¿Por qué esconde el gobierno británico las cartas del Príncipe Carlos a los ministros?

El diario británico « The Guardian » lleva nueve años exigiendo en los tribunales su derecho a hacer público el contenido de 27 cartas –«especialmente francas en ocasiones», según Grieve– enviadas por el príncipe heredero entre septiembre de 2004 y abril de 2007 a siete ministerios diferentes del gobierno presidido por el laborista Tony Blair. El Príncipe de Gales se dirigió en concreto a los departamentos de Industria, Sanidad, Educación, Medio Ambiente, Cultura, Irlanda del Norte y al ministerio de Presidencia (Cabinet Office).

En 2012, Grieve ejerció el derecho a veto , con el apoyo del gobierno conservador que dirige David Cameron, contra la decisión de un tribunal de autorizar la publicidad de las cartas al amparo de la ley de transparencia británica (Freedom of Information Act) y del derecho a saber. Para justificar su decisión, el Fiscal General advertía del riesgo de que las cartas generaran la percepción «en otros de que [el príncipe de Gales] discrepa de las políticas del gobierno».

Y argumentaba que «esa percepción dañaría seriamente su papel como futuro monarca porque si renuncia a su posición de neutralidad política como heredero al trono, no podrá recuperarla fácilmente cuando sea rey». Con esta lógica constitucional, Grieve tumbó la decisión de septiembre de 2012 de un tribunal independiente especializado en acceso a la información, que reconocía el derecho de Rob Evans –el periodista del «Guardian» que firma la demanda– de ver la llamada «correspondencia de opinión» (advocacy correspondence) del hijo de Isabel II.

Según aquella decisión, «será en general de interés general que haya transparencia sobre cuándo y cómo el príncipe Carlos intenta influir en el gobierno». Ahora, la nueva sentencia conocida la semana pasada [puedes consultarla aquí en inglés] niega a Grieve la autoridad de vetar la publicación de las cartas. Según el tribunal de apelación, presidido por Lord Dyson –el segundo juez de mayor rango en la judicatura de Inglaterra y Gales– el Fiscal General no puede impedirlo «simplemente porque discrepe de la decisión» del tribunal».

Los tres jueces denuncian que Grieve, en su decisión de vetar la sentencia de septiembre de 2012, «no pudo apuntar a ningún error en el derecho o en los hechos de aquella decisión» del tribunal especializado, que califican respetuosamente de «meticulosa». Advierten, además, que las leyes europes no permiten un veto semejante, y recuerdan que los ministerios afectados no solicitaron siquiera el derecho a recurrir contra la publicación de la correspondencia.

La sentencia de la semana pasada no concluye el proceso, porque autoriza al Fiscal General a presentar un último recurso de apelación ante el Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial. Pero ha agravado el debate sobre las prerrogativas reales en una monarquía consuetudinaria que carece de constitución escrita. Según explicó el director de «The Guardian», Alan Rusbridger, a la BBC , la publicación de las cartas permitiría «clarificar el papel de la monarquía».

«El público tiene el derecho a saber si el heredero al trono defiende ciertas políticas o promueve causas ante los ministros del gobierno», explicaba un comunicado del rotativo progresista la semana pasada. El príncipe Carlos es conocido, de hecho, por su defensa de causas asociadas a la defensa del medio ambiente y de la vida rural inglesa. Su primera carta al gobierno de la que se tiene constancia data de 1969, en la que se interesa por las medidas de protección del salmón del Atlántico. Más recientemente, el heredero al trono de los Windsor lanzó duras críticas a los «lobistas empresariales» que cuestionan el cambio climático, una cuestión que genera fuertes divisiones dentro del gabinete que preside Cameron.

¿Son compatibles esas opiniones con la neutralidad de la Corona? ¿Pueden los miembros de la Familia Real intentar influir en la acción del Ejecutivo? En el Reino Unido no hay una ley que recoja las funciones de la monarquía, delimitadas por una mezcla de convenciones y de leyes que se remontan al Acta de Establecimiento de 1701, que regula la sucesión al trono. Según estableció en 1867 el constitucionalista británico por antonomasia, Walter Bagehot, la monarquía representa la «parte digna» o ceremonial del Estado, frente a la «parte eficiente» que encarnarían el gobierno y la Administración.

Bagehot, considerado como el gran codificador del marco constitucional británico, resume así los derechos del soberano en la monarquía parlamentaria: tiene «el derecho a ser consultado, el derecho a animar, y el derecho a advertir». El monarca dispone por tanto de un poder simbólico –el político lo «delega» formalmente en las demás instituciones del Estado–, que no excluye un cierto margen de influir. Una esfera de influencia que Isabel II ejerce, en todo caso, de puertas adentro, y canalizada en general en su encuentro semanal con el primer ministro, que discurre a puerta cerrada.

En este contexto, la batalla judicial por las 27 cartas que demanda «The Guardian» culminará en un veredicto sobre una cuestión de mucho mayor alcance: ¿Se ha excedido el príncipe Carlos en el ejercicio de su derecho a opinar? Es conocida, por ejemplo, su oposición frontal a un proyecto inmobiliario en los antiguos cuarteles de Chelsea, que obligó a unos inversores cataríes a retirar sus planes. Los últimos gobiernos no han querido asumir riesgos, y desde 2011 está en vigor una modificación de la Ley de Acceso a la Información de 2005 que excluye del ámbito de aplicación de la transparencia la correspondencia de la Reina y del primero y segundo en la línea sucesoria.

La reforma fue apoyada por la Casa Real, asesorada por el respetado historiador Vernon Bogdanor. Según explicó entonces un portavoz del palacio de Buckingham a «The Independent», ese derecho del soberano «a ser consultado, a animar y a advertir» se proyecta en «el derecho y el deber del heredero a prepararse para el papel de rey». Un papel que, según el palacio, «se basa en la confidencialidad».

Maurice Franckel, portavoz de la Campaña por la Libertad de Información (Campaign for Freedom of Information, un grupo de defensa de la transparencia) considera que esta reforma legal para atribuir un «derecho al secreto» a la monarquía, según lo definen los críticos, fue impulsada por el príncipe Carlos. «Ha escrito cartas a varios ministerios en un intento de influir sus políticas, y claramento no quiere que salgan al dominio público», declaró cuando entró en vigor la reforma de la FOI. La ley contempla la publicación de la correspondencia del soberano y sus herederos pero solo pasados varios años, en función de la calificación que se haga de las cartas.