Texas retoma las inyecciones letales con el permiso del Supremo

Las autoridades tejanas se negaban a desvelar el origen del pentobarbital (un barbitúrico usado en las inyecciones letales), porque aseguran que el secretismo es necesario para proteger a las empresas farmacéuticas que proporcionan las drogas ante posibles amenazas o intimidaciones.

En los últimos meses ha crecido el número de farmacéuticas, sobre todo en Europa, que se niegan a suministrar estos compuestos a las autoridades penitenciarias de EEUU.

Una remesa de pentobarbital que Texas había comprado en un fabricante de Houston se caducó a finales de marzo. La empresa se negó a nuevos suministros después de sufrir amenazas. Las autoridades encontraron una nueva fuente de esta droga, que prefirieron no desvelar.

Los abogados de Smells y de Ramiro Hernández-Llanas, otro reo cuya ejecución está prevista para el 9 de abril, se basaron en que el desconocimiento del origen de la droga podría dar lugar a una muerte excesivamente dolorosa, algo que la constitución de EEUU rechaza en su prohibición de «castigos crueles e inusuales».

El debate público sobre el origen y la composición de las drogas en las ejecuciones se agitó el pasado enero en Ohio, cuando se aplicó una inyección letal con una combinación farmacológica nueva a Dennis McGuire. Su ejecución duró 24 minutos, y se pasó diez minutos resoplando y con gestos de asfixia.

Las últimas palabras de Michael Lee Wilson, un reo ejecutado en Oklahoma, también en enero, fueron: «Siento que se me quema todo el cuerpo». Se le suministró una mezcla de drogas, incluido el pentobarbital.

Los testigos en la ejecución ayer de Smells aseguraron que empezó a roncar tras la inyección y dejó de moverse un minuto después. Su muerte se declaró a los 13 minutos.

Es muy probable que las reclamaciones de los abogados y de los grupos contrarios a la pena de muerte se intensifiquen en los próximos días: Texas, el estado que más penas de muerte cumple, tiene previstas otras cuatro ejecuciones hasta el 21 de mayo.