La «ofensiva silenciosa» del gobierno turco contra los manifestantes

No es sino la última de las operaciones policiales relacionadas con la revuelta que el pasado junio sacudió Turquía durante varias semanas. Desde entonces, la intensidad de las protestas se ha reducido mucho, pero no el trabajo de los agentes de policía: el 18 de junio detuvo a más de un centenar de personas en sus domicilios de Ankara, Estambul y Eskisehir. Entre el 20 y el 24 de junio se arrestó a otras 27 personas, la mayoría de las cuales fueron imputadas. El 15 de julio una nueva redada tuvo lugar en Estambul, Manisa, Batman e Izmir, que se saldó con quince detenidos , seguida de otra similar una semana después en esta última ciudad.

Distintos perfiles

Entre los arrestados hay de todo : militantes de organizaciones juveniles y de extrema izquierda, hinchas de equipos de fútbol, abogados progresistas e incluso personal sanitario que ayudó a los manifestantes durante la revuelta. El diario «Yurt» asegura que el número de detenidos desde el inicio de las protestas se eleva a 3.422, a partir de datos de la policía, la Unión de Médicos de Estambul y la Fundación Turca de Derechos Humanos.

La Unión de Asociaciones de Abogados de Turquía (TBB, por sus siglas en turco) calificó a principios de mes de «caza de brujas» el sumario procesal preparado por el Departamento de Policía de Ankara respecto a las protestas por el parque Gezi. En él se llega a calificar a la Asociación de Abogados de Ankara de «antigubernamentales». «Este informe ha sido elaborado directamente contra la sociedad civil, el estado de derecho y la democracia. Es un documento vergonzoso para la democracia», aseguró el jefe de la TBB. « Proteger los derechos constitucionales de aquellos que han sido expuestos a la violencia de la policía es la responsabilidad y la obligación de las asociaciones de abogados», afirmó.

«Ley venganza»

Pero las autoridades turcas no se han limitado a los arrestos: la semana pasada aprobaron una ley preparada a toda prisa desproveyendo a la Unión de Cámaras de Arquitectos e Ingenieros de Turquía de la autoridad para «aprobar mapas, planes, estudios y proyectos urbanísticos», que hasta ahora eran la principal fuente de financiación del organismo . La iniciativa ha sido tachada de «ley venganza» por los miembros de la Unión, cuya oposición a muchos de los faraónicos proyectos que planea el gobierno turco –desde el tercer puente en Estambul a la construcción de un canal artificial en el Bósforo - es de sobra conocida. La demanda legal interpuesta por la Cámara de Arquitectos de Estambul, por ejemplo, logró la paralización de las obras del parque Gezi por un tribunal administrativo .

«No hay duda de que (la aprobación de la ley) e stá directamente relacionada con Gezi , porque es un escenario basado en acabar con todos los recursos financieros de golpe y debilitar su poder. Es una operación que intenta crear una imagen de la pérdida de poder de las cámaras, para intimidar a otras instituciones democráticas», afirma Tayfun Kahraman, presidente de la Cámara de Planificación Urbana de Estambul. «Que nadie dude de que la Unión de Abogados de Turquía y la Asociación Médica de Turquía son las siguientes», advertía estos días Adnan Keskin, del opositor Partido Republicano Popular (CHP).

Y nada hace pensar que el gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan vaya a detenerse allí. Esta semana, Erdogan anunció que durante el próximo curso, la seguridad privada de las universidades turcas serán reemplazadas por policía, para controlar a los estudiantes. «No queremos ver a los jóvenes yendo por ahí con cócteles Molotov, machetes, esto y lo otro» dijo el mandatario turco.