Ucrania se compromete a no perseguir judicialmente a los prorrusos que se rindan

Asimismo, Turchínov se ha mostrado dispuesto a firmar un decreto que dote de mayor seriedad a sus palabras, respondiendo de este modo a la petición del grupo parlamentario del Partido de las Regiones (PR) de aprobar una amnistía para los participantes en las protestas en el sureste del país.

Hasta el momento, los activistas prorrusos mantienen ocupadas las sedes del Gobierno regional de Donetsk y del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en la ciudad de Lugansk . El ministro de Interior ucraniano, Arsén Avákov, se ha apresurado a afirmar que, si la situación no se resuelve, el Gobierno se verá obligado a recurrir a la fuerza para restablecer el orden.

No en vano, los esfuerzos de las autoridades de Kiev por restablecer el orden en las regiones de Lugansk y Donetsk no gustan en Moscú. De hecho, el Ministerio de Exteriores ruso advirtió hace dos días en un comunicado publicado en su página web que los «preparativos militares» que el Gobierno ucraniano está llevando a cabo contra los activistas prorrusos en la parte oriental del país pueden provocar una «guerra civil».

La Cancillería rusa sostiene que entre las fuerzas enviadas por Kiev a Donetsk, Lugansk y Járkov hay «militantes de la organización armada ilegal Sector de Derechas» y también «150 especialistas norteamericanos del grupo paramilitar privado Greystone (filial de Blackwater, famosa por sus trabajos en Irak) vestidos con el uniforme de la unidad Sókol (halcón)» de operaciones especiales. Según la nota, «se les ha encomendado la misión de acabar con las protestas de los habitantes del sureste del país contra la política del Gobierno». Moscú alerta además sobre la «amenaza» que tales operaciones constituyen «contra los derechos, las libertades y la vida de ciudadanos pacíficos», informa Rafael M. Mañueco, corresponsal de ABC en Moscú.