el martillo encontradas en las casas de los acusados, a modo de prueba de su pertenencia al DHKP/C.

Paradójicamente, estos criterios no parecen aplicarse de la misma manera a todos los imputados. Esta semana, la fiscalía de Estambul ha desestimado los cargos contra 60 detenidos en una de las grandes operaciones policiales lanzadas el pasado diciembre , que implicaron a altos cargos del gobierno y sus parientes en complicadas tramas de corrupción. Entre los acusados se encontraba el hijo del Ministro de Medio Ambiente y Urbanismo, Erdogan Bayraktar, y el magnate de la construcción Ahmet Agaoglu, un amigo íntimo del primer ministro Recep Tayyip Erdogan. A pesar de todas las evidencias recogidas por las unidades anticorrupción durante más de un año, entre ellas numerosas conversaciones telefónicas y registros de vigilancia policial, el fiscal ha ordenado la retirada de los cargos por «falta de pruebas».