Las claves del conflicto en la República Centroafricana

¿Qué está pasando realmente?

En marzo, un golpe de Estado del grupo insurgente Seleka («alianza», en lengua sango) provocaba la salida del país del presidente François Bozizé y abría una crisis política en el país africano que aún continúa. Desde entonces, Naciones Unidas asegura que la región se encuentra ante la amenaza de un «genocidio» tras la espiral de violencia desatada entre grupos cristianos y musulmanes en los últimos meses.

«Cada vez hay más y más violencia sectaria porque Seleka la emprendió con iglesias. Ahora, los cristianos han creado milicias de autodefensa y están tomando represalias contra los musulmanes», reconocía Gerard Araud, embajador francés ante la ONU.

Precisamente, para paliar el bandidaje, la población ha creado patrullas urbanas llamadas «anti-balaka» o «anti-machete».

«Tengo la impresión de que es como en 1994 en casa», aseguraba Eugene Richard Gasana, embajador de Ruanda ante la ONU, rememorando el genocidio ocurrido en su país.

Las imágenes de organizaciones como Human Rights Watch no dejan ningún lugar a la duda.

¿Quiénes son los actores en juego?

La coalición «Seleka» exigió desde el comienzo de la revuelta «el respeto por los acuerdos de paz de 2007», que implicaban la reintegración de los rebeldes en las fuerzas armadas (en una fórmula similar a la utilizada en 2009 al este de la República Democrática del Congo con la insurgencia local), así como la liberación de todos los presos políticos.

Sin embargo, el movimiento -formado por cinco milicias- no es del todo homogéneo.

De igual modo, el autonombramiento de Michel Djotodia como presidente -musulmán en un país donde cerca del 80% de la población profesa la fe cristiana- solo ha agitado un conflicto que continúa retroalimentándose: En apenas nueve meses, el movimiento ha reclutado cerca de 6.000 niños soldados , así como centenares de mercenarios provenientes de Chad, Sudán y Nigeria bajo la promesa de ser recompensados con las ingentes reservas que dispone el país de oro y diamantes.

¿Cuáles son los intereses ocultos?

En 2011, el International Crisis Group ya advertía del «lado oscuro» de los diamantes de República Centroafricana, así como denunciaba el control que los rebeldes de la Unión de las Fuerzas Democráticas para la Unidad (una de las milicias que acabaría formando «Seleka») ejercían sobre las minas del país.

No obstante, no sería hasta mayo pasado cuando el Kimberley Process Certification Scheme , un sistema diseñado para dotar a los consumidores de plenas garantías de que los diamantes que adquieren no financian conflictos armados, prohibiría las exportaciones de gemas desde el país africano.

Más enrevesado aún resulta el otro as en la manga del Gobierno golpista.

En los últimos días, el presidente Michel Djotodia asegura por activa y por pasiva que se encuentra en negociaciones con el conocido líder rebelde Joseph Kony , así como sus lugartenientes del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), para lograr su rendición. Es cierto que Kony (quien cuenta con una orden de busca y captura por parte del Tribunal Penal Internacional) es, desde hace más de dos décadas, uno de los trofeos más buscados en el continente africano. Y que su actual ubicación es, presuntamente, la República Centroafricana.

Pese a ello, el anuncio del régimen golpista parece ser más una maniobra de relaciones públicas ante la comunidad internacional que una promesa de garantías.

¿Es factible una solución armada?

Desde su independencia de Francia en 1960, la República Centroafricana es víctima de su localización estratégica (país no abierto al mar y enmarcado en el complicado cruce de caminos entre Chad, Sudán, Sudán del Sur, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville y Camerún) y de unos líderes políticos con excesiva querencia por los golpes de Estado (el propio mandatario depuesto, François Bozizé, había subido al poder tras protagonizar una asonada).

En este sentido, el embajador galo ante la ONU, Gerard Araud, asegura que la intervención en el país africano será «más sencilla» que en Malí, ya que se trata de luchar contra «delincuentes armados, no una oposición organizada».

Curiosamente, a pesar de su «sencillez», la comunidad internacional ya habla de evitar una «nueva Ruanda» en el corazón del continente.