El gobierno británico quiere una Administración más «politizada» y con estilo empresarial

Los ministros no tienen ni voz ni voto en el nombramiento del Secretario PermanenteLas quejas de los ministros acerca de las dificultades de imponer su voluntad política sobre los dictámenes de los funcionarios forman parte del engranaje político en Westminster, el corazón político británico. En Reino Unido, los titulares de departamento apenas pueden llevar consigo a un puñado de «asesores especiales» –expertos políticos de fuera de la carrera administrativa– cuando aterrizan en un ministerio.

No se produce el baile de altos cargos habitual en otras latitudes con modelos más politizados de aparato gubernamental, como España, Francia o Estados Unidos. Y no tienen ni voz ni voto sobre el nombramiento del todopoderoso secretario permanente, el funcionario de mayor rango dentro de cada cartera, con competencias políticas y administrativas que residirían en el ministro en el contexto español.

Los secretarios permanentes son el funcionario que cada viernes determina si su jefe plítico puede usar el coche oficial, o el tren, para volver a su circunscripción. O los responsables de decir «no, no es posible» cuando un ministro veleidoso tiene ocurrencias que se salen del marco legal e institucional establecido. En los ministerios británicos, los funcionarios son tan poderosos y tan independientes –burócratas incapaces de salirse de sus propias rutinas, según los críticos– que los políticos se quejan de que no pueden implantar las políticas por las que fueron elegidos.

«La burocracia británica domina a los políticos», dijo el «gurú» reformista de Dacid Cameron, Steve Hilton, que se fue a California en 2012 harto de darse de bruces con el muro funcionarial. Un esquema que Maude, con el apoyo tácito de Cameron, quiere remover. Según los planes presentados este miércoles ante el parlamento, el gobierno quiere que cada ministro controle un gabinete –u «oficina personal» en la jerga británica– más amplio, con personal de dentro y de fuera de la Administración elegido a dedo según su mejor criterio.

«Es necesario que los ministros sientan que sus oficinas son sus oficinas, y no la del ministerio, y ese es el cambio que queremos», explicó Maude. «No queremos la sensación, que me han transmitido algunos ministros, de que a veces sienten que se les presta un gabinete», defendió el ministro del Gabinete. Según sus planes, firmados también por Sir Bob Kerslake, el funcionario de mayor rango de la Administración, los titulares de cada cartera podrán seleccionar hasta quince miembros de su oficina, que estará compuesta por una mezcla de funcionarios y asesores políticos, jefes de prensa, y redactores de discursos.

Además, pretende que los secretarios permanentes, que son elegidos por un comité de selección formado por funcionarios, lo sean por un mandato limitado a una legislatura (cinco años), y que la renovación no sea automática como es el caso ahora, sino condicionada al mérito y a una decisión en la que participarían los ministros. Una ruta que preocupa a los sindicatos de funcionarios, celosos en la idiosincrasia administrativa británica de una independencia y neutralidad que ven como esencial para cumplir con su función de asesorar de forma crítica a los responsables políticos.

«Nos preocupa mucho el peligro de politización, dicen los sindicatos«Nos preocupa mucho el peligro de que [la reforma] conduzca a la politización más que a la personalización», ha dicho Dave Penman, secretario general del sindicato FDA, al que pertenencen la mayor parte de los 3.500 funcionarios de mayor rango en Whitehall, el complejo ministerial londinense. «Es mucho más peligroso de lo que piensa la gente, será mucho más difícil para los funcionarios servir al siguiente ministro o al siguiente gobierno», cree.

Es el horror al cesante que enfrenta en la actualidad a Whitehall (el mundo de los funcionarios) con Westminster (el mundo de los políticos). Los secretarios permanentes, en todo caso, no son inamovibles. De hecho, esta legislatura se ha caracterizado por un inusitado baile de estos «permanent secretaries», a menudo por desavenencias con los ministros titulares. Solo uno, de una veintena de departamentos, permanece en su puesto desde 2010, cuando las elecciones de mayo dieron el poder a la actual coalición de conservadorfes y liberales.

