Ecuador dice que no negociará con los derechos de Snowden

La misión diplomática justificó así el anuncio hecho este jueves por el Gobierno del presidente Rafael Correa, de que el país renuncia a las preferencias arancelarias andinas (Atpdea), concedidas por el Congreso de EE UU y que debían renovarse antes del 31 de julio, ante presiones relacionadas con la petición de asilo de Snowden. "Ciertos funcionarios políticos en los Estados Unidos han tratado de ejercer presión política sobre Ecuador mientras ejecuta su deber soberano de revisar esta solicitud", ha indicado la embajada. "Esta interferencia ha incluido la amenaza a un programa de preferencias comerciales que ha beneficiado a ambas naciones desde hace más de dos décadas", agregó.

La legación subrayó que "cualquier consecuencia política o económica de la decisión sobre la solicitud de asilo está subordinada a las obligaciones legales y humanitarias", por lo que Ecuador tomó la decisión de renunciar a la Atpdea.

Ecuador, ha recordado, aún "no ha tomado una decisión" sobre la solicitud de Snowden, el extécnico de la CIA acusado en EE UU de espionaje y robo de propiedad del Gobierno por revelar a dos medios de comunicación la existencia de dos programas secretos de vigilancia electrónica y telefónica. "El Gobierno ecuatoriano está revisando cuidadosamente la solicitud de acuerdo a sus obligaciones legales dictadas por la Constitución Nacional y en cumplimiento de los diversos convenios internacionales de Derechos Humanos y de Refugio de los que el país es parte", indicó la embajada. La gestión del caso de Snowden ha complicado la relación entre Estados Unidos y Ecuador y, según dice el Wall Street Journal, también ha causado tensiones dentro del propio Gobierno ecuatoriano, preocupado por el papel que en un principio asumió el fundador de Wikilieaks, Julian Assange.

En un correo interno que publica hoy el diario, que dice haber tenido acceso a dicha comunicación, la embajadora de Ecuador en Washington, Nathalie Cely, expresa esa inquietud. "Sugiero que deberíamos hablar con Assange para un mejor control de las comunicaciones. Desde fuera parece que está 'dirigiendo el espectáculo'", escribió Cely en ese correo, dirigido al portavoz presidencial Fernando Alvarado.

Un grupo de senadores de EE UU pide aclaraciones

Un grupo de 26 senadores de ambos partidos han enviado una carta al director nacional de Inteligencia de EE UU, James Clapper, en la que piden que informe de las dimensiones y base legal de los dos programas secretos de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA). La misiva, respaldada por más de una cuarta parte del Senado, insta a Clapper a responder públicamente a los interrogantes originados por la revelación de los programas de vigilancia electrónica y telefónica, a raíz de la filtración a la prensa del extécnico de la Agencia Central de Información (CIA) Edward Snowden.

Los senadores consideran que "la recopilación y suma de los registros telefónicos de estadounidenses tiene un impacto significativo en la privacidad" de los ciudadanos, "especialmente si incluyen los datos de localización de los teléfonos móviles". "Nos preocupa que los funcionarios hayan dicho a la prensa que la recogida de estos datos de localización está permitida hoy en día", señalan, así como, agregan, "la posibilidad de que esto se aplique a otros tipos de registros".

En ese sentido, expresan su preocupación por el hecho de que los programas de la NSA se hayan basado "durante años" en "interpretaciones secretas" de la ley antiterrorista de 2001, o "Patriot Act".

Además, afirman que las explicaciones oficiales del Gobierno sobre los programas han "desorientado a la gente sobre cómo se interpreta e implementa la ley". Los 26 senadores consideran que todo ello "por desgracia minará la confianza en el Gobierno en general", aunque admiten que el debate que el presidente Barack Obama ha apoyado al respecto "es un primer paso importante para restaurar esa confianza". Los senadores preguntan a Clapper durante "cuánto tiempo" ha recurrido la NSA a la ley "Patriot" para recoger registros de estadounidenses, ejemplos específicos de complots terroristas frustrados y el estatus laboral de todas las personas que tengan acceso a la información obtenida, entre otras cuestiones.

La carta está encabezada por el senador demócrata Ron Wyden, y firmada por otros demócratas como Mark Udall, Patrick Leahy, Elizabeth Warren, Dick Durbin, Tammy Baldwin, Max Baucus o Chris Coons, así como por los republicanos Lisa Murkowski, Mark Kirk, Dean Heller y Mike Lee.