El Gobierno egipcio quiere poner fin a las protestas islamistas

Reacios a claudicar, los dirigentes islamistas consultados por Efe aseguraron que seguirán atrincherados en dichas plazas y pidieron a la comunidad internacional que evite nuevas matanzas de manifestantes. Las fuerzas de orden llevarán a cabo una operación "gradual y de acuerdo a la ley", informó un responsable del Ministerio del Interior a la agencia oficial Mena, sin especificar cuándo se efectuará dicha acción.

Según la fuente, primero lanzarán advertencias, y si esto no surte efecto usaran gases lacrimógenos para disolver las acampadas, pudiendo recurrir al derecho a defenderse en caso de violencia. La decisión se basa en "la gran autorización del pueblo en el trato con el terrorismo y la violencia", afirmó la ministra de Información, Dorreya Sharafedin, al término de una reunión del Ejecutivo.

Sharafedin hizo así alusión a que decenas de miles de personas secundaron el pasado viernes la convocatoria del jefe del Ejército, Abdel Fatah al Sisi, que pidió el apoyo popular a eventuales medidas contra estas lacras. Para el Gobierno, "la violencia y el terrorismo amenazan con derrumbar la patria", por lo que es "inaceptable" la continuación de las protestas.

El pasado 27 de julio, el titular del Interior, Mohamed Ibrahim, ya advirtió de que desmantelarían "muy pronto" las acampadas y que querían contar con "una cobertura jurídica". Los islamistas se mostraron de nuevo desafiantes. El portavoz de la Coalición Nacional para la Defensa de la Legitimidad, Ahmed Nashar, dijo que "resistirán de modo pacífico" en Rabea al Adauiya y Al Nahda. Nashar denunció que la decisión del Gabinete es "propia de un estado represivo y de un régimen militar, policiaco y dictatorial". Las mismas acusaciones fueron vertidas por el portavoz del Partido Libertad y Justicia (PLJ), brazo político de la Hermandad, Ahmed Subaya, quien instó a la comunidad internacional a asumir "su responsabilidad para impedir eventuales masacres de civiles desarmados".

Subaya lamentó que el Gobierno "tiene el deseo de continuar con el asesinato de los manifestantes pacíficos partidarios de Mursi". El pasado sábado, ochenta seguidores del depuesto presidente fallecieron en El Cairo en enfrentamientos con la policía cerca de Rabea al Adauiya, mientras que el día 8 de este mes medio centenar murieron frente a la sede de la Guardia Republicana.

Fuentes de seguridad revelaron esta semana que la idea era haber ya desmantelado las acampadas, pero que la visita de la jefa de la diplomacia de la Unión Europea (UE), Catherine Ashton, frenó estos planes. Ashton abandonó El Cairo tras reunirse por un lado con las nuevas autoridades y por otro con el mismo Mursi, que se encuentra retenido por el Ejército desde su destitución el pasado 3 de julio.

También ha visitado a Mursi una delegación de la Unión Africana (UA), organización que suspendió la participación de Egipto en sus reuniones en protesta por el golpe militar. El expresidente de Mali Alpha Oumar Konare, que encabeza la delegación, explicó hoy en una rueda de prensa que la entrevista que tuvo anoche con el depuesto presidente fue "sincera". Sin dar más detalles sobre este encuentro, Konare subrayó que ha pedido "a todas las partes un diálogo sin condiciones y el cese de la violencia".

Los esfuerzos internacionales para tratar de resolver la crisis no parecen tener por el momento un gran efecto, entre las amenazas de acabar con las protestas y las nuevas decisiones judiciales contra dirigentes islamistas. La Fiscalía General decidió que el líder de los Hermanos Musulmanes, Mohamed Badía, sobre el que pesa una orden de detención, sea juzgado por incitar a la muerte de manifestantes frente a la sede de la cofradía el pasado 30 de junio. Otros dirigentes del grupo islamista, Jairat al Shater y Mohamed Rashad Bayumi, que ya están presos, también serán presentados ante los tribunales por los mismo hechos, ocurridos la jornada en la que cientos de miles de personas salieron a las calles para pedir la renuncia de Mursi.