La reforma del gobierno se basa esencialmente en un informe encargado al «think-tank» Institute for Public Policy Research (IPPR) que, tras analizar la composición y funcionamiento de la función pública gubernamental en Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Singapur, Suecia, Francia y Estados Unidos, concluye que la Administración británica podría funcionar mejor acercándose al modelo de Australia o de Canadá. En estos países, estiman que los ministros cuentan con unos 500-600 funcionarios más a su cargo [puedes consultar aquí el informe completo en inglés].

«Como demostramos en el informe, la comparativa internacional muestra que es perfectamente posible tener una Administración más receptiva y personalizada sin poner en riesgo la neutralidad política de Whitehall», escribe Nick Pearce, director del IPPR, en su blog .

Sin embargo, desde otro «think-tank» de referencia en cuestiones administrativas, el Institute for Government (independiente, no partidista y sin ánimo de lucro), presentan sus dudas con las reformas anunciadas. «El anuncio de este miércoles no es claro sobre quién nombrará al personal externo, ni sobre el tamaño de las oficinas personales, incluido el número de asesores especiales, ni sobre quién las dirigirá, y es esencial que se resuelva esta falta de claridad», ha indicado Peter Riddell, su presidente en un comunicado .

«Es una cuestión de equilibrio», estima el diputado conservador Dominic Raab, consultado por ABC. «Los ministros deben poder llevar adelante su agenda política, pero también tienen que ser capaces de trabajar de forma constructiva con funcionarios profesionales e independientes», cree Raab, que trabajó cinco años en el Servicio Diplomático antes de ser elegido diputado en mayo de 2010. «Los ministros deben tener el calibre suficiente para levantar el capó y ver lo que ocurre dentro, y el suficiente control sobre los dossieres para parar los pies a los funcionarios cuando estos intentan recalentar viejas propuestas», afirma.

Junto a este impulso para poner en manos de los políticos parte del poder que ahora tienen los funcionarios, Maude quiere introducir aires empresariales en la Administración británica para dar respuesta a la férrea lógica de ahorro y eficiencia impuesta por las restricciones presupuestarias. A partir de las recomendaciones de un informe encargado a la consultora McKinsey, según ha adelantado el «Financial Times», el gobierno quiere centralizar funciones como el control financiero, la contratación, el soporte tecnológico, la asesoría legal o la comunicación en responsables únicos dentro de Whitehall, para todos los ministerios.

Hasta ahora, y a diferencia de lo que ocurre en el mundo empresarial, cada departamento funciona con una lógica «federal» según la cual cada ministerio dispone de sus propias estructuras de servicios. Según McKinsey, la Administración podría ahorrar así hasta 1.100 millones de euros al año de aquí a 2015-2016. La reforma administrativa impulsada por el gobierno Cameron ha generado un fuerte interés en el Ejecutivo español, que ha buscado inspiración en el proceso británico.

Moncloa envió al número dos de Presidencia a conocer la reforma británicaPara ello, el subsecretario de Presidencia Jaime Pérez Renovales mantuvo el pasado 23 de abril varias reuniones con miembros del equipo del ministro Maude. En concreto, según ha sabido ABC por una solicitud de información realizada por la Fundación Civio al amparo de la ley británica de acceso a la información, Renovales mantuvo cuatro reuniones.

En dos de ellas discutió sobre «eficiencia y estrategia de reforma» con Gavin Lambert y con Stephen Kelly, el responsable operativo de la reforma en cuanto «chief operating officer» del gobierno británico. Además, debatió sobre adquisiciones con Sally Collier, directora adjunta de adquisiciones del ministerio de la Presidencia, y mantuvo una cuarta reunión sobre reforma de organismos públicos. Según informó Moncloa en abril, Renovales se habría reunido también con el propio Maude.