Las amnistías no son para Putin
Putin reconoció en junio que había que sacar de las cárceles a quienes cumplen condenas por delitos económicos - AFP

Las amnistías no son para Putin

La última medida de perdón del presidente ruso no ha podido ser más cicatera

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La utilización interesada de la Justicia y la Policía para acabar con la competencia por parte de funcionarios corruptos que tienen negocios, amañando los procesos y utilizando testigos y pruebas falsas, ha llenado las prisiones rusas de empresarios. Hasta el punto de que resulta complicado hoy día encontrar buenos profesionales.

Para subsanar la situación, el presidente ruso, Vladímir Putin, reconoció en junio que había que sacar de las cárceles a quienes cumplen condenas por delitos económicos. Se trata de impulsar así la economía rusa, que sigue desacelerándose y amenaza con entrar en recesión.

Putin presentó en junio al Parlamento su proyecto de amnistía y, tras su aprobación, entró en vigor a comienzos de julio. En un principio, se habló de un indulto amplio. En Rusia hay más de 100.000 emprendedores tras las rejas de una población de unos tres millones de personas que trabajan por cuenta propia y propietarios de empresas pequeñas y medianas.

La cifra de perdonados cayó después a 10.000, al reducirse la cantidad de delitos incluidos en la lista, y, una vez que la ley llegó al jefe del Estado para su promulgación, quedó finalmente en tan sólo 3.000 agraciados. Deberán ser puestos en libertad en un plazo máximo de seis meses. Por ahora, han salido a la calle nada más que 37.

A Jodorkovski no le alcanza la amnistía

Han quedado excluidos quienes reincidieron y los que cometieron estas faltas empleando métodos violentos. Por supuesto, la medida no ha beneficiado al recluso empresarial “número uno” del país, el antiguo patrón de la petrolera Yukos, Mijaíl Jodorkovski. Éste, no obstante, que lleva ya 10 años encarcelado, ha visto reducida su condena en dos meses. Fue un arrebato de magnanimidad del Tribunal Supremo ruso. Se le condenó en dos procesos distintos y, si no surge un tercero, deberá ser liberado el año que viene.

Hay además en la actualidad unos 2.500 imputados que esperan juicio en prisión preventiva. Los delitos más comunes que afectan a este colectivo son ofrecer sobornos, fraude fiscal, falsificación de documentos y operar sin haber obtenido los permisos necesarios.

Borís Titov, el defensor ruso del empresario, señala que las autoridades rusas reaccionaron de forma exagerada en la última década a la amenaza de que el crimen organizado se adueñe del proceso económico. De ahí la gran cantidad de encarcelamientos. Pero ahora, según Titov, se ha comprendido que la economía necesita a esos expertos para insuflar dinamismo.

Sin embargo, nadie espera que la liberación de un puñado de amnistiados vaya a contribuir a que mejore la gestión empresarial en Rusia, en manos, según reconoce el primer ministro, Dmitri Medvédev, de personas poco cualificadas.

Así que, tras el previsible fracaso de la actual amnistía, el Consejo de Derechos Humanos anexo a la Presidencia prepara ya un nuevo proyecto de indulto que no sea un brindis al sol. Mijaíl Fedótov, jefe de este cónclave, afirma en declaraciones al diario Védomosti que tratarán de convencer a Putin de que la nueva amnistía se extienda también a Jodorkovski y al líder opositor, Alexéi Navalni, que fue condenado el mes pasado a cinco años de prisión también por un supuesto delito económico.

Navalni ha recurrido la sentencia y, mientras los jueces deliberan, él continúa su campaña electoral como candidato a alcalde de Moscú. Los comicios municipales en la capital rusa se celebran el próximo 8 de septiembre.