El largo camino a casa de los «Interahamwe», los verdugos de Ruanda
Imagen de archivo en la que un soldado de Zaire inspecciona la pila de armas abandonadas por el Ejército ruandés tras el final de la guerra civil de 1994 - reuters

El largo camino a casa de los «Interahamwe», los verdugos de Ruanda

Antiguos promotores del genocidio de Ruanda en 1994 y que huyeron entonces a la República Democrática del Congo se reincorporan ahora a la vida civil en su país de origen

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Sus rostros no caben en sí de gozo. Es diciembre de 2011 y los jóvenes Eugene Nsengiyaremye y Theogene Kalisa acaban de recibir, al fin, su graduado en Finanzas y Banca por el prestigioso centro universitario SBF de la capital de Ruanda, Kigali.

No nos engañemos. El hecho, en sí, apenas es una mera estadística. Aunque no la identidad de los beneficiarios: Nsengiyaremye y Kalisa son ex combatientes de un conflicto -el de la región de los Grandes Lagos- que desde 1998 se ha cobrado la vida de al menos cinco millones de personas.

Al menos, en su caso, el fusil ha dejado paso a la pluma.

«Nuestra misión se centra en que los actuales rebeldes ruandeses que combaten en la República Democrática del Congo se incorporen a la vida civil», asegura a ABC Michael Butera, jefe de operaciones de la Comisión de Desmovilización y Reintegración de grupos armados.

«Desde 2001, hemos logrado repatriar a más de 10.000 ex guerrilleros», reitera.

El proceso, lo cierto, no resulta del todo sencillo. Tras abandonar las armas, cualquier ex miliciano como Nsengiyaremye o Kalisa realizará un curso de tres meses en Ruanda (dedicado a borrar las heridas psicológicas) para, posteriormente, incorporarse a la vida civil en su país de origen.

«La base del proceso es el perdón de todas las partes», señala Butera. Aunque, a veces, las sinergias jueguen en contra.

En la actualidad, la mayor parte de estos rebeldes proceden de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) -un grupo armado formado, en gran parte, por ex miembros de la guerrilla 'Interahamwe', quienes llevaron a cabo el genocidio de Ruanda en 1994 y se refugian ahora en el este del Congo. Una milicia, acusada de orquestar las más cruentas agresiones contra los derechos humanos en la región.

Pese a ello, las heridas son evidentes también en su tropa.

Para muestra, un botón moral. En 2010, al menos 9.713 ex combatientes desmovilizados fueron inspeccionados por equipos médicos ruandeses (prácticamente la totalidad de la tropa reintegrada hasta esa fecha). De ellos, 2.512 contaban con trastornos severos provocados por los combates; ya fueran paraplejía, grave deterioro cognitivo o ceguera.

Y todos, con nombre y apellidos: Ferdinand Muhirwa, aquejado de doble amputación de sus miembros. Eugene Muhikira, mutilado de uno de sus brazos.

Falta de reconocimiento

No son los únicos: A día de hoy, las estimaciones más realistas establecen que, en la región, operan entre cinco y seis mil rebeldes congoleños (ligados a cerca de 17 milicias), así como tres mil combatientes ruandeses (en su mayoría, del FDLR).

Sin embargo, como señalan fuentes de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (Monusco) consultadas por este diario, el mayor problema de estas milicias locales es su falta de «reconocimiento» por parte del Gobierno congoleño.

La situación es simple (o no): Pese a la beligerancia de la zona, el Ejecutivo de Kinshasa no reconoce la existencia de ningún grupo armado local, admitiendo tan solo la presencia de combatientes extranjeros, caso del FDLR, en su territorio (las milicias locales congoleñas son calificadas de «bandidos», no de rebeldes).

Aunque algunas evidencias sean complicadas de negar. A principios de abril de 2012, decenas de ex combatientes del grupo armado rival tutsi Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo abandonaban las fuerzas estatales para generar un nuevo movimiento denominado M23 (en honor a los acuerdos del 23 de marzo de 2009).

Por entonces, los rebeldes reconocían que su huida tan solo era debida a las «inhumanas» condiciones de vida que sufrían en el Ejército (donde habían sido integrados conforme a este tratado de paz), así como al impago de salarios. Precisamente, los rebeldes del CNDP (ahora M23) nunca fueron procesados conforme a un programa de desmovilización, sino por un acuerdo especial que les dio una reintegración directa en el Ejército congoleño, sin apenas control.

«Solo queremos que se respeten los acuerdos de paz. Conforme a éstos, el Gobierno de Kinshasa está obligado a garantizar una amnistía a los presos políticos, la integración de los grupos armados en las fuerzas estatales, proporcionar seguridad a la población tutsi, así como promover el retorno de los refugiados», reconocía entonces a ABC Bertrand Bisimwa, representante del ala política de los rebeldes congoleños. «Nada se ha cumplido», señalaba Bisimwa.

Finalmente, el grupo armado anunciaría el cese de la violencia a finales del pasado año.

Espiral de violencia

Aunque la cuestión no parece ni mucho menos finiquitada.

Hasta 2009, los milicianos del FDLR fueron los grandes aliados del Ejército congoleño contra las fuerzas de Laurent Nkunda (por entonces líder del CNDP). Y a día de hoy, cuando la milicia tutsi cabalga de nuevo bajo otro nombre, los rebeldes hutus del FDLR podrían ser utilizados como fuerza de choque contra los opositores.

No en vano, si nos fijamos en las últimas estadísticas de repatriación de ex combatientes (después de la creación de la M23) se ha producido una disminución evidente en el número de miembros.

Más importante aún será conocer si Ruanda, frente al nuevo escenario, aún está interesada en recibir a nuevos combatientes desmovilizados de las FDLR, ya que su llegada podría aumentar el riesgo de conflicto interno.

¿En juego? No poca cosa: El futuro de ex milicianos como Eugene Nsengiyaremye y Theogene Kalisa